SANTIAGO (14 de febrero de 2023) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con la organización Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile para recabar antecedentes sobre la situación de Rodrigo de la O, defensor del medio ambiente demandado por una empresa privada.
En el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, la organización de la sociedad civil señaló que este caso se trata de un uso indebido de una acción civil por parte de la empresa en contra de Rodrigo de la O como resultado de su defensa del medio ambiente.
FIMA explicó que la empresa habría desarrollado un proyecto ubicado en las cercanías del santuario Arcos de Calán, en la comuna de Pelluhue, ante lo cual el defensor ambiental, en conjunto con organizaciones ambientales del sector, emitieron declaraciones en medios de comunicación locales acerca de la iniciativa.
FIMA indicó que, como consecuencia de tales afirmaciones, la compañía presentó una demanda por indemnización de perjuicios en contra de Rodrigo de la O por el equivalente a unos 250.000 dólares, argumentando que lo dicho en los medios habría producido un daño a la imagen de la compañía, así como una pérdida económica por no haber podido vender los lotes del proyecto.
Tras documentar los antecedentes, ONU Derechos Humanos se comprometió a continuar el seguimiento de esta causa judicial. También subrayó que, de conformidad con el derecho internacional, incluyendo el Acuerdo de Escazú, los Estados deben prevenir y proteger de posibles ataques, amenazas o intimidaciones -incluyendo aquellas realizadas a través de procesos judiciales- a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Al respecto, ONU Derechos Humanos reforzó la importancia de impulsar la creación de leyes y políticas “anti-SLAPP” (sigla en inglés de “demanda estratégica contra la participación pública”) para disuadir el uso de este tipo de acciones o estrategias legales, las que pretenden cargar al demandado con costes de litigio o enfrentar al riesgo de una sanción de cárcel o de indemnizaciones que le hagan desistir, cesar o retractarse de su discurso, y, en definitiva, robustecer la protección de personas defensoras de derechos humanos.
FIN
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