SANTIAGO (15 de junio de 2023) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con representantes de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) para conocer sobre los avances de una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por un caso de contaminación por plomo que afecta a la comunidad en la ciudad de Arica, en el norte de Chile.
FIMA presentó en el 2007 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Corte Suprema de Chile determinara la responsabilidad del Estado, pero solo ordenara la indemnización de 365 de las más de 1.000 personas que demandaron por una diversidad de afectaciones a la salud derivadas de la exposición a desechos tóxicos de la empresa Promel Ltda. en el sector de Cerro Chuño y Los Industriales, desde 1984.
Las representantes de la organización comentaron durante la reunión que en la actualidad se encuentran iniciando un proceso de solución amistosa con el Estado chileno.
Tras documentar los antecedentes recibidos, ONU Derechos Humanos expresó su reconocimiento a la labor que durante décadas ha desarrollado la sociedad civil en pro de los derechos humanos en Chile, y manifestó su voluntad de trabajar de manera colaborativa para promover la protección de los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, en particular de grupos vulnerables y excluidos.
Asimismo, la Oficina subrayó que el derecho a un medio ambiente saludable incluye el contar con lugares libres de tóxicos donde vivir, trabajar, estudiar y jugar, y, por tanto, los Estados tienen el deber de prevenir la exposición a los tóxicos a través de la gestión y la eliminación ambientalmente racional de las sustancias y desechos peligrosos, y de proteger contra el abuso de los derechos humanos dentro de su territorio o jurisdicción por parte de terceros, incluidas las empresas.
Antecedentes
En mayo de 2023, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, expresó en su declaración de término de su visita de país a Chile que “Otras comunidades identificadas como zonas de sacrificio a través de la información entregada al Relator Especial incluyen Arica, Concón, Chañaral, Tiltil, el área de intensa actividad minera cerca de Calama y Hualpén – bahía Talcahuano”.
En marzo de 2021, siete relatorías especiales de las Naciones Unidas enviaron comunicaciones al Estado de Chile, al Estado de Suecia y a la empresa Boliden Group “en relación con la información recibida sobre la exposición prolongada y continua de las personas residentes de la ciudad de Arica en el norte de Chile, a grandes cantidades de desechos peligrosos, que contienen químicos tóxicos, que fueron depositados en las cercanías de la comunidad entre 1984-1989”. A través de estas comunicaciones se intentó clarificar las alegaciones recibidas solicitando información precisa. Chile, Suecia y Boliden Group remitieron sus respuestas y comentarios sobre el caso en mayo de 2021.
FIN
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