GINEBRA (15 de diciembre de 2023) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, saludó hoy la sentencia de la Corte Suprema de Chile sobre la Operación Cóndor- una conocida campaña coordinada entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para perseguir a opositores políticos y disidentes- como un paso importante hacia la rendición de cuentas para miles de víctimas.
Las antiguas dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay llevaron a cabo la Operación Cóndor para buscar, perseguir, torturar, ejecutar sumariamente y hacer desaparecer forzadamente a personas consideradas disidentes en toda la región. Utilizaron un sinfín de tácticas para eliminarlas, incluso arrojar a personas desde aviones y helicópteros.
El 14 de diciembre, en un fallo unánime, la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas a 22 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los secuestros y homicidios calificados de algunas víctimas de la Operación Cóndor, y ordenó medidas de reparación.
«La premeditada crueldad de estas dictaduras ha seguido teniendo un profundo impacto en las familias de las personas que sufrieron estas serias violaciones de derechos humanos, en las sociedades y en la historia de la región», dijo Türk.
«Rindo homenaje a las víctimas y a las familias que llevan décadas buscando valerosa e incansablemente la verdad, la justicia y la reparación para sus seres queridos desaparecidos forzosamente. Espero que esta sentencia revitalice la búsqueda de la rendición de cuentas en la región. Es esencial para garantizar que en el futuro no se produzcan violaciones tan graves».
La sentencia de la Operación Cóndor es la última dictada por los tribunales chilenos en los últimos meses contra casos de crímenes contra la humanidad.
Otras incluye la Operación Colombo, realizada por la DINA en colaboración con sus contrapartes de Argentina y Brasil para buscar y hacer desaparecer forzadamente a opositores, informando públicamente que habían muerto en enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad extranjeras o que habían sido víctimas de purgas internas; Caravana de la Muerte, que implica a un general y tres oficiales del Ejército que recorrieron el país ejecutando sistemáticamente a presos políticos y presuntos opositores al régimen; así como Conferencia II, Paine, Fuente Ovejuna, Víctor Jara y Littré Quiroga, y Carmelo Soria.
«Las víctimas y sus familias llevan demasiado tiempo -medio siglo- esperando conocer la verdad y obtener justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura», dijo Türk.
Según datos oficiales, más de 3.200 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, y se cree que la mitad de ellas fueron desaparecidas forzosamente.
Türk también reconoció los avances de Chile en otros pilares de la justicia transicional en el año del 50 aniversario del golpe de Estado militar de 1973, como la adopción por parte del Estado del Plan Nacional de Búsqueda. Además, la sentencia establece claramente que es obligación del Estado buscar a las víctimas y esta obligación no se extingue con el inicio y/o finalización de una investigación penal.
«Es necesario acceder de inmediato a los archivos esenciales que contienen testimonios y declaraciones de víctimas de tortura y detención por razones políticas que permanecen sellados, y todas las instituciones del Estado deben cooperar con este objetivo», dijo el Alto Comisionado.
«Es hora de conocer la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas, incluido el de los bebés robados a sus padres».
FIN
Fuente: OHCHR
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