VALPARAÍSO (3 de diciembre de 2025) – En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ONU Derechos Humanos en América del Sur organizó un acto en que representantes del Congreso de Chile se comprometieron a avanzar en un marco legislativo que reconozca plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El evento, que se llevó a cabo en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, logró apoyo político transversal para la futura aprobación de reformas que garanticen el ejercicio igualitario de la capacidad jurídica para todas las personas, en línea con los estándares internacionales en la materia, especialmente los establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), suscrita y ratificada por Chile.
Lo anterior supone el abandono del modelo de sustitución de la voluntad —aún vigente en el ordenamiento jurídico chileno— y la transición hacia un sistema de apoyos y salvaguardias que respete la autonomía, los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.
“Debemos avanzar para terminar con todas las normas discriminatorias que aún existen. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la sociedad, somos sujetos de derecho, no somos incapaces, y podemos tomar nuestras propias decisiones”, destacó la presidenta de la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, Fabiola Campillai, previo a la firma del compromiso.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Paulina Núñez, señaló que ya está avanzando un proyecto que adecua la normativa chilena a los estándares internacionales y se mostró confiada en que cuente con respaldo transversal.
“Espero que seamos capaces de entender que estos temas no tienen color político, son temas de humanidad, son temas de justicia, son temas que a todos nos corresponde hacernos cargo”, dijo Núñez.
Mientras, el Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Xavier Mena, subrayó la importancia de que exista voluntad política, diálogo informado y participación de las personas con discapacidad, la sociedad civil, la academia y los diferentes poderes del Estado para avanzar en la materia.
“Valoramos profundamente que el Congreso Nacional abra sus puertas para reafirmar este compromiso y para impulsar reformas que garanticen que todas las personas puedan definir sus propios proyectos de vida con autonomía y libertad. Este es, sin duda, un paso hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”, dijo Mena.
En la firma del compromiso también participaron la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Yovana Ahumada, y el diputado Jaime Sáez. Además, estuvieron presentes la especialista y ex presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU María Soledad Cisternas, la directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) de Valparaíso, Marisol Torres, expertas de la academia e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Posterior a la firma del compromiso, se llevó a cabo un coloquio en el que especialistas dialogaron sobre la importancia de avanzar hacia el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y compartieron experiencias para avanzar en la implementación efectiva de este derecho.
La capacidad jurídica, que reconoce la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y adquiere una importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales con respecto a su salud, educación y trabajo.
El acto en Valparaíso se realizó en articulación con la Biblioteca del Congreso, las Presidencias del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, y la Presidencia de la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
FIN
Revive el acto de firma y el coloquio:
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