(28 de março de 2013) – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria expresó este jueves preocupación sobre el uso excesivo de la privación de libertad y las deficiencias en la prestación de asistencia jurídica eficaz a las personas detenidas. Según los expertos, privar a las personas de su libertad es el recurso más comúnmente utilizado en el país, tanto en términos de detención administrativa como en el sistema de justicia penal.
“Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derecho humanos”, dijo el especialista en derechos humanos, Roberto Garretón, al final de la visita oficial de 10 días a Brasil.
En la mayoría de los casos criminales, no se han aplicado medidas alternativas a la detención incluso en los casos de infracciones más leves”, dijo el integrante del Grupo de Trabajo, observando que pequeños delitos pueden resultar en detención. Actualmente, Brasil tiene una de las mayores poblaciones penitenciarias del mundo, con cerca de 550 mil personas, de las cuales 217 mil están en prisión preventiva.
La dificultad de los pobres en el acceso a la justicia fue un tema recurrente durante la visita. La mayoría de quienes están en las prisiones de Brasil son pobres y no pueden pagar una asistencia jurídica eficaz. La asistencia jurídica gratuita ofrecida por defensores públicos parece ser su única opción disponible.
Los especialistas observaron que el número de defensores públicos en el país es severamente inadecuado. Los detenidos muchas veces se reúnen por primera vez con el defensor público solo en el tribunal durante la audiencia. Estados como Santa Catarina, Paraná y Goiânia no tienen ningún defensor público.
Lea la Declaración del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en inglés o en portugués: http://onu.org.br/?p=44410
“En un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar el abogado de su preferencia, es extremadamente preocupante que no haya asistencia jurídica suficiente disponible para quienes la necesitan”, dijo Garretón.
Encontramos innumerables casos donde los internos fueron detenidos y tuvieron que esperar meses para ver a un defensor público”, dijo Vladimir Tochilovsky, el otro integrante de la delegación del Grupo de Trabajo, destacando que las largas detenciones antes del juicio también son un problema serio en el país. “Aún peor, algunos esperaron años antes de tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra”.
La necesidad de proteger con rigor el derecho de los detenidos a un juicio justo, y también el derecho de ser presentado rápidamente ante un tribunal fue constantemente relevado por el Grupo de Trabajo durante toda la visita.
El Grupo de Trabajo también expresó serias preocupaciones sobre detención y confinamiento compulsorio de personas dependientes de drogas. Muchas veces esto involucra a usuarios de drogas jóvenes y pobres que fueron detenidos, supuestamente en un esfuerzo para ‘limpiar’ las calles. Según relatos, habría presiones para reforzar este tipo de detenciones debido a los grandes eventos de los Brasil será sede, como la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
El Grupo de Trabajo llamó la atención sobre las prisiones realizadas en base a la discriminación. También destacó asuntos como la detención de adolescentes y de personas con trastornos mentales. El Grupo pidió al gobierno que garantice que la privación de libertad en todas estas situaciones se produzcan conforme las normas internacionales de derechos humanos.
Durante su primera visita oficial a Brasil, entre el 18 y el 28 de marzo de 2013, el grupo de especialistas independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar denuncias de privación arbitraria de libertad visitó varios centros de detención, incluyendo prisiones, comisarías, lugares d detención para migrantes e instituciones psiquiátricas.
La delegación del Grupo viajo a Campo Grande, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, además de Brasilia, donde se reunió con autoridades competentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, órganos judiciales en las esferas federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil.
La delegación estuvo compuesta por Roberto Garretón (Chile) y Vladimir Tochilovsky (Ucrania). Los otros tres miembros del Grupo de Trabajo son El Hadji Malick Sow (Senegal), que es el Presidente Relator; Shaheen Sardar Ali (Pakistán), que es la Vicepresidenta; y Mads Andenas (Noruega).
El Grupo de Trabajo presentará su informe sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014.
