SANTIAGO (9 de julio de 2020) – El 8 de julio, el Representante de la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, llevó a cabo una reunión virtual, con representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones autónomas de Brasil, sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la situación carcelaria del país.
Durante la reunión, el ACNUDH recibió información sobre los altos índices de contagios y fallecimientos en el sistema penitenciario y la falta de transparencia de datos, incluyendo alegaciones sobre un número limitado de pruebas para identificar la presencia del virus en las cárceles.
Asimismo, en el encuentro se mencionaron las precarias condiciones sanitarias, el hacinamiento y la falta de atención médica y acceso a medicamentos. Además, las organizaciones recordaron los problemas pre-existentes en relación al derecho al agua y a la alimentación al interior de las cárceles, lo cual debilitaría el sistema inmunitario de las personas privadas de libertad.
Durante la reunión, se resaltó que las medidas tomadas para abordar esta problemática son insuficientes y que el contexto actual imposibilita un control externo para documentar de manera adecuada la situación al interior de los centros penitenciarios. De este modo, la falta de visitas presenciales y el contacto virtual no estimulan una comunicación confidencial y es excluyente hacia las personas con escasos recursos. Según las y los participantes, la situación carcelaria reflejaría la situación de discriminación y racismo institucional en contra de personas afro-descendientes y pertenecientes a pueblos indígenas.
El Representante Regional del ACNUDH manifestó su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y sostuvo que “el COVID-19 exacerbó los problemas estructurales pre-existentes en las sociedades, afectando de manera desproporcional a las personas más vulnerables. Me sumo a la preocupación de la Alta Comisionada sobre la situación carcelaria en el continente, y al llamado del Subcomité de Prevención de la Tortura instando a las autoridades a asegurar que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Brasil pueda ejercer sus funciones de manera adecuada.”
FIN
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