GINEBRA (22 de septiembre de 2022) – Expertos de la ONU instaron hoy a las autoridades, candidatos y partidos políticos de Brasil a garantizar que las próximas elecciones generales sean pacíficas y que se prevenga la violencia relacionada.
Las amenazas, la intimidación y la violencia política, incluidas las amenazas de muerte contra los candidatos, continúan aumentando en línea y fuera de línea, en particular contra las mujeres, los pueblos indígenas, los y las afrodescendientes y las personas LGBTI, a menudo sobre la base de identidades cruzadas. Tales acciones generan terror entre la población y disuaden a los posibles candidatos de postularse para un cargo. El impacto desproporcionado de la violencia política sobre las mujeres, los pueblos indígenas, los y las afrodescendientes y las personas LGBTI puede aumentar este efecto paralizador entre dichos grupos, limitando las oportunidades para su representación en las decisiones que los afectan, perpetuando así el devastador ciclo de exclusión.
Los expertos expresaron su preocupación por la campaña difamatoria en curso y los continuos ataques contra las instituciones democráticas, el poder judicial y el sistema electoral en Brasil, incluido el sistema electoral electrónico.
“Hacemos un llamado a las autoridades a proteger y respetar debidamente el trabajo de las instituciones electorales. Expresamos además nuestra preocupación por el impacto que tales ataques podrían tener en las próximas elecciones presidenciales y destacamos la importancia de proteger y garantizar la independencia judicial”, dijeron los expertos.
“Nos preocupa que este ambiente hostil represente una amenaza a la participación política y la democracia e instamos al Estado a proteger a los candidatos de cualquier amenaza, acto de intimidación o ataque en línea y fuera de línea”, agregaron.
“Todos los involucrados en el proceso electoral deben comprometerse a una conducta pacífica antes, durante y después de las elecciones. Los candidatos y los partidos políticos deben abstenerse de utilizar un lenguaje ofensivo que pueda dar lugar a violencia y abusos contra los derechos humanos”.
Los expertos dijeron que el discurso de odio, la desinformación de género y la incitación por parte de los candidatos y sus partidarios durante el período de campaña electoral pueden desencadenar violencia.
“El Estado debe garantizar que todos los procesos electorales sean no discriminatorios, libres de desinformación, discursos de odio e incitación a la violencia. Deben respetarse todas las libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación, así como la libertad de expresión”, dijeron.
Pidieron a las autoridades brasileñas tomar medidas específicas, dirigidas a las personas en mayor riesgo, incluidas las mujeres, las y los afrobrasileños, los pueblos indígenas y las personas LGBTI, para garantizar que todos puedan participar libremente en el proceso electoral, sin discriminación, acoso o temor a una posible repetición. de violencia sexual y de género.
Los expertos de la ONU también instaron a las autoridades a garantizar que la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos, los observadores electorales y los periodistas puedan realizar su trabajo legítimo sin intimidación, ataques físicos o represalias. “Estamos profundamente preocupados por los informes de hostigamiento y ataques contra periodistas, en particular mujeres. Los periodistas juegan un papel crucial durante las elecciones al contribuir a un proceso electoral libre e inclusivo y a la credibilidad de los resultados”, dijeron los expertos.
Las elecciones pasadas en Brasil han estado marcadas por la violencia y las violaciones de los derechos humanos, incluido el asesinato en 2018 de la concejala de la ciudad de Río de Janeiro Marielle Franco, quien era una reconocida defensora de los derechos de las mujeres, la igualdad racial y los derechos de las personas LGBTI.
Varios expertos de la ONU han planteado preocupaciones sobre tales presuntas violaciones en una comunicación conjunta al Gobierno de Brasil después de las elecciones de 2018. En este contexto, “el Estado debe investigar su ejecución de manera efectiva, pronta, exhaustiva e imparcial, y actuar contra los responsables de conformidad con el derecho interno e internacional”, concluyeron los expertos.
FIN
Los expertos: Clément Nyaletossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; E. Tendayi Achiume, Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Los Expertos forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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