SANTIAGO (13 de enero de 2022) – Expertas independientes de las Naciones Unidas*, a través de una comunicación enviada al gobierno de Brasil, llamaron a frenar la criminalización de defensores de derechos humanos en el país, específicamente de miembros de las comunidades rurales quilombolas en el estado de Maranhão.
La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, y la Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, Dominique Day, pidieron al gobierno brindar protección a la y los defensores de derechos humanos Anacleta Pires da Silva, Joércio Pires da Silva y Elias Belfort Pires, del Quilombo Santa Rosa dos Pretos, en Itapecuru Mirim, Maranhão.
Desde agosto de 2021, las tres personas defensoras de los derechos humanos están incluidas en el Programa Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Maranhão, aunque las medidas de protección, según información recibida por las expertas, han sido inconsistentes e ineficaces hasta el momento, aseguraron las expertas.
El territorio tradicionalmente ocupado por la comunidad Santa Rosa dos Pretos, donde habitan cerca de 5.000 personas, se encuentra desde 2005 bajo un proceso de titulación de tierras supervisado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el que a la fecha no ha logrado un progreso suficiente.
“Ante la falta de avances en el proceso de titulación de tierras, los miembros de la comunidad que defienden su derecho a un título colectivo sobre sus tierras presuntamente han enfrentado represalias por parte de actores privados, incluidos esfuerzos por criminalizarlos y deslegitimar sus legítimos reclamos, así como violaciones a su derecho de consentimiento libre, previo e informado, tal como se define en el Convenio 169 de la OIT, en relación con proyectos públicos y privados a gran escala que afecten a sus tierras”, sostuvieron las expertas en la comunicación.
En este contexto, en abril de 2021, la señora Pires da Silva, el señor Pires da Silva y el señor Belfort Pires fueron citados a comparecer en la comisaría de la ciudad de Itapecuru Mirim por una denuncia penal presentada en su contra por un particular, quien se identificó como comprador de dos fincas que se superponen con el territorio de la comunidad Santa Rosa dos Pretos.
La persona acusó a los tres activistas de derechos humanos de amenazas en relación con la compra de las fincas, sobre la base de supuestos informes indirectos infundados. De ser declarados culpables, podría aplicarse una pena de prisión de uno a seis meses o una multa.
“Sin prejuzgar la veracidad de la información recibida, queremos expresar nuestra preocupación por las acusaciones formuladas contra la Sra. Pires da Silva, el Sr. Pires da Silva y el Sr. Belfort Pires, que tememos puedan ser un intento de deslegitimar y restringir sus esfuerzos pacíficos por defender los derechos colectivos de su comunidad sobre su tierra”, expresaron las expertas.
“Instamos a que se tomen todas las medidas provisionales necesarias para detener las presuntas violaciones y evitar que vuelvan a ocurrir y, en caso de que las investigaciones respalden o sugieran que las alegaciones son correctas, garantizar la rendición de cuentas de cualquier persona responsable de las presuntas violaciones”, agregaron.
La comunicación de las expertas fue enviada de manera reservada al gobierno brasileño en octubre de 2021 y se hizo pública a fines de diciembre.
FIN
Fuente: ACNUDH – Comunicaciones
* Las expertas independientes: Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y Dominique Day, Presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes.
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