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Bolivia: Representante se reunió con Defensor del Pueblo para dialogar sobre situación de derechos humanos en el país

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(17 de septiembre de 2025) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, para dialogar sobre la actual situación de derechos humanos en el país.

En el encuentro, realizado de manera virtual el 16 de septiembre y en el que también participaron el Representante Adjunto de la Oficina, Xavier Mena, y la directora de Planificación de la Defensoría del Pueblo, Jennifer Guachalla, las partes coincidieron en la preocupación por el riesgo de impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba luego de recientes decisiones de la justicia.

La reunión con la Defensoría del Pueblo ocurrió luego de que ONU Derechos Humanos expresó en un comunicado conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la anulación de los procesos contra militares, policías u otros presuntos responsables de las masacres de 2019 podía representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En esa línea, los representantes de la Oficina manifestaron nuevamente su máxima solidaridad con las víctimas, quienes tienen derecho a la justicia sin dilaciones, y advirtieron sobre una situación de revictimización.

Adicionalmente, ONU Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo abordaron los riesgos para las poblaciones vulnerables que conlleva la actual crisis económica en el país y los futuros esfuerzos para salir de ella. Las partes resaltaron las consecuencias de que los eventuales ajustes económicos se realicen a costa de los más pobres, como ocurrió en el pasado en Bolivia y otros países de la región.

Finalmente, las partes valoraron la larga y profunda cooperación entra las instituciones. Jan Jarab resaltó que en los recientes años la Defensoría del Pueblo se haya fortalecido en términos de sus capacidades técnicas y su independencia, lo que resulta esencial para el ejercicio de su mandato como institución nacional de derechos humanos.

FIN

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