GINEBRA (18 diciembre de 2024) – Expertos en prevención de la tortura de la ONU han expresado su preocupación por las deficientes condiciones de vida de las personas privadas de libertad y las serias limitaciones en el acceso a la justicia, tras visitar el Estado Plurinacional de Bolivia.
“Agradecemos la colaboración prestada por las autoridades, que nos permitió visitar un importante número de lugares de privación de libertad a lo largo del país” dijo Marie Brasholt, quien encabezó la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.
El SPT visitó Bolivia por la tercera vez, del 1 al 12 de diciembre.
“Al mismo tiempo, expresamos nuestra preocupación por los altos índices de detención preventiva en el país, que resultan en elevados niveles de hacinamiento carcelario”, dijo Brasholt, agregando que “Esto obliga a una profunda evaluación de los alcances que esta medida debe tener en un estado de derecho, y el rol que están llamados a cumplir los distintos actores involucrados, entre ellos el poder judicial.”
Durante la misión, la delegación del SPT visitó 34 centros de detención en seis departamentos, incluídas prisiones de mujeres y hombres, centros de niños y niñas en conflicto con la ley, estaciones policiales, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación por la drogadependencia, un hogar infantil, y un cuartel militár. Se realizaron entrevistas confidenciales con detenidos y funcionarios sin la supervisión de las autoridades. La delegación también se reunió con organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales.
“Nos preocupa que algunas instituciones privadas, por ejemplo algunas que proveen servicios a personas con problemas de drogodependencia, no sean objeto de un riguroso control y supervisión por parte del Estado,” declaró la jefa de la delegación.
El Subcomité también visitó algunos centros de detención junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), el órgano de supervisión designado para la prevención de la tortura en el país según el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) .
“La delegación está muy satisfecha por el trabajo que realiza el MNP. Frente a los acuciantes desafíos en lugares de privación de libertad, el mecanismo debe ser fortalecido y también utilizado por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de las disposiciones del OPCAT,” dijo Marie Brasholt.
El SPT compartirá con el Estado Plurinacional de Bolivia su informe incluyendo hallazgos y recomendaciones a su debido tiempo. Como siempre, la delegación anima al Estado a publicar el informe de la visita, que se enviará en los próximos meses. El SPT considera que sus informes aportan elementos que beneficiarán a todas las partes implicadas, directa o indirectamente, en la búsqueda de soluciones para el futuro inmediato. Además, el Subcomité preparará un informe separado y confidencial para el MNP.
Bolivia ratificó el OPCAT en 2006; el SPT visitó al país anteriormente en 2010 y en 2017.
La delegación del SPT estaba compuesta por los siguientes miembros: Marie Brasholt, jefa de la delegación (Dinamarca), Massimiliano Bagaglini (Italia), Maria Andrea Casamento (Argentina) y Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), junto con dos miembros de la secretaría del SPT y dos oficiales de seguridad de la ONU.
FIN
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Referencias
Hasta la fecha, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ha sido ratificado por 94 estados. Los Estados tienen la obligación de permitir al SPT visitas sin previo aviso y sin obstáculos a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad. Los Estados partes también deberán establecer un mecanismo nacional de prevención, que deberá realizar visitas periódicas a los lugares del país donde haya personas privadas de libertad.
El mandato del SPT es prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, a través de visitas y recomendaciones a los Estados partes del Protocolo Facultativo. El SPT comunica sus recomendaciones y observaciones a los Estados a través de un informe confidencial y, cuando sea necesario, a los mecanismos nacionales de prevención. Sin embargo, se alienta a los Estados partes a solicitar que el SPT publique los informes.
El SPT está compuesto por 25 miembros independientes e imparciales que son personas expertas independientes en derechos humanos de todo el mundo, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
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