11 de marzo de 2025 – ONU Derechos Humanos en América del Sur participó en tres audiencias públicas en el marco del 192° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativas a la situación de la institución nacional de derechos humanos en Chile, la libertad religiosa en Brasil y la criminalización de las personas defensoras ambientales en Bolivia.
En intervenciones de manera virtual, el Representante Regional, Jan Jarab, y el Representante Regional Adjunto, Xavier Mena, compartieron la visión de la Oficina sobre dichas problemáticas, reiterando la disposición de cooperar con los Estados, la CIDH y la sociedad civil para avanzar en la garantía de los derechos humanos.
Situación del INDH de Chile
Durante la audiencia sobre la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile, el 3 de marzo, Jarab destacó la trayectoria de la institución desde su creación en 2009, el rol fundamental que ejerce en la promoción y protección de los derechos humanos y a los desafíos que ha enfrentado en los últimos años, específicamente en relación con las garantías de autonomía y pluralismo.
Respecto de la autonomía, Jarab subrayó el riesgo que significaría una falta de financiamiento suficiente, expresó preocupación por cuestionamientos a su mandato amplio, así como inquietud por solicitudes de remoción y querellas que han enfrentado algunos consejeros del instituto por decisiones y acciones basadas en su mandato.
Para finalizar, señaló que, si bien es legítimo que los Estados fomenten la discusión sobre el diseño de estas instituciones, es importante que toda deliberación tome en consideración los principios relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos o Principios de París. En ese sentido, ante la puesta en marcha de una comisión para el fortalecimiento del INDH, instó a que las recomendaciones resultantes tengan presente las garantías de pluralismo y autonomía, y consideren las posiciones de la sociedad civil.
“Consideramos legítimo repensar este diseño institucional, pero siempre con la intención de fortalecer el instituto en su independencia y experticia, reduciendo la politización”, dijo Jarab.
Libertad de religión en Brasil
En el diálogo sobre libertad de religión y creencia de los practicantes de religiones afro en Brasil, el 6 de marzo, Jan Jarab aseguró que el racismo en Brasil es estructural y sistémico, y que una de sus manifestaciones visibles es la intolerancia religiosa.
El Representante Regional de la Oficina centro su intervención en la relación inseparable entre el racismo sistémico, las religiones de origen africano y los actos de misoginia, dado que estos credos en la mayoría de los casos son dirigidos por mujeres.
Jarab consideró importante que el gobierno haya reconocido el creciente problema del racismo en el ámbito religioso, aunque lamentó que el Estado no ha sido capaz de aplicar políticas públicas eficaces que garanticen el pleno ejercicio de la libertad religiosa de las personas que practican credos de matriz africana.
“El sistema de justicia ha respondido escasamente con investigaciones rápidas y eficaces y con la exigencia de responsabilidades a los autores de ataques motivados por la intolerancia”, señaló, agregando que igualmente resulta esperanzador el reciente lanzamiento de la Política Nacional para los Pueblos y Comunidades Tradicionales de Origen Africano y los esfuerzos del Poder Judicial por avanzar en la materia.
Personas defensoras en Bolivia
En audiencia sobre la criminalización de personas defensoras ambientales en Bolivia, el 7 de marzo, el Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Xavier Mena, destacó el rol que ejercen estas personas, así como la ratificación del Acuerdo de Escazú y los desafíos pendientes para su implementación.
En su intervención, alertó sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras, incluyendo amenazas y represalias, especialmente en el contexto de actividades extractivas y de degradación ambiental. Al respecto, presentó casos emblemáticos como el de las autoridades indígenas del Ayllu Acre Antequera y del guardaparques Marcos Uzquiano, que ilustran la falta de garantías efectivas y la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y de consulta previa.
“Hacemos un llamado a perfeccionar el sistema de consulta previa, libre e informada para que esta se aplique cada vez que corresponda y sirva para prevenir efectos nocivos de decisiones en el contexto de la explotación de recursos naturales”, dijo Mena.
FIN
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