(18 de julio de 2024) – En el marco del 190° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, intervino en tres audiencias relativas a problemáticas de derechos humanos en materia de protesta social en Argentina, violencia policial en Brasil y la situación penitenciaria en Ecuador.
De manera virtual, Jarab hizo presente que dichos temas son de alta prioridad para el trabajo de ONU Derechos Humanos en la región, y recordó en cada caso la disposición de su Oficina para cooperar con los Estados, la CIDH y la sociedad civil para avanzar en la garantía de los derechos humanos.
Protocolo “antipiquetes” en Argentina restringe libertades
En la audiencia sobre Argentina, realizada el 11 de julio, Jarab cuestionó la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, por cuanto su implementación durante manifestaciones en la vía pública restringe indebidamente los derechos a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.
Según información recibida por ONU Derechos Humanos, dicha normativa -conocida como “protocolo antipiquetes”- ha generado obstáculos y restricciones al derecho a la reunión pacífica en lugar de facilitar o garantizar su ejercicio.
Con base en la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jarab recordó que si bien las reuniones pacíficas pueden causar perturbaciones -por ejemplo, a la circulación de vehículos, peatones o la actividad económica-, estas constituyen un elemento natural del ejercicio del derecho a la protesta y no eximen al Estado de su obligación de protegerlo. También resaltó que, para dicho Comité, la interrupción de actividades diarias no constituye “violencia”, y que no habilita por sí sola la actuación de las fuerzas de seguridad.
“El derecho a la reunión ha sido esencial para conquistar otros derechos, por lo que las autoridades deben actuar con el objetivo de facilitar su ejercicio”, señaló Jarab. “Actos de violencia individuales no justifican considerar a una reunión en su conjunto como violenta”, añadió.
- Discurso completo de Jan Jarab sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina
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Policía brasileña, la más letal de la región
El 12 de julio, en tanto, el jefe regional de ONU Derechos Humanos intervino en una sesión que abordó la violencia policial en Brasil. En su alocución, Jarab expuso que el país supera largamente las cifras de letalidad en la región: en 2019, por ejemplo, Brasil registró 5.800 muertes como consecuencia de operativos policiales, frente a 370 en México y 95 en Argentina.
Al respecto, el Representante criticó la normalización de la extrema violencia policial en el país, a la vez que identificó la falta de políticas y enfoques alternativos compatibles con los estándares de derechos humanos para abordar la criminalidad. También profundizó sobre las causas estructurales en torno al tema como la desigualdad social y racial, la militarización, la política conocida como “guerra a las drogas”, y la falta de transparencia y de rendición de cuentas desde las autoridades.
“Hemos monitoreado la situación de familias que perdieron a sus seres queridos en el contexto de violencia policial, especialmente las madres en busca de justicia, y la falta de respuesta del Estado en materia de reparación y las necesidades de salud de estos familiares, incluyendo la salud mental”, manifestó Jarab.
- Discurso completo de Jan Jarab sobre violaciones de derechos humanos en contextos de operativos policiales en Brasil (en portugués)
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Reforma urgente al sistema carcelario en Ecuador
También el 12 de julio, el Representante para América del Sur participó en un diálogo sobre la crisis carcelaria en Ecuador. Entre las causas de dicha crisis, Jarab identificó una política penal altamente punitiva, la creación de nuevos tipos penales y el endurecimiento de penas, los cambios en la última década a la legislación penal sobre drogas, y también la decisión de las autoridades de afrontar el problema con recintos conocidos como “megacárceles”.
“No se registra evidencia de que esta política haya sido efectiva en cuanto a la reducción del delito o que haya mejorado los índices de seguridad, sino todo lo contrario”, sentenció Jarab, citando datos oficiales que demuestran que la población penitenciaria en el país se triplicó entre 2008 y 2021.
El Representante explicó que en los recintos donde prevalecen la sobrepoblación y el hacinamiento se infringen múltiples derechos humanos -como a la salud, educación, agua y alimentación- y no ofrecen posibilidades eficaces de rehabilitación ni de reducir la reincidencia. Jarab también subrayó que bajo el modelo de “megacárceles” resulta muy difícil recuperar control por parte del Estado una vez que estas caen bajo dominio del crimen organizado.
“Si bien fue absolutamente necesario que el Estado retomase el control sobre el sistema penitenciario, esto no puede de ninguna manera justificar la tolerancia hacía tortura o los malos tratos por parte del personal militar u otros”, enfatizó.
Recordando recientes masacres penitenciarias -que dejaron cientos de personas privadas de libertad fallecidas, particularmente entre 2019 y 2023- Jarab reclamó de las autoridades ecuatorianas más información sobre los avances en las investigaciones a fin de evitar que tales hechos queden en la impunidad.
- Discurso completo de Jan Jarab sobre derechos humanos de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria en Ecuador
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FIN
