(24 de julio de 2025) – En el marco del 193° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, participó en audiencias relativas al impacto de las industrias extractivas en la región, desapariciones en contexto de militarización de la seguridad pública en Ecuador y políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil.
De manera virtual, Jarab enfatizó en sus intervenciones que dichas materias son de alta prioridad para el trabajo de ONU Derechos Humanos en la región, y recordó en cada caso la disposición de su Oficina para cooperar con los Estados, la CIDH y la sociedad civil para avanzar en la garantía de los derechos humanos.
Impacto de actividades extractivas en los derechos de los Pueblos Indígenas
En la audiencia sobre los impactos de las industrias extractivas en los derechos de los Pueblos Indígenas, realizada el 22 de julio, el Representante aseguró que las actividades de explotación de recursos naturales afectan gravemente los derechos individuales y colectivos de las comunidades, poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural.
En esa línea, identificó cinco ejes de acción que ayudarían a enfrentar dicha problemática: promover el reconocimiento y demarcación de territorios indígenas; respetar el derecho a la consulta y consentimiento; proteger a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente; desarrollar e implementar políticas que respeten el derecho al medio ambiente sano; y promover que se respeten y apliquen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“La región debe avanzar con urgencia en esta dirección, asegurando que los derechos de los Pueblos Indígenas sean parte integrante de las inversiones y operaciones extractivas y energéticas”, expresó el Representante.
Desapariciones en contexto de militarización de la seguridad en Ecuador
En la audiencia sobre militarización de la seguridad pública y desapariciones forzadas en Ecuador, el 23 de julio, Jarab manifestó preocupación por 28 personas desaparecidas (entre ellas nueve que serían menores de edad) registradas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, y subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos de búsqueda e investigación, garantizar el acceso de sus familias a la información y asegurar su protección.
Respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de fuerzas de seguridad, Jarab recalcó la importancia de reforzar los sistemas y protocolos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas en posibles casos de desapariciones forzadas, llamando a la urgencia de prevenir que se repitan casos como el de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil tras operativos militares en diciembre de 2024.
“Las investigaciones de alegaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente si estas son graves, han de ser rápidas, transparentes, exhaustivas e independientes, para garantizar que los responsables rindan cuentas, conforme a estándares internacionales”, afirmó el Representante.
En ese sentido, expresó preocupación sobre algunas disposiciones de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, ya que no se ajustarían a estos estándares.
Políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil
En la audiencia sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en Brasil, Jarab destacó los impactos para la vida de los Pueblos Indígenas por decisiones adoptadas durante la dictadura militar que se extendió entre 1964 y 1985, citando casos como la construcción de la carretera Transamazónica y la central hidroeléctrica de Itaipú.
Por lo mismo, subrayó la urgente necesidad de crear una comisión de memoria, verdad y justicia para los Pueblos Indígenas, que los incluya desde un inicio y se base en un amplio diálogo nacional.
En su intervención el Representante también lamentó la escasa implementación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de la Verdad, así como la necesidad de revocar o reinterpretar la ley de amnistía de 1979 y la tipificación penal del delito de desaparición forzada. “La falta de acceso a la justicia, por la ausencia de investigación y rendición de cuentas de los implicados, es muy preocupante”, expresó.
FIN
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