GINEBRA (5 de diciembre de 2017) – Un grupo de expertas y expertos en derechos humanos * saludaron la condena de 48 personas, entre militares y civiles, imputadas por torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, durante la última dictadura militar en el país.
“Se trata de un juicio histórico en Argentina por delitos considerados como crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de 789 víctimas dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante los años de dictadura militar”, resaltaron los expertos luego de los veredictos emitidos por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal.
“Este juicio representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que tienen todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, así como sus familiares”.
Veintinueve de los imputados fueron condenados a prisión perpetua, incluyendo los conocidos ex oficiales Alfredo Astiz y Jorge Acosta, y dos personas que participaron en los llamados “vuelos de la muerte”, en los que miles de víctimas fueron asesinadas tras ser drogadas y lanzadas al mar desde aviones militares.
El resto de los imputados fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión, mientras que otros seis fueron absueltos.
“Quisiéramos enviar un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas de la dictadura militar en Argentina, y a las organizaciones de derechos humanos que las representan, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo, sin cuya incansable lucha este resultado sin precedentes no habría podido ser alcanzado”, aseguraron los expertos. El Fondo Voluntario de Naciones Unidas contra la Tortura, ha acompañado este largo trayecto hacia la justicia y continúa ofreciendo apoyo al derecho a la reparación y rehabilitación de las víctimas.
“Instamos al Estado argentino a sostener los consensos y las políticas públicas que permitieron que se llegara a la realización de este juicio para que se concreten también los derechos del resto de las víctimas que esperan verdad y justicia desde hace cuatro décadas”.
FIN
(*) Los expertos: Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Gaby Oré Aguilar, Presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura; el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura fue creado en 1981 por la Asamblea General mediante la resolución 36/151 con el propósito de proporcionar asistencia a las personas que han sido sometidas a tortura y a sus familiares. Brinda asistencia directa humanitaria, legal, médica, psicológica, social y financiera a las víctimas a través de subvenciones otorgadas a organizaciones no gubernamentales.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas es el órgano de tratado compuesto de diez expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus Estados Partes.
ONU Derechos Humanos, página de país: Argentina
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