GINEBRA (12 de marzo de 2025) – Una experta independiente en derechos humanos* ha expresado hoy su preocupación por el nombramiento temporal por parte del Presidente argentino, Javier Milei, de dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, esquivando el proceso de aprobación del Senado.
“El Ejecutivo no está por encima de la ley”, afirmó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. “Al ignorar los procedimientos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y clarificados en los estatutos, el Presidente está eludiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos.”
“El nombramiento judicial por decreto presidencial sienta un peligroso precedente al politizar dichos nombramientos, erosionando la transparencia y limitando las vías de escrutinio público y de impugnación”, afirmó Satterthwaite.
Advirtió de que la seguridad en el cargo de jueces podría verse degradada por el carácter temporal de los nombramientos por decreto presidencial.
“La seguridad en el cargo es crucial para la protección de la independencia judicial, ya que permite a los jueces ejercer sus funciones libres de la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no son del agrado de otros poderes del Estado”, afirmó la Relatora Especial.
Con estos dos nombramientos, el Tribunal Supremo no contará con ninguna mujer.
“Un paso atrás de este tipo para el país puede suponer una violación de la regla de no regresión en relación con las normas de igualdad de género, enviando un mensaje muy negativo a todas las mujeres del país”, afirmó Satterthwaite.
En su informe de 2024 al Consejo de Derechos Humanos, Satterthwaite advirtió que el aumento indebido del control ejecutivo o legislativo sobre los nombramientos judiciales erosiona la separación de poderes y socava la capacidad de los tribunales para reforzar la rendición de cuentas democrática que garantiza que los poderes políticos del gobierno cumplen la ley y respetan los derechos humanos.
“Argentina debe volver a comprometerse con sus obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, defender la independencia del poder judicial y respetar el Estado de derecho”.
La experta está en contacto con las autoridades argentinas sobre este asunto.
FIN
*La experta: Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
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