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En dos reuniones realizadas el pasado 16 de setiembre en el Parlamento uruguayo, legisladores de todos los partidos políticos y representantes de Naciones Unidas –entre ellos la Coordinadora Residente y el representante regional del Alto Comisionado para los derechos Humanos- coincidieron en la trascendencia de la puesta en marcha de la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay, a la vez que analizaron los pasos a seguir.

El pasado jueves 16 de setiembre en la antesala de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo, se realizó el Seminario “Realidad y desafíos de las instituciones nacionales de derechos humanos”, organizado por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Naciones Unidas en Uruguay, con el apoyo de ambas Cámaras del Poder Legislativo y la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

En el encuentro se analizaron las experiencias regionales en materia de instituciones nacionales de derechos humanos y las perspectivas que ofrece la recientemente creada Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay, la que será nominada por el Poder Legislativo.

En la conferencia de apertura el vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo que la institución creada en Uruguay “estaba llamada a jugar un papel global en la protección y promoción de los derechos humanos en el país, no solamente atendiendo su inobservancia, sino también formulando bases para que las políticas públicas se desarrollen a partir de una óptica de derechos humanos”.

Susan McDade, Coordinadora Residente de Naciones Unidas, dijo que “así como Naciones Unidas apoyó la gestación y el nacimiento de la situación nacional, también ahora está dispuesta a apoyar su consolidación y puesta en marcha”.

A su vez, Amerigo Incalcaterra, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que “el proceso uruguayo de instrumentación de una defensoría colegiada o plural, es seguido con vivo interés en la región, tiene elementos innovadores y seguramente será un referente en la región, esperamos acompañar y apoyar este paso a favor de la promoción y protección de derechos, lo que constituye una sana forma de construir ciudadanía”.

Se contó con la participación de varios defensores del pueblo y expertos de la región. En la primer mesa de diálogo, participaron Tomás Dadic, Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Carlos Constenla, Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Manuel Aguilar, Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de España, y Emilio Alvarez Icaza, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.

Legisladores de las dos Cámaras del Parlamento uruguayo, también formaron parte del encuentro, ratificando su voluntad de proceder a una rápida puesta en marcha de la novel Institución Nacional. De acuerdo a la ley de creación, este año debe procederse a dotarla de presupuesto y a nombrar a los cinco integrantes de su Comisión Directiva. También se espera que se destine a la misma un inmueble emblemático que marque simbólicamente los primeros pasos de su gestión. Hicieron uso de la palabra, el Senador Sergio Abreu por el Partido Nacional, la Diputada Daniela Payssé por el Frente Amplio y el Diputado Iván Posada por el Partido Independiente.

En la mañana, también con los pasos a dar para la puesta en marcha de la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos como eje de la agenda, se realizó un desayuno de trabajo con legisladores. El encuentro, que también se realizo en el Parlamento, contó con la presencia de diputados y senadores de todos los partidos políticos, siendo la reunión presidida por la senadora Lucía Topolansky, Susan McDade, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Amerigo Incalcaterra, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos. En el intercambio, los legisladores analizaron el proceso que seguirán ambas Cámaras legislativas para que la Institución Nacional se encuentre en pleno funcionamiento en pocos meses, mientras los representantes de Naciones Unidas reiteraron su voluntad de apoyar la implementación de la misma.

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