Portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos: Rupert Colville
Lugar: Ginebra
Asunto: Venezuela
Nos preocupa la reanudación de la violencia en Venezuela en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. La noche del miércoles y la madrugada del jueves, tropas venezolanas detuvieron a más de 200 manifestantes de movimientos juveniles que habían estado acampando pacíficamente frente a las oficinas del PNUD en Caracas y otras partes de la ciudad. Según cifras oficiales, un total de 243 personas fueron detenidas. El gobierno ha afirmado que los campamentos estaban siendo utilizados como bases para las protestas violentas y que allí se han encontrado cócteles molotov, armas y drogas.
La mayoría de los detenidos, entre los que se cuentan 18 menores de edad y una mujer embarazada, han sido llevados según se informa al recinto militar de Tiuna. Los abogados y las familias han reportado falta de información sobre el paradero de los detenidos, así como la falta de acceso a los mismos.
Cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la detención de los jóvenes y el desmantelamiento de los campamentos. Se inhalaron barricadas y bloquearon caminos. Un policía fue asesinado a tiros y se reportó que otros tres resultaron heridos durante los enfrentamientos. También hubo manifestantes heridos. Nuevas detenciones se registraron en toda Caracas ayer por la tarde.
También estamos preocupados por los informes sobre violencia y ataques – generalmente iniciados por individuos armados – dentro y alrededor de universidades venezolanas, que han tenido lugar desde el comienzo de la semana. La Biblioteca de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto fue incendiada y la policía utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad Católica de Puerto Ordaz.
Condenamos inequívocamente toda forma de violencia desde todas las partes en Venezuela. Estamos particularmente preocupados por el reportado uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en respuesta a las protestas. Por ello, reiteramos el llamamiento de la Alta Comisionada a que el Gobierno garantice que las personas sean penalizados por ejercer su derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión y para un diálogo sostenido, incluyente y pacífico basado en las obligaciones de derechos humanos de Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sigue a disposición para apoyar los esfuerzos en este sentido.
