Editorial publicado en El Universal (México), 16 de julio de 2011
NAVI PILLAY / Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La semana pasada, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó en México una importante campaña titulada: “Yo me declaro”, la cual está dedicada a todas aquellas valientes personas que luchan por los derechos humanos.
Muchas de ellas son activistas, periodistas y abogados/as muy famosas, muchas otras son los héroes desconocidos de nuestros tiempos. Muchas, son personas que se dedican profesionalmente a los derechos humanos.
Otros son ciudadanos conscientes de todos los ámbitos de la sociedad. A menudo, en este país, al igual que en otras partes, su valentía se paga con intimidación, acoso, ataques e incluso la muerte.
Uno de los problemas a los que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en todo el mundo es la falta de conciencia, de comprensión y de reconocimiento por su vital labor. Por tal motivo, recibí con agrado la decisión del Presidente Felipe Calderón de firmar un acuerdo con el que se reconoce la importancia de las y los defensores y con el que se prevé la creación de un mecanismo para protegerles.
Durante mi visita a México a principios de este mes, conocí a muchos defensores y defensoras que personifican los valores del trabajo duro, la decencia y el respecto mutuo, tan apreciados por la mayoría de las y los mexicanos. Sus historias conmueven e inspiran. Son los relatos de una voluntad indomable para ayudar a construir un país donde prevalezcan el Estado de Derecho y los derechos humanos por encima de los abusos y los crímenes violentos.
En particular, mujeres, y defensores/as están en riesgo. Ejemplos trágicos, y notorios, de las graves amenazas a las que se enfrentan, se siguen presentando en la violencia e inseguridad que afecta a Ciudad Juárez y a otras partes del país en donde los feminicidios continúan impunes en su mayor parte.
La impunidad también es con mucha frecuencia la norma, en lugar de la excepción, para quienes atacan a periodistas, con el propósito no sólo de intimidar a quienes se atreven a hablar, sino también de socavar la libertad de expresión de todas y todos los mexicanos.
La vulnerabilidad afecta tanto a los pueblos indígenas como a quienes los defienden. México firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que consagra e impulsa los derechos de estos pueblos. Es necesario que se respeten sus derechos en su totalidad.
Resultó inspirador conocer a Eufrosina Cruz, mujer indígena zapoteca, Presidenta del Congreso Estatal de Oaxaca. Me comentó que tuvo que luchar contra la discriminación y la oposición para que se reconociera su cargo, incluso por parte de su propia comunidad. Al final Eufrosina triunfó, pero su historia es excepcional.
Muchos indígenas siguen viviendo en la marginación, en la victimización, y excluidos/as de la toma de decisiones.
En mis conversaciones con autoridades mexicanas transmití la necesidad de promover la participación ciudadana y de no escatimar esfuerzos para garantizar la Seguridad Pública y hacer justicia cuando se violan los derechos humanos. La Policía local y federal debe hacer caso a las alarmas que activan las y los defensores de los derechos humanos, quienes tienden a estar en mayor contacto con los miedos y las aspiraciones de las comunidades para las que trabajan.
La inclusión y la participación pública y amplia, son indispensables para ligar las políticas de seguridad pública con las realidades y los derechos de las diversas comunidades. Asimismo, es claramente necesario responsabilizar por violaciones a los derechos humanos a las y los funcionarios.
No debe subestimarse la magnitud de los desafíos a los que se enfrenta México con respecto a la seguridad y los derechos humanos. Algunas de las causas de estas amenazas se originan en la frontera norte de México, la cual es altamente permeable a la entrada de armas y a la salida de drogas.
En circunstancias extraordinarias es necesario tomar decisiones difíciles, como emplear al Ejército en funciones policiacas, mientras el Estado desarrolla la capacidad de proteger a su ciudadanía conforme al Estado de Derecho. Sin embargo, dichas medidas excepcionales deben apegarse a sus intenciones: ser extraordinarias y de tiempo limitado. Asimismo, deben aplicarse bajo el control civil, y con los límites establecidos por los derechos humanos y los principios.
No olvidemos que la aplicación de la ley representa sólo un aspecto al ofrecer seguridad a la ciudadanía. La prevención, la investigación y el castigo de delitos, así como la indemnización a las víctimas, son igualmente importantes.
A pesar de estos retos abrumadores, ya se han logrado importantes progresos. La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos prepara al país para dar una mayor promoción y protección de normas reconocidas internacionalmente. No obstante, ahora es necesario poner dicha Reforma en práctica y desarrollarla en todos los niveles de la administración pública.
En junio de 2006, como resultado de su destacada abogacía internacional en favor de los derechos humanos, México dirigió la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, principal institución intergubernamental en este ámbito. Este distinguido historial debe ahora transmitirse a todos los aspectos de la vida mexicana. Las y los defensores de los derechos humanos del país y del extranjero están dispuestos a ayudar al Gobierno a cumplir con su vital responsabilidad.
Para más información sobre la campaña “Yo me declaro”, visite: www.yomedeclaro.org
