GINEBRA – «La experiencia demuestra que la transición a la democracia es incompleta si no incluye reformas institucionales adecuadas como los procesos de justicia transicional, que son indispensables para el buen funcionamiento de un sistema democrático», expresó hoy la jefa de de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, durante la apertura de la 17 ª reunión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos.
La justicia transicional es una forma de abordar las violaciones de derechos humanos del pasado, a fin de que las naciones y sus pueblos puedan avanzar hacia la paz y la reconciliación.
La Alta Comisionada enfatizó en que para lograr la reconciliación, resulta clave que se adopte desde el principio un enfoque global de la justicia de transición, que se ocupe de todas las violaciones graves de derechos en el pasado pero también del futuro, y que busque la rendición de cuentas y el respeto por el derecho de las víctimas a la reparación.
Navi Pillay tuvo palabras para destacar el trabajo realizado en América Latina en este sentido, donde “se tomó este tipo de decisiones en algunos países hace décadas, durante periodos difíciles de transición”, señaló.
Durante su intervención frente al Consejo, la Alta Comisionada ONU para los Derechos Humanos lamentó sin embargo que la Cámara de Diputados de Uruguay rechazara el proyecto interpretativo para la Ley de Caducidad: “Todavía se hace cuesta arriba abordar el legado de años de abusos sistemáticos del estado, como muestra el reciente fracaso de la cámara baja del Parlamento uruguayo de finalmente derogar la Ley de Caducidad de 1986, que blinda a los autores de crímenes internacionales cometidos durante la dictadura militar, y ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema uruguaya”, expresó Pillay.
Refiriéndose a las revueltas en el Medio Oriente y África del Norte, Pillay señaló que no fortalecer adecuadamente las nuevas instituciones tiende a conducir no solo a la impunidad no solo de las violaciones de derechos humanos del pasado sino también de otras violaciones, de la corrupción y la delincuencia organizada.
En su discurso, Pillay saludó los prometedores avances adoptados por Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos y Jordania para hacer frente a las aspiraciones populares de cambio, pero expresó su profunda preocupación por los terribles acontecimientos en algunas partes de la región “pues continuamos presenciando que las demandas son recibidas con represión y violencia extremas”.
“La repuesta adecuada es que las autoridades inicien un diálogo nacional inclusivo, para atender a las legítimas demandas de los manifestantes”, indicó.
Durante el actual período de sesiones, el Consejo mantendrá diálogos interactivos con los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales, y revisará sus informes sobre cuestiones como ejecuciones extrajudiciales y sumarias, derechos humanos y empresas transnacionales, la independencia de los abogados y los jueces, los derechos de los migrantes, el derecho a la educación , derechos culturales, derechos humanos y la deuda externa, la pobreza, el derecho a la salud, la trata de personas, la libertad de expresión, y la violencia contra la mujer.
La 17 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos se lleva a cabo entre el 30 de mayo y el 17 de junio en el Palais des Nations, en Ginebra. Más información, disponible en la página web (en inglés) de la sesión, que también será transmitida en vivo.
Lea el discurso inaugural (en inglés) aquí
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