4 de noviembre de 2026 – La primera experiencia en línea de Htaike Htaike Aung fue en 2005, gracias a un trabajo de medio tiempo, en un país donde el acceso a internet era nuevo, caro y reservado a las grandes ciudades. Fue en los sitios web de medios de Myanmar en el exilio donde leyó por primera vez sobre el ejército “desde otra perspectiva”.
Dos años después, cuando la Revolución Azafrán llenó las calles, el ejército apagó internet.
“Ahí fue cuando experimenté que el libre flujo de información es muy importante, y que también es algo a lo que el ejército de Myanmar le tiene mucho miedo”, dijo. Se puso a buscar formas de sortear el bloqueo, sin conocer todavía las palabras “herramienta de elusión” o “VPN”. Cuando las encontró, enseñó a periodistas y blogueros a usarlas también.
Casi veinte años después, Htaike Htaike Aung dirige el Myanmar Internet Project, que ha documentado más de 400 apagones de internet desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021.
A miles de kilómetros, en Buenos Aires, Argentina, Verónica Ferrari lidera la incidencia global de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), una red de organizaciones, en su mayoría del Sur Global, que trabajan en derechos digitales, y sigue las negociaciones de la ONU que deciden cómo se protegen —o no— los derechos humanos en el mundo digital. Su camino no empezó por la tecnología sino por la comunicación: trabajó en organizaciones de derechos humanos y en medios comunitarios.
“Mi interés primario tiene que ver con los derechos humanos, y en particular con temas de comunicación y participación”, dijo Ferrari. “Luego empecé a conocer un poco más lo que tenía que ver con ese ejercicio de derechos a través de medios digitales”.
Los mundos que describen Ferrari y Htaike Htaike Aung aparecen en un mismo documento: el informe de ONU Derechos Humanos sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la era digital, presentado recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos durante su 63.º período de sesiones en Ginebra, Suiza.
El Consejo pidió a la Oficina que realizara consultas para evaluar los riesgos que las tecnologías digitales suponen para las personas defensoras. La Oficina celebró siete consultas en línea y recibió 79 contribuciones de Estados, personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas.
En todas las consultas se repitió un mismo patrón: los Estados y las empresas controlan cada vez más los espacios digitales, y la protección de quienes los usan no ha avanzado al mismo ritmo.
Según el informe, las restricciones penales amplias a los contenidos en línea, los extensos poderes de vigilancia, las interferencias en las comunicaciones y las restricciones al cifrado han reducido los espacios seguros de que disponen las personas defensoras en línea. El impacto acumulado de los ataques digitales se traduce a menudo en amenazas a su integridad física y las empuja a autocensurarse o a abandonar por completo ciertas plataformas.
Quién está detrás de los ataques
Para la red de Ferrari, la violencia en línea y las campañas de desinformación contra personas defensoras —incluidas quienes defienden el medio ambiente y los territorios indígenas— rara vez surgen de la nada.
“Gobiernos cada vez más autoritarios; muchas veces son actores gubernamentales los que están detrás de estas campañas y de estos ataques coordinados”, dijo. “Lamentablemente es lo que vemos cada vez más, en nuestra región y a nivel global”.
Esos mismos gobiernos escriben las leyes.
“Vemos entornos legislativos que tienden a la criminalización de las actividades de las organizaciones”, dijo Ferrari. “Vemos esto en la forma de leyes de cibercrimen, marcos de cibercrimen que terminan censurando y criminalizando el activismo”.
El informe califica la legislación sobre ciberdelincuencia como un ámbito de especial preocupación. Alrededor del 90 por ciento de los Estados han adoptado o revisado leyes de este tipo, y muchas incorporan delitos de contenido definidos de forma vaga que se han utilizado para reforzar patrones de abuso ya existentes contra personas defensoras, mediante cargos de “ciberterrorismo”, difamación o “atentado contra la seguridad del Estado”.
A partir de 2012, cuando el ejército de Myanmar aflojó el control y el acceso a internet se disparó, Htaike Htaike Aung y unas cuantas amistades fundaron la primera organización de derechos digitales del país. Luego llegó el golpe de Estado de 2021.
“Muchos grupos de la sociedad civil tuvieron que esconderse o exiliarse. Gran parte de nuestro equipo se reubicó en distintos países, y yo misma me exilié”, dijo. “Cerramos la organización y creamos el Myanmar Internet Project”.
Desconectados
Los apagones de internet, señala el informe, privan a comunidades enteras de comunicaciones confiables y causan daños colaterales que van mucho más allá del período o el lugar de la interferencia. En 2025 se registraron al menos 313 apagones en 52 países.
En Myanmar, el equipo de Htaike Htaike Aung los contabiliza.
“Solo en 2025 documentamos más de 100 apagones, desde unas pocas horas hasta varios días”, dijo. “Algunas zonas de Myanmar llevan alrededor de cinco años sin internet”.
“La junta militar de Myanmar sabe perfectamente que más información para la gente significa más revolución y más resistencia en su contra.“
— Htaike Htaike Aung, curadora principal, Myanmar Internet Project
El propio golpe de Estado empezó con un apagón en todo el país: sin noticias, sin forma de contactar a la familia. Pero en un país en guerra, dijo Htaike Htaike Aung, un apagón “no es solo un problema de comunicación: es un problema de vida o muerte”.
“Hemos visto zonas donde el ejército estaba a punto de bombardear o lanzar ataques aéreos que sufrieron apagones de internet justo antes de los ataques”, dijo. “Ahí vive gente: escuelas que necesitan acceso a información, personal de salud, personal humanitario. A poblaciones que necesitan acceso a lo más básico también se les niega la información”.
El informe apunta a una tendencia creciente —documentada, por ejemplo, en Bangladesh, Irán, Tanzania y Gaza— de apagones totales impuestos precisamente cuando las personas defensoras y las comunidades corren mayor riesgo —antes, durante y después de conflictos armados y episodios de violencia—, que dejan a la gente a oscuras ante ataques inminentes, sin posibilidad de buscar protección, y que ocultan violaciones de derechos humanos y obstaculizan la ayuda humanitaria.
El mismo guion, al otro lado del mundo
Los avances en inteligencia artificial están abaratando drásticamente la vigilancia, señala el informe: las herramientas de IA permiten despojar más rápido a las personas defensoras de su anonimato, rastrear sus movimientos y deducir con cada vez más detalle sus opiniones.
APC está por publicar una investigación sobre campañas de desinformación contra personas defensoras del medio ambiente.
“Esos ataques ponen en riesgo no solo la integridad física y el bienestar de esas personas, sino que también afectan sus luchas”, dijo Ferrari. “Llevan a la autocensura”.
En Myanmar, el equipo de Htaike Htaike Aung documentó el mismo guion: actores afines al ejército que usan Telegram para doxear a mujeres defensoras de derechos humanos.
“Los ataques y los incidentes son experimentados de manera distinta de acuerdo a tu género, tu orientación sexual, tu estatus socioeconómico, cuestiones de raza”, dijo Ferrari. “Una cosa que a veces decimos es esto de desarmar la idea de la neutralidad de la tecnología”.
Ferrari explicó que es algo que APC propone en general para los marcos sobre tecnologías digitales: una perspectiva que atiende a estos impactos diferenciados, vinculados al género y la orientación sexual, pero también a otros aspectos de la identidad de las personas. “Es una mirada interseccional”, dijo.
El informe registra lo que eso significa en la práctica. Las mujeres defensoras denuncian acoso discriminatorio, hostigamiento, amenazas de muerte y de violación y sextorsión; las personas defensoras LGBTIQ+ son atraídas a trampas a través de redes sociales y aplicaciones de citas, extorsionadas y expuestas públicamente.
Esa es la paradoja que atraviesa el informe: mientras los Estados han buscado hacer de internet un lugar más seguro, muchos han ampliado sus propios poderes para intervenir en los espacios digitales, a veces a costa de la privacidad y la seguridad de las personas defensoras.
Una represión que cruza fronteras
El informe identifica la represión transnacional como una preocupación creciente: los Estados extienden cada vez más su interferencia contra las personas defensoras más allá de sus fronteras, a menudo sin salvaguardias adecuadas contra el uso indebido de la cooperación internacional. Estos ataques transfronterizos han agravado los riesgos para quienes viven en el exilio.
Htaike Htaike Aung lo ve desde el otro lado de la frontera.
“Lo que vemos en un país no se detiene en las fronteras”, dijo. Describió cómo tecnologías de vigilancia suministradas por otros países, entre ellos China y Rusia, se utilizan para cometer abusos dentro del país y más allá de las fronteras de Myanmar.
“Hay represión transnacional, y tenemos que contrarrestarla con solidaridad transnacional”, dijo Htaike Htaike Aung.
Plataformas que miran hacia otro lado
El informe también subraya la responsabilidad de las empresas de proteger a las personas defensoras, y constata que sus respuestas a las preocupaciones de protección siguen siendo insuficientes y, en algunos casos, se están deteriorando. Algunas han recortado sus equipos de “confianza y seguridad”, cambiado sus prácticas de moderación con poco aviso y eliminado la verificación de datos. En todo el sector, los intereses comerciales y la participación de los usuarios siguen primando sobre la protección de los derechos humanos.
Htaike Htaike Aung aprendió esa lección una década antes del golpe.
“Alrededor de 2013, Facebook se volvió muy popular, y la gente usaba estas nuevas tecnologías; pero al mismo tiempo había gente que las usaba como armas para difundir discursos de odio y propaganda, retórica antimusulmana y antirrohinyá”, dijo. “Eso nos llevó a trabajar en la rendición de cuentas de las plataformas, a dialogar con las empresas tecnológicas y a exigirles que revisaran sus operaciones en países como el nuestro”.
La documentación de su equipo sirvió después a la misión de investigación de la ONU que examinó cómo Facebook fue utilizado como arma contra los rohinyás; la empresa cambió sus operaciones en Myanmar. Telegram, la plataforma usada para doxear a mujeres defensoras, “fue bastante negligente con las solicitudes de la sociedad civil”, dijo, hasta que una declaración de un Relator Especial que nombraba a la plataforma la obligó a responder.
Su experiencia coincide con lo que las personas defensoras contaron a la Oficina en las consultas: las plataformas responden a sus preocupaciones con poca transparencia, de forma inconsistente y peor aún donde la represión es más aguda. En una encuesta mundial de 2025 a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, el 92 por ciento dijo haber sufrido abusos o acoso en línea vinculados a su trabajo, y solo el 12 por ciento de quienes lo denunciaron ante las plataformas quedó satisfecho con la respuesta.
El informe pide a las empresas que establezcan canales accesibles a través de los cuales las personas defensoras puedan plantear sus preocupaciones y obtener respuestas y reparaciones oportunas, en particular en contextos de represión, violencia y conflicto armado.
Una herramienta para la incidencia
“La Oficina está en un lugar privilegiado para poder recibir todos estos inputs: es un buen lugar para tener un nivel de evidencia y de documentación que tal vez investigaciones separadas de estas organizaciones no podrían tener, esta mirada tan exhaustiva y realmente global”, dijo Ferrari.
“Los reportes que hace la Oficina son valorados por los Estados; son citados en las negociaciones de resoluciones en muchos casos”, añadió. “A la sociedad civil nos da una buena herramienta para nuestra incidencia, porque además es un informe que fue construido con aportes de la sociedad civil y que está en sintonía con lo que nosotras vemos”.
“Lo importante es también qué se hace con estos informes. ¿Cómo hacemos que estas recomendaciones se las apropien los Estados y efectivamente las implementen?»
— Verónica Ferrari, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
Un informe como este, dijo Htaike Htaike Aung, “es una estructura que va a estar ahí. Una especie de testimonio. Y espero de verdad que mucho de esto pueda traducirse en rendición de cuentas”.
Esperanza desde abajo
Para Ferrari, la esperanza vive en las redes comunitarias: conectividad construida y gestionada por las propias comunidades, herederas digitales de las radios comunitarias donde ella empezó.
“Estas iniciativas permiten conectar a escuelas o centros comunitarios en zonas remotas, a las que no llegan las empresas privadas porque no son rentables”, dijo. “Y son, en palabras de las mismas personas que forman parte de estos proyectos, experiencias transformadoras para la comunidad”.
La esperanza vive también, dijo, en las redes que las personas defensoras construyen para protegerse entre sí.
“También pensando en defensoras de derechos humanos, tiene que ver con estas redes de solidaridad, que pueden ser formales o informales: las líneas de atención ante casos de violencia, cómo las comunidades, los grupos, la sociedad civil se terminan organizando en términos de solidaridad, de resistencia”, añadió Ferrari.
Es lo que el informe pide a todas las personas que trabajan por proteger a quienes defienden derechos: que los grupos de derechos digitales, las organizaciones de protección, el mundo académico, el periodismo y los especialistas técnicos trabajen juntos para detectar, estudiar y responder a los riesgos tan rápido como las nuevas herramientas los crean.
El equipo de Htaike Htaike Aung ya lo hace, y comparte lo que aprende. “Hay mucho que aprender unos de otros”, dijo. “Tenemos mucho que compartir con otros países y con otros mecanismos”.
Su organización y otros grupos de derechos digitales están redactando los Principios de Derechos Digitales de Myanmar, un documento que quieren que firmen los futuros actores estatales y la sociedad civil, y que “reconoce los derechos digitales e internet como un derecho humano, la privacidad, la agencia”.
Es una lección que Myanmar aprendió por las malas, dijo Htaike Htaike Aung.
“Llevábamos tiempo diciéndole a la gente que internet es un derecho humano y que los derechos digitales son derechos humanos. Cuando la gente no vive las cosas, no las entiende”, añadió. “Pero cuando ocurrió el golpe, de repente hubo apagones de internet y la gente pensó: ‘esto es una violación de derechos humanos’. Internet es un derecho humano. La gente empezó a entenderlo”.
Esa comprensión es lo que el informe describe como la otra cara de la historia. A medida que la tecnología transforma los riesgos, siguen surgiendo nuevas formas de defender derechos: ingenieros, programadores, denunciantes y otras personas que exponen abusos y trabajan no solo para responder a las amenazas, sino para rediseñar el propio espacio digital: más seguro, más confiable y más difícil de volver contra las libertades y la privacidad de la gente, ya sea por parte de Estados o de empresas.
Veinte años después de que un apagón le enseñara por primera vez lo que vale la información, Htaike Htaike Aung ya está escribiendo las reglas para el día en que vuelva la luz.
FIN
Fuente: OHCHR