SANTIAGO (9 de marzo de 2026) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, participó en la presentación del Informe Anual sobre la situación del derecho a la manifestación en Chile 2025, elaborado por la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.
En el evento, realizado el 4 de marzo en la Casa Memoria José Domingo Cañas, Jarab entregó su evaluación sobre el estado en el país del derecho a la libertad de reunión pacífica – que incluye el derecho a la manifestación, protesta, concentración, huelga y marchas – identificando avances, aunque también brechas y desafíos persistentes en la normativa nacional y su implementación.
El Representante valoró la labor de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos y destacó la metodología de observación y sistematización de evidencia del informe, que combina registros audiovisuales y fotográficos trazables, relatos cronológicos minuto a minuto en terreno, georreferenciación de hechos, y una ficha estructurada de análisis con 106 indicadores construidos a partir de estándares internacionales de derechos humanos.
“Esto transforma el monitoreo en un proceso comparable, replicable y técnicamente defendible, no solamente en Chile, sino que también podría ser aplicable a cualquier país de la región y por qué no, del mundo”, resaltó Jarab.
En esa línea, también destacó el énfasis del informe sobre la necesidad de emplear un enfoque que facilite el ejercicio del derecho a la reunión, para dejar atrás el de enfoque predominante del control de orden público, tal como lo mencionó la Relatora Especial sobre Libertad de Reunión tras su visita el país el año pasado.
El Representante reconoció las mejoras de varios protocolos que rigen la labor de Carabineros, pero también expresó su preocupación de que el derecho a la reunión pacífica sigue regulado por un decreto que data de la dictadura (Decreto 1086 del 1983), mismo que instala un régimen de autorización de facto y resulta en la dispersión de manifestaciones no notificadas. “Esta situación no está acorde a los estándares internacionales de derechos humanos,” subrayó.
En un plano comparado regional, Jarab se refirió al uso indebido o excesivo de la fuerza, incluyendo el uso inapropiado de las armas menos letales; a los intentos de reducir la rendición de cuentas, tales como la ley Nain-Retamal en Chile; y a la falta de protección adecuada de la labor de observadores, personal de salud y periodistas.
En el panel de presentación del informe también participaron Claudio Nash, académico de la Catedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Pamela Meléndez, integrante de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez, y Gabriel Marín, miembro de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, y contó con la moderación de Marta Cisterna-Flores, coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos y directora de la Casa de Memoria José Domingo Cañas.
FIN
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