“Vivir en [nuestro] territorio hoy día es resistir, estar en resistencia continuamente para poder sobrevivir”, dijo Zulema Mancilla, integrante de la comunidad indígena colla de Pastos Grandes en la Región de Atacama, en el norte de Chile.
Su territorio se ubica en la alta cordillera, en torno al Salar de Maricunga, un ecosistema altoandino rodeado de volcanes, lagunas de altura, vegas y bofedales. Allí, el agua no fluye hacia el mar, sino que se acumula y evapora en el salar, formando un equilibrio extremadamente frágil entre las napas subterráneas, el desierto salino y los escasos cursos de agua que sostienen las actividades tradicionales.
“Tenemos bastante problema con el agua. Como [las empresas mineras] chupan las napas subterráneas, desde arriba llega poca agua abajo, donde nosotros resistimos, vivimos”, expresó Mancilla. “Nunca vamos a estar contentos de que nos vengan a contaminar y extraer los recursos naturales de nuestro territorio”.
Pero Mancilla también dijo que, si pueden incidir, si pueden ayudar, entonces pueden proteger un poco su territorio. Para ella es alentador poder incidir y el hecho de que lograron plasmar sus inquietudes en las condiciones y cláusulas del contrato para la operación del litio en sus territorios.
En el debate internacional sobre transición energética, el litio es presentado como un mineral estratégico para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Chile es uno de los principales productores mundiales. A medida que el mundo acelera su descarbonización, la demanda global de litio crece.
“Pero en los salares altoandinos — territorios habitados por Pueblos Indígenas colla, quechua, aymara y atacameño — esa expansión adopta otra dimensión: agua, territorio, continuidad cultural”, dijo Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Agua, subsistencia y cosmovisión
Más al norte, en el altiplano de Tarapacá, la comuna de Colchane se encuentra a más de 3.600 metros de altura, en una zona fronteriza con Bolivia. Allí, comunidades aymara dependen del pastoreo de llamas y alpacas, del cultivo de quinua y de los bofedales, humedales de altura que permiten la subsistencia en una de las regiones más secas del planeta.
“Nuestros animales toman en esas aguas donde está el salar, y además nosotros también bebemos, tenemos agua dulce ahí”, dijo Juana Mamani Flores, integrante de la comunidad Panavinto, ubicada en un salar en el límite con Bolivia donde confluyen ríos, zonas de pastoreo y cultivos de quinua reconocidos por su calidad.
“Si se llega a hacer efectivo esto del litio, va a ser una zona de sacrificio enorme para nuestro pueblo”, añadió.
Para Eva Mamani, también de Panavinto, el territorio no es solo recurso, sino vínculo espiritual.
“Mi abuela me transmitía que las aguas tienen espíritu, los arbustos tienen espíritu, los cactus, que todo tiene espíritu, los cerros tienen espíritu”, dijo Eva Mamani. “Desde esa visión, yo creo personalmente que tengo que defender mi territorio”.
Para ONU Derechos Humanos, estas voces revelan algo central para el debate global: que los territorios donde se extrae litio no son desiertos vacíos, sino espacios con continuidad cultural, economías de subsistencia y cosmovisiones vivas.
Energía limpia con impactos complejos
Las comunidades no desconocen la crisis climática ni el argumento de la energía limpia. Sin embargo, la conversación cambia cuando se aterriza en los impactos locales.
Samuel García, dirigente aymara de Colchane, dijo que por una parte es bueno generar una energía limpia para el mundo, pero que ello tendrá consecuencias para algunas personas.
“No tenemos un estudio específico y real del daño que podría provocar la extracción del litio”, aseguró García.
Ante la incertidumbre, las comunidades buscan información confiable que les ayude a tomar decisiones cruciales. Para Rafael Mamani, también dirigente aymara que cuenta con experiencia previa en minería de cobre, los Pueblos Indígenas están en una posición de bisagra: sus acciones no solo afectan el presente, sino también la subsistencia de sus culturas ancestrales.
La pregunta no es si el litio es necesario para la transición energética, sino en qué condiciones se extrae y quién asume los costos. Para Jarab la respuesta pasa por el respeto de estándares internacionales de derechos humanos.
ONU Derechos Humanos ha asumido un rol activo convocando a líderes indígenas, autoridades estatales y actores internacionales para abordar las dimensiones de derechos humanos vinculadas a la extracción de litio.
A través de diálogos multiactor en el denominado “triángulo del litio” — zona ubicada en los límites entre Chile, Argentina y Bolivia que concentra más del 50% de las reservas mundiales del mineral — la Oficina ha promovido la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos y ha brindado asistencia técnica para asegurar que las políticas de transición energética estén alineadas con las obligaciones en esta materia.
Enmarcando el debate en términos de una “transición justa”, la Oficina ha advertido que, sin salvaguardas adecuadas, el impulso hacia energías limpias corre el riesgo de consolidar patrones de extractivismo y desigualdad en lugar de superarlos.
“Hay que garantizar a las comunidades potencialmente afectadas la participación en la toma de decisiones y el derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, dijo Jarab.
“Son las propias comunidades quienes mejor conocen sus necesidades y saben cuidar el medio ambiente a nivel local”, añadió.
De acuerdo con ONU Derechos Humanos, los procesos de consulta respecto de proyectos extractivos son mecanismos cuya aplicación debería permitir a los Pueblos Indígenas alcanzar acuerdos favorables a sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, participar justa y equitativamente de los potenciales beneficios, y contribuir activamente a la evaluación de los posibles efectos de la actividad propuesta y a la búsqueda de alternativas menos dañinas o de medidas de mitigación.
“No puede ser que un proceso que beneficie eventualmente a la humanidad en su conjunto sea desarrollado con daños ambientales y con costos dramáticos para las comunidades locales”, dijo Jarab.
El rol de las empresas y del Estado
Para la Oficina, la transición energética implica responsabilidades empresariales.
Desde hace 15 años, ONU Derechos Humanos promueve los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, que identifican las obligaciones de los Estados en el contexto de actividades empresariales y la responsabilidad de las propias empresas de respetar los derechos humanos.
Esta responsabilidad incluye contar con políticas y procedimientos apropiados, con el compromiso de respetar los derechos humanos, la debida diligencia y procesos que permitan reparar todos los daños a los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
“Aunque tanto las empresas estatales como las privadas deben respetar los derechos humanos, en el caso de las empresas estatales se espera un actuar ejemplar y que el Estado adopte medidas adicionales para prevenir abusos”, añadió Jarab.
Una pregunta que trasciende Chile
Jarab dijo que el debate que hoy atraviesan los salares altoandinos no es únicamente chileno. Es una cuestión más amplia: cómo garantizar que la transición energética — considerada urgente frente al cambio climático — no reproduzca patrones históricos de extractivismo donde los beneficios se globalizan y los costos se territorializan.
En ese contexto, el debate no se limita a la explotación de un mineral, sino al modelo de desarrollo que guía la transición energética.
Como lo han señalado ONU Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, el desarrollo sostenible debería basarse en un modelo socioeconómico diferente que priorice la reducción de las desigualdades por encima de un enfoque exclusivo en el crecimiento económico y que aborde el consumo excesivo en lugar de tratarlo como un componente del crecimiento.
“O seguimos conservando o nos vamos por la economía monetaria”, dijo Mamani.
Según el Representante, en la era del litio, la transición energética no solo pone a prueba la capacidad tecnológica del mundo, sino también su coherencia ética. ¿Puede el mineral que promete acelerar la descarbonización del planeta ser extraído sin comprometer el agua, la cultura y la vida de quienes habitan los territorios donde se encuentra?
Al final, sostuvo, la coherencia de una transición energética justa se medirá en su capacidad de avanzar sin vulnerar los derechos humanos.
FIN
Fuente: OHCHR
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