BUENOS AIRES (2 de octubre de 2025) – Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, el Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, realizó una visita a Argentina para participar en actividades y reunirse con contrapartes relevantes para la promoción y vigencia de los derechos humanos en el país.
Jarab visitó el país para participar en el Seminario Regional “Prevención y erradicación de la tortura en América Latina”, coorganizado por ONU Derechos Humanos junto al Comité Nacional de Prevención de Tortura (CNPT) de Argentina y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
El Representante también sostuvo reuniones con interlocutores del poder Ejecutivo y Legislativo, operadores de justicia y sociedad civil, sobre temas como los derechos de los Pueblos Indígenas, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de libertad y la institucionalidad nacional en materia de derechos humanos. En dichas reuniones, el Representante fue acompañado por la Asesora Nacional de Derechos Humanos en Argentina, Valeria Guerra.
En reunión con el presidente del Instituto Nacional Indígena (INAI), Claudio Avruj, se abordaron temas como la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales en Argentina, como también los riesgos de derechos humanos que representan proyectos de inversión de gran escala, como el Corredor Bioceánico. Jarab también compartió preocupaciones sobre el riesgo de desalojos forzosos de las comunidades indígenas tras la reciente adopción del decreto 1083/2024.
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— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) October 3, 2025
🔸Jefe de @ONU_derechos Jan Jařab visitó Buenos Aires esta semana, para participar en actividades y reunirse con contrapartes relavantes en la promoción y vigencia de los #DerechosHumanos en el país.
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El Representante también se reunió con el secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nahuel Sotelo, para informar sobre su misión y discutir varios temas de interés común para ONU Derechos Humanos y el Estado argentino.
Por parte del Poder Legislativo, Jan Jarab sostuvo una reunión con el Senador Daniel Ricardo Kroneberger, presidente de la Comisión Bicameral para la Elección del Defensor del Pueblo en el Congreso argentino. En dicha reunión, el Representante recibió información sobre los avances en los procesos para nombrar los puestos vacantes de Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario de la Nación.
Cooperación con contrapartes
El Representante también fue recibido por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para abordar temas comunes como la capacitación en el uso de protocolos internacionales en materia de derechos humanos, como Estambul y de Minnesota. Ambos dedicaron particular atención al tema de mujeres privadas de libertad por microtráfico de drogas, incluyendo problemáticas como la violencia y extorsión que suelen enfrentar y los impactos negativos de las tendencias híper punitivas de la política penal.
La reunión con Juan Manuel Olima Espel, secretario para la Cooperación Institucional del Ministerio Público Fiscal, se enfocó en la cooperación entre ambas instituciones en ámbitos tales como la adaptación para Argentina del Protocolo Latinoamericano de investigación de feminicidios, la investigación de violencia institucional, entre otros asuntos.
Durante su visita, además, Jarab sostuvo una reunión con diversas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y expresó su apoyo a la constante lucha por sus derechos que están realizando, tanto en el contexto de desafíos crónicos como actualmente con problemáticas como en el tema de la ley de emergencia en discapacidad.
Finalmente, el Representante se reunió con el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), con presencia del Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. En la reunión se abordaron temas que representan amenazas para los Pueblos Indígenas – desalojos forzosos, la extracción de litio y la actividad de otras industrias en áreas habitadas y la falta de protección frente a inversionistas extranjeros, contenida en el nuevo régimen de inversiones (RIGI) adoptado en el país.
FIN
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