19 de septiembre de 2025 – El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, publicó una columna de opinión reflexionando sobre las obligaciones del Estado en materia de violaciones de derechos humanos, como también en materia de los derechos de las personas privadas de la libertad, con énfasis en la prisión preventiva. El texto fue publicado en el diario «La Razón» de Bolivia.
Revise la columna a continuación:
El Estado boliviano tiene la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Senkata y Sacaba en 2019. Así lo hemos enfatizado recientemente junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupados por la posibilidad de impunidad a raíz de las recientes declaratorias de nulidad de los procesos judiciales contra policías y militares sindicados en dichos casos. Se trata de obligaciones ineludibles que el Estado boliviano tiene de cara a su propia legislación y a las normas internacionales de derechos humanos.
De otro lado, el reciente levantamiento de la prisión preventiva decretada a tres figuras políticas gatilló malestar en muchas personas privadas de su libertad. Ello, pues más allá de los casos de alta notoriedad pública, Bolivia tiene un problema gigantesco con la sobreutilización de la prisión preventiva: alrededor de 58% de los privados de libertad están en la espera del juicio durante años, hasta por más de una década. Muchas de estas personas permanecen en prisión preventiva —en condiciones degradantes, de hacinamiento— más tiempo que el máximo de la sentencia que potencialmente enfrentan.
En un Estado de derecho, donde debe regir la presunción de inocencia, urge que se utilice la prisión preventiva como lo que es: una medida cautelar —no una pena anticipada—, teniendo presente que la persona que cometió un ilícito no debe ser privada de su libertad por un día más de lo que dicta su sentencia.
Algunas autoridades reaccionaron a esta discusión comprometiendo avances en la revisión del debido proceso en todos los casos. Son anuncios alentadores que urge transformar en acción de forma responsable y sostenible, pues hasta la fecha la problemática no ha sido abordada de forma sistemática como lo exige la grave situación penitenciaria en el país.
Seamos claros: garantizar el debido proceso para todos es una obligación perfectamente compatible con la obligación de asegurar la debida investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2019, tales como las masacres de Senkata y Sacaba. Unas violaciones de derechos humanos no se compensan por otras y ninguna debe ser interpretada en clave partidista: las garantías de derechos humanos, la justicia, el debido proceso aplican para todas las personas, sin discriminación.
(*) Jan Jarab es representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur
Fuente: Justicia y debido proceso en Bolivia, por Jan Jarab – La Razón (Bolivia)
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