GINEBRA (15 de agosto de 2025) – Una experta independiente en derechos humanos* ha expresado hoy su profunda preocupación por las denuncias de amenazas, intimidación y presión política por parte de altos funcionarios públicos contra la Corte Constitucional de Ecuador y sus integrantes.
“Cuando altos funcionarios califican a los jueces de ”enemigos de la ciudadanía“, por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del poder judicial”, afirmó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. “Esos comentarios, especialmente cuando se producen tras decisiones judiciales oficiales y son formulados por personas encargadas de salvaguardar la separación de poderes, pueden ejercer una influencia significativa en la percepción que tiene la ciudadanía del poder judicial“.
El 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente algunos artículos de leyes recientemente promovidas por el Presidente, con el fin de evitar posibles violaciones de los derechos fundamentales mientras se revisaba su constitucionalidad.
El 12 de agosto, una marcha encabezada por el Presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional aumentó aún más la presión. Cientos de autobuses llegaron a la capital, y se reportó un notable despliegue de fuerzas de seguridad. A través de un comunicado público, la Corte denunció que la valla de seguridad que rodeaba sus instalaciones fue retirada y reportó una presencia inusual de personal militar en el exterior de las mismas. Los manifestantes portaban pancartas similares en las que se leía: ”jueces corruptos“. Se exhibieron carteles gigantes con los rostros y nombres de los jueces y juezas constitucionales y pancartas, colocadas en varios puntos del recorrido, en las que se les acusaba de ”robar la paz“ al país.
“Estoy profundamente preocupada por las declaraciones e iniciativas del Gobierno que parecen tener la intención de desacreditar, desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo, la labor de la Corte Constitucional. También me alarma la presencia de vallas publicitarias y pancartas que difunden información errónea y estigmatizan la labor de los jueces y juezas”, afirmó Satterthwaite.
”Todas las instituciones gubernamentales y actores relevantes tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del poder judicial. Esto implica protegerlo de la intimidación y la injerencia política, y garantizar que todos los funcionarios judiciales puedan desempeñar plenamente sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso, injerencia indebida o sanciones”.
“Si bien en una democracia es posible que haya desacuerdo con las decisiones judiciales, los líderes políticos y las personas que ocupan cargos públicos tienen una enorme responsabilidad debido a su capacidad para influir en la agenda de los medios de comunicación, el debate público y la opinión”, afirmó la Relatora Especial.
“Deben trabajar para garantizar la confianza del público en los sistemas democráticos de gobierno, no para socavarla”, añadió.
En los días previos a la marcha, altos funcionarios – incluyendo una Ministra del Gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional – señalaron la sentencia de la Corte como una amenaza para la seguridad nacional y la acusaron de estar ”del lado de los enemigos del pueblo“. El mismo día, el Presidente anunció que el referéndum nacional, previsto para el 14 de diciembre de 2025, incluiría una propuesta de enmienda constitucional para permitir procesos de destitución contra los jueces de la Corte Constitucional. El 6 de agosto, un ministro del Gobierno reiteró en la televisión nacional que la Corte era ”enemiga de la ciudadanía”.
”Estas declaraciones podrían constituir intentos de socavar la independencia judicial, lo que tendría un efecto disuasorio sobre la capacidad de los jueces para actuar con independencia y libre de presiones externas“, afirmó Satterthwaite.
Instó a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de declaraciones y acciones que pudieran socavar la independencia judicial, a garantizar que todos los poderes del Estado respeten y cumplan las sentencias de la Corte, y a proteger a los jueces y juezas de amenazas, represalias y difamación pública.
La Relatora Especial ha estado en contacto con el Gobierno de Ecuador en relación con estas preocupaciones.
FIN
*La experta : Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.
Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de los Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es.
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación póngase en contacto con [email protected].
Para consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Maya Derouaz ([email protected]) y Dharisha Indraguptha ([email protected]).
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.