SANTA CRUZ DE LA SIERRA (12 de noviembre de 2024) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se reunió con autoridades tradicionales de la Nación Chiquitana, de Bolivia, quienes expresaron su preocupación por el presente y el futuro de sus territorios ancestrales y del medio ambiente en su región.
En particular, las autoridades chiquitanas -pertenecientes a las comunidades de Alto y Bajo Paragua, y de la Central Indígena Turubó- manifestaron su malestar por los avasallamientos e invasiones en sus territorios por parte de personas desconocidas, con intentos de explotar las tierras económicamente a corto plazo, causando deforestación y otros graves daños ambientales.
En el encuentro, que llevó a cabo el 11 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, los líderes indígenas también reclamaron por la entrega de tierras a personas y comunidades foráneas por parte de autoridades del Estado que apoyan un modelo de desarrollo agrícola y ganadero que, si bien puede generar ganancias económicas, no es apropiado para la región y no es sostenible.
Destacaron que las poblaciones chiquitanas practican la agricultura sostenible y que quieren continuar desarrollando su modo de vida tradicional, y no convertirse en empleados de la agroindustria o ser obligados a abandonar sus territorios e integrar los «cinturones de pobreza» en áreas urbanas.
Sin embargo, aseguraron que se enfrentan cada vez más a deforestación, escasez de agua, contaminación por agroquímicos y otros impactos dramáticos de un modelo de desarrollo cortoplacista. También hicieron referencia a la extensa privatización de tierras alrededor de los ríos y la falta de acceso al agua para el riego de sus cultivos.
En particular, las autoridades tradicionales resaltaron los catastróficos impactos de los incendios recientes -incluso, graves impactos en la salud y fallecimiento de sus familiares- y su vínculo con la legislación conocida como «paquete agrario incendiario».
En respuesta al relato de los líderes chiquitanos, el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, que estuvo acompañado en el encuentro por la consultora en temas de derechos de Pueblos Indígenas, Felicidad Ibarra, expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y el compromiso de la Oficina de apoyarlas en el diálogo con las autoridades del Estado boliviano y con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
«Es un tema que levanta graves preocupaciones desde la perspectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas, del derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano y otros. Los derechos de los Pueblos Indígenas no deben ser sacrificados por intereses económicos de corto plazo», resaltó.
«Junto con otras agencias de las Naciones Unidas, la Oficina respalda un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, respetuoso del medio ambiente. Estamos conscientes de la dimensión trágica de los incendios recientes y de la urgente necesidad de reformar la legislación nacional en esta materia, derogando el llamado paquete incendiario», agregó.
En su visita a Santa Cruz, Jarab también se reunió con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, para seguir con las discusiones sobre los incendios y sus impactos en los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas, entre otros asuntos.
FIN
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