SANTIAGO (21 de noviembre de 2023) – El Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, acompañado por el equipo de la Oficina Regional, se reunió en Santiago de Chile con la Senadora Fabiola Campillai y con otras víctimas de la violencia estatal ocurrida en el contexto de las masivas protestas iniciadas en el país en octubre de 2019.
En la reunión, las víctimas y sus familiares compartieron sus experiencias respecto a los avances y situaciones pendientes en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de repetición.
Respecto de las materias pendientes, identificaron obstáculos para la acreditación de su calidad de víctimas, así como desafíos en los criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia y limitaciones en términos de capacidad institucional para atender sus necesitades en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos. De manera general, reconocieron que el nuevo Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO) representa un progreso frente al programa anterior, pero aseguraron que existen necesidades que siguen desatendidas.
En el encuentro, realizado el 16 de noviembre en el edificio del ex Congreso Nacional, varias de las víctimas del abuso de la fuerza policial acusaron secuelas psicológicas de los traumas que sufrieron, lo que se suma a situaciones de acoso en su lugar de trabajo o de estudios. En ese sentido, enfatizaron la necesidad de adoptar una ley de reparación integral que cumpla con los estándares internacionales.
Aunque las víctimas y familiares de victimas reconocieron que en casos específicos se ha llegado a la justicia, expresaron preocupación por algunos que aparentemente quedarían en la impunidad debido a que supuestamente no habría pruebas suficientes. Al respecto, aseguraron que los fiscales no investigan todos los casos con debida diligencia, lo que ha favorecido los sobreseimientos de causas. Además, denunciaron intentos de intimidación por parte de servidores públicos, incluyendo policías de las mismas unidades de quienes les violentaron durante el llamado “estallido social”.
Las víctimas también expresaron preocupación por la continua violación del derecho a la reunión pacífica, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones y las agresiones en contra de integrantes de brigadas voluntarias de salud. Por tales motivos, se abordó la urgencia de que Chile cuente con una ley sobre derecho de reunión pacífica que reemplace el anacrónico decreto vigente desde los años de dictadura.
En sus intervenciones, algunas víctimas enfatizaron además la necesidad de contar con una Comisión de Verdad y Memoria sobre el estallido social, debido al resurgimiento de un discurso que criminaliza a los participantes de las protestas.
Por su parte, Jan Jarab expresó, en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, su máxima empatía y solidaridad con las víctimas. Por lo mismo, se comprometió a mantener siempre abiertas las puertas para el diálogo, como también a proveer asistencia técnica para la elaboración de un proyecto de ley en materia de reparación integral, a acompañar a las víctimas en sus intercambios con los poderes del Estado y a reunirse de nuevo para seguir el avance de sus casos.
En tal sentido, el Representante Regional y su equipo también ofrecieron a la Senadora Campillai y a las demás víctimas información sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Tras la reunión, la Oficina fue informada que una víctima de la violencia estatal que participó de la instancia decidió poner fin a su vida. ONU Derechos Humanos lamenta profunda y sinceramente su irreparable pérdida, y manifiesta su preocupación por la situación de salud mental de las personas violentadas por agentes del Estado en el marco del estallido social.
FIN
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