SANTIAGO / QUITO (10 de febrero de 2023) – Un equipo de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con la organización Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka, de Ecuador, para recabar antecedentes sobre la situación de la comunidad indígena Waorani en Dicaro, provincia de Orellana.
En el encuentro, que se desarrolló de manera virtual, las organizaciones de sociedad civil señalaron que por décadas los proyectos petroleros operados por distintas empresas en Orellana han generado impactos en la zona.
En particular, indicaron que la comunidad Waorani de Dicaro, de reciente contacto y que habita en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, ha presentado alegaciones sobre violaciones a los derechos de la consulta previa libre e informada, al medio ambiente limpio, sano y sostenible, y a la salud –especialmente de niños y niñas–, así como otras relativas a la irrupción de fuerzas del orden al territorio y afectaciones al aislamiento de los pueblos Tagaeri y Taromenane, y su propio contacto inicial.
Tras documentar los antecedentes, ONU Derechos Humanos se comprometió a continuar el seguimiento del caso y la situación de la comunidad Waorani de Dicaro. También subrayó que el derecho internacional –incluyendo los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos– establece que los Estados tienen la obligación de proteger a las personas contra violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio por terceros, incluidas las empresas. Para ello, deben adoptar medidas dirigidas a prevenir, investigar, castigar y reparar los impactos negativos que se ocasionen en el marco de la actividad empresarial.
Durante la reunión se enfatizó además que todas las empresas, ya sean públicas o privadas, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas con el objeto de obtener su consentimiento libre, previo e informado, sobre todo cuando se adopten decisiones que tengan consecuencias directas sobre sus derechos e intereses colectivos, tales como la autorización de proyectos en sus tierras o en las proximidades.
ANTECEDENTES
La entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, tras su visita a Ecuador en 2018, publicó en su informe (A/HRC/42/37/Add.1) recomendaciones al Estado de Ecuador en el siguiente tenor:
“105. La Relatora Especial reitera las recomendaciones previamente hechas por la Relatoría Especial en relación con los pueblos en aislamiento tagaeri taromenane. Para garantizar el pleno respeto a sus derechos constitucionales, es necesario reconocer y proteger la integralidad de su territorio, y resolver las causas subyacentes de los hechos de violencia sucedidos en la zona, incluida la presión sobre sus territorios tradicionales de las actividades extractivas legales e ilegales.
106. La Relatora Especial recomienda que se actualice y cumpla cabalmente el plan de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), conjuntamente con las comunidades waorani. La anunciada política pública de protección deberá también elaborarse con dichas comunidades de manera inclusiva.
107. Es fundamental que se inicie un verdadero diálogo intercultural e inclusivo con los waorani para desarrollar un plan de paz que permita prevenir y resolver los conflictos a la vez que se garantizan los derechos de los pueblos indígenas.
108. En este sentido, la Relatora Especial considera que sería positivo que se considerase el archivo de la causa contra personas waorani por los hechos de 2013, teniendo en cuenta la falta de debido proceso y la indebida prolongación del juicio, entre otros problemas.”
FIN
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