Buenos días. Gracias a todos y todas por estar aquí hoy – en la sala y en línea.
Como saben, luego de cuatro años como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mi mandato termina la próxima semana, el 31 de agosto.
El mundo ha cambiado de manera radical durante el transcurso de mi mandato.
Considero que los tres principales problemas han sido el profundo impacto de la pandemia de COVID-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático, y las repercusiones de las crisis alimentarias, de combustible y financieras que ha ocasionado la guerra contra Ucrania.
La polarización dentro y entre Estados ha alcanzado niveles extraordinarios y el multilateralismo se encuentra bajo presión.
Importantes movimientos de protesta ocurrieron en todas las regiones del mundo, demandando el fin del racismo estructural, el respeto por los derechos económicos y sociales, y en contra de la corrupción, déficits de gobernabilidad y abuso de poder – en muchos casos acompañados de violencia, amenazas y ataques en contra de manifestantes y defensores de derechos humanos y a veces en contra de periodistas.
Algunos han conducido a verdaderos cambios en los países. En otros casos, más que escuchar las voces de la gente, los gobiernos han respondido reduciendo el espacio cívico para el debate y la discrepancia.
Durante los últimos meses – una vez que la situación relativa a COVID me permitió retomar mis visitas a países – he estado en Burkina Faso, Níger, Afganistán, China, Bosnia y Herzegovina, Perú y Bangladesh. He podido presenciar de primera mano el impacto del cambio climático, el conflicto armado, la crisis alimentaria, de combustible y financiera, la retórica del odio, la discriminación sistemática y los retos de derechos humanos en términos de migración, entre otros problemas.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha trabajado, en un sinfín de maneras, para ayudar a monitorear, defender y comprometerse con la protección y la promoción de los derechos humanos. Como he dicho anteriormente, en la ONU, el diálogo, el compromiso, la cooperación, el monitoreo, el informar y la defensa pública deben ser parte de nuestro ADN. Hemos trabajado para ayudar a disminuir las distancias entre gobierno y sociedad civil, para apoyar la implementación de las obligaciones de derechos humanos a nivel nacional y asesorar sobre reformas que puedan alinear leyes y políticas públicas con los estándares internacionales, expandir nuestra presencia en los países para tener una mejor posición para trabajar de cerca con las personas en el terreno. Hemos hablado de manera clara tanto en privado como en público sobre cuestiones específicas de ciertos países y sobre problemáticas más amplias. Y hemos visto avances.
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible por parte de la Asamblea General de la ONU el mes pasado marcó la culminación de muchos años de abogacía por parte de la sociedad civil. Estoy orgullosa del apoyo de mi Oficina y su fuerte respaldo a este movimiento a lo largo de mi mandato. Los eventos climáticos extremos de los últimos meses han impulsado poderosamente la necesidad existencial de actuar urgentemente para proteger nuestro planeta para las generaciones actuales y futuras. Cubrir esta necesidad es el mayo reto de derechos humanos en esta era – y todos los Estados tienen la obligación de trabajar juntos en esto, y predicar con el ejemplo para implementar por completo el derecho a un medio ambiente sano. La respuesta a la triple crisis planetaria de contaminación, cambio climático y pérdida de la biodiversidad debe estar centrada en los derechos humanos, incluyendo los derechos a la participación, el acceso a la información y la justicia, y atendiendo el impacto desproporcionado de los daños ambientales en las personas más marginadas y en desventaja.
También ha habido un progreso sostenido hacia la abolición de la pena de muerte – aproximadamente 170 Estados han abolido o introducido moratorias a ejecuciones, en la ley o en la práctica, o las han suspendido por más de 10 años. La República Centroafricana, Chad, Kazajstán, Sierra Leona y Papúa Nueva Guinea están entre los Estados que han dado pasos hacia la completa abolición de la pena de muerte. Otros estados, incluyendo a Liberia y Zambia, están considerando activamente la abolición. Malasia ha anunciado que abolirá la pena de muerte preceptiva en el país, incluida la de delitos relacionados con drogas. Hoy en día, 90 Estados han ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tratado internacional clave que prohíbe el uso de la pena de muerte. Sin embargo, sigue habiendo preocupaciones sobre el uso creciente o el reinicio de la pena capital en otros países, incluyendo Irán, Arabia Saudita, Myanmar y Singapur, y otros como China y Vietnam continúan clasificando datos como secreto de Estado, limitando la posibilidad de escrutinio.
Desde el inicio de mi mandato he insistido en lograr un mayor reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos económicos sociales y culturales con los derechos civiles y políticos. Los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania han evidenciado esta interdependencia.
Los Estados deben sacar lecciones de la pandemia y de la actual crisis alimentaria, de combustible y financiera para diseñar medidas de largo plazo para construir sistemas de salud pública universal y protección mejores y más fuertes. La cobertura de protección social debe facilitar el acceso a la atención médica, proteger a las personas de la pobreza y asegurar derechos económicos y sociales esenciales, incluyendo la alimentación, el agua, la vivienda, la salud y la educación. También hago un llamado a los Estados a adoptar medidas proactivas, incluyendo subsidios a al comida, la agricultura y el combustible, para mitigar el impacto de las crisis.
Todo esto debe ser diseñado con las personas como parte de la solución, a través de la inversión en canales incluyentes, seguros y significativos para el debate y la participación a todos los niveles.
Gobernar es duro – lo sé porque he sido Presidenta dos veces de mi país, Chile. Siempre hay muchas demandas urgentes, retos y problemas que atender. Pero gobernar significa priorizar – y los derechos humanos deben ser siempre una prioridad. En muchas situaciones que mi Oficina ha cubierto, ha habido falta de voluntad política para dar los pasos necesarios para realmente abordar las situaciones de frente. La voluntad política es clave – y cuando hay voluntad, hay un camino.
Los Estados a menudo invocan sus contextos particulares cuando enfrentan acusaciones de haber violado los derechos humanos y cuando son llamados a dar los pasos necesarios para atenderlas. El contexto es sin duda importante – pero el contexto nunca debe ser usado para justificar violaciones de derechos humanos.
En muchas instancias, la defensa sostenida de cuestiones clave de derechos humanos, anclada en las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos, da frutos. Este mes en Colombia, la administración entrante se ha comprometido en cambiar su enfoque en la política de drogas – de una óptica punitiva a una más social y de salud pública. Atendiendo una de las causas profundas de la violencia en Colombia, este enfoque podría ser instrumental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan drogas, tanto en Colombia como de manera global. Mi Oficina ha estado abogando – de manera global – por una política de drogas con enfoque de derechos humanos y está preparada para ayudar.
La movilización mundial de las personas a favor de la justicia racial, en particular durante 2020, ha forzado a un tardío ajuste de cuentas con la discriminación racial y ha inclinado los debates para poner el foco en el racismo sistémico y las instituciones que lo perpetran. Hago un llamado a los Estados para que aprovechen este momento y logren un punto de inflexión a favor de la justicia y la igualdad racial.
Mi Oficina está trabajando en un segundo informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta problemática que será presentado el próximo mes.
Siempre he buscado – incluso en las problemáticas más difíciles – fomentar el diálogo para abrir la puerta a más intercambios. Esto significa escuchar así como hablar, mantener nuestros ojos y oídos atentos al contexto, identificar puntos de entrada y bloqueos, y tratar de construir confianza de manera incremental, incluso cuando parece poco probable.
Durante mis cuatro años como Alta Comisionada, he tenido el privilegio de hablar con muchas personas defensoras de derechos humanos valientes, enérgicas y extraordinarias:
Las valientes e indomables defensoras de derechos humanos en Afganistán;
Las determinadas madres de las personas desaparecidas en México;
El inspirador equipo que trabaja en un centro de salud en Bunia en la República Centroafricana, atendiendo víctimas de violencia sexual;
La sabiduría y la fuerza de los pueblos indígenas en Perú, que están en la primera línea del cambio climático, la minería y la tala forestal ilegales, y defiende sus derechos a pesar de enfrentar serios riesgos;
Y la empatía y generosidad de las comunidades que albergan a personas desplazadas internamente en Burkina Faso.
Encontré aliados en los líderes de comunidades tradicionales en Níger, quienes estaban trabajando en sus propias maneras de hacer avanzar los derechos humanos en sus comunidades; conocí jóvenes de Malasia, Suecia, Australia, Costa Rica y otros lugares, cuyo ingenio, creatividad y ambición eran palpables;
Compartí el dolor de un padre en Venezuela que me enseñó las medallas deportivas que su hijo adolescente había ganado, antes de que lo mataran durante las protestas de 2017;
Y compartí las lágrimas de una madre que conocí en Srebrenica, quien, por 27 años, mantuvo la esperanza, tras la desaparición de su hijo, de encontrar algún día sus restos y depositarlos junto a la tumba de su padre.
La semana pasada, hablé con refugiados rohinyá en Cox’s Bazar.
Un maestro me contó que había recibido distinciones en todas sus clases en una escuela en Myanmar y que soñaba con ser doctor. En su lugar, había pasado los últimos cinco años en un campo de refugiados, pues había tenido que huir de su país – por ser rohinyá. “Todavía lloro algunas noches cuando recuerdo mi sueño,” me dijo, y añadió: “Mis amigos budistas ahora son doctores en Myanmar.”
Mi propia experiencia como refugiada fue mucho más cómoda, con los medios para continuar mi educación y con un buen estándar de vida – pero el anhelo por la tierra natal, el deseo de muchos de los rohinyá de regresar a su hogar tuvo un profundo impacto en mí. Desgraciadamente, las condiciones necesarias para que puedan regresar a sus hogares de manera voluntaria, digna y sostenida todavía no existen.
Hoy se cumplen cinco años desde que más de 700 000 mujeres, niños, niñas y hombres rohinyá fueron forzados a huir de Myanmar para ir a Bangladesh – y la catástrofe de derechos humanos en Myanmar continúa empeorando, con el ejército (el Tatmadaw) manteniendo operaciones militares en Kayah y Kayin, en el sureste; el estado de Chin en el noroeste; y las regiones de Sagaing y Magway en el corazón de Bamar. El uso del poder aéreo y la artillería en contra de comunidades y áreas residenciales se ha intensificado. Los recientes picos de violencia en el estado de Rakhine también parecieron indicar que la última área relativamente estable del país probablemente no pueda evitar un resurgimiento del conflicto armado. Las comunidades rohinyá frecuentemente se han encontrado en el medio de combatientes del Tatmadaw y de la Armada Arakan o han sido directamente blanco de operaciones. Más de 14 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.
Continuamos documentando graves violaciones de derechos humanos y serias violaciones del derecho humanitario internacional cotidianamente, incluida la represión contra manifestantes y ataques contra civiles, que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Insto a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre el ejército para que cese su campaña de violencia en contra del pueblo de Myanmar, para insistir en la rápida restauración del gobierno civil y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.
Ayer se cumplieron seis meses desde la agresión armada de Rusia. Seis inimaginables y terroríficos meses para el pueblo de Ucrania, 6,8 millones de personas han tenido que huir de su país. Millones más han quedado desplazadas internamente. Hemos documentado que al menos 5 587 civiles han sido asesinados y 7 890 heridos. De estas víctimas, casi 1 000 son niños y niñas.
Tras seis meses, continúan los enfrentamientos, entre riesgos casi impensables para los civiles y el medio ambiente, mientras las hostilidades se llevan a cabo cerca de la Planta Nuclear de Zaporiyia.
Hago un llamado al Presidente ruso para cesar el ataque armado contra Ucrania.
Es necesario que la planta de Zaporiyia sea inmediatamente desmilitarizada.
Ambas partes deben asegurar el respeto, en todo momento y en toda circunstancia, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La comunidad internacional debe insistir en la rendición de cuentas ante las numerosas y graves violaciones de derechos humanos documentadas, algunas de las cuales podrían llegar a constituir crímenes de guerra.
Me preocupa la reanudación de hostilidades en el norte de Etiopia. Los civiles ya han sufrido bastante y esto solo puede agravar su sufrimiento cuando ya están desesperadamente necesitados. Ruego al Gobierno de Etiopía y al frente de Liberación Popular de Tigray que trabajen por distender la situación y el cese inmediato de hostilidades.
También insto a la comunidad internacional a renovar su enfoque ante prolongadas – y a menudo olvidadas – crisis incluyendo la situación en Yemen, Siria, el Sahel y Haití.
E insto a mantener un apoyo continuado para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU y los Procedimientos Especiales de la ONU, que trabajan incansablemente en la defensa de las leyes y estándares internacionales de derechos humanos.
El camino de la defensa de los derechos humanos nunca termina – y la vigilancia ante los retrocesos es vital. Rindo homenaje a todos aquellos que, a su manera, están trabajando para defender los derechos humanos. Como mujer y como feminista de toda la vida, quiero rendir un tributo especial a las defensoras de derechos humanos, que han estado a la vanguardia de los movimientos sociales de los que nos hemos beneficiado todos nosotros. A menudo han sido quienes han puesto sobre la mesa las voces no escuchadas de las personas más vulnerables. Seguiré estando a su lado a mi regreso a casa en Chile.
Para terminar, me gustaría agradecer a los periodistas, de Ginebra y del resto del mundo, por el indispensable trabajo que hacen. Cuando nosotros en la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos levantamos una alarma, es crucial que esta suene alto y esto sólo es posible cuando los medios mundiales difunden las historias.
Gracias.
FIN
¿Te preocupa el mundo en el que vivimos? Entonces, levántate para defender los derechos de alguien hoy. #Standup4humanrights y visite la página web en: http://www.standup4humanrights.org/es
