El jefe de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, visitó la comunidad indígena Campo Agua’e Curuguaty y a las comunidades campesinas de Colonia Yerutí y Marina Cué, para conocer de primera mano la situación que enfrentan estos grupos en temas como regularización de tierras, contaminación, violencia y acceso a la Justicia. También se reunió con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil.
¿Cómo encontró la situación en las comunidades indígenas y campesinas que visitó?
– Estas comunidades que visitamos están cercas unas de otras, son las tres emblemáticas, Marina Cué por motivos obvios, las dimensiones de la tragedia ocurrida, y las demás porque son casos que resultaron en decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las decisiones en casos concretos de este comité no son muy frecuentes, por eso es importante que en estos casos se llegó a decisiones a favor de las personas, y obligan al Estado paraguayo a establecer medidas de reparación, no repetición y sancionar a los responsables.
¿Qué fue lo señalado en estos casos?
– Ambos casos tienen un denominador común, que es el tema del uso de agrotóxicos y la falta de protección de las personas que viven a lado de las plantaciones de soja, donde se arrojan estos agrotóxicos. En el caso de la Colonia Yerutí llegó a ocurrir un fallecimiento, el de Rubén Portillo en el 2011, que fue una decisión pionera en cuanto al tema derechos humanos y tóxicos, y generó atención internacional. En el otro caso se trata de indígenas que también son afectados.
¿Cómo encontró las medidas que se exigen al Estado paraguayo para que estos casos no se repitan?
– Todavía falta mucho para que se cumplan. El caso de la comunidad indígena Campo Agua’e, el fallo es reciente, es de octubre del año pasado, pero estamos pendientes de su implementación. El otro fallo es del año 2019, el caso de Colonia Yerutí. En ambos casos hemos escuchado los testimonios de las personas afectadas, y ellas nos dan cuenta de que los riesgos a los que están expuestos siguen. Sigue la fumigación sin que establezcan las medidas que ya existen en la ley nacional, que no se aplican, eso nos parece preocupante.
¿A qué se expone el país al no cumplir las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU?
– Nos comprometimos con las comunidades en hablar con las autoridades paraguayas para acelerar la implementación de las medidas que surgen de las decisiones del Comité, que no son meras recomendaciones, ya que en estos casos tienen un rol casi judicial, y tienen una estructura prácticamente de sentencia.
En el caso de la muerte de Rubén Portillo, ¿cuánto se avanzó?
– Resulta urgente la implementación de las medidas, porque la situación en la que vive la comunidad y, particularmente, la familia de la víctima sigue siendo preocupante, rodeados por los cultivos de soja, que se acercan cada vez más, según los testimonios, y no se estarían cumpliendo las medidas de protección, ni de reparación, ni tampoco se avanzó en la responsabilización de las personas que tuvieron que ver con la muerte de Portillo y otros daños sufridos.
¿Cómo ve el panorama general?
– Tenemos que ver esto desde un contexto más amplio, no son solo estos casos, estos son excepcionales por haber llegado a un órgano de tratado de las Naciones Unidas, pero son, al mismo tiempo, emblemáticos de un fenómeno, que es la presión sobre los pequeños agricultores, sean campesinos o indígenas, que ejerce el modelo de monocultivo de soja, y la desprotección que se genera.
¿Qué le dijeron en las reuniones con las autoridades del Estado paraguayo?
– Prácticamente, en todas las reuniones con las autoridades, se confirma la situación, nadie lo puede negar. También en el Senado, en una discusión de varias posiciones del espectro político, es innegable que el país tiene su problema estructural en una desigualdad socioeconómica muy profunda y también una desigualdad en el acceso a la Justicia.
¿Qué señalaron los representantes de la Justicia en este sentido?
– Las autoridades están conscientes de ello, incluso en esta reunión con el Poder Judicial hay una conciencia de que el sistema funciona de manera distinta para los más y menos privilegiados en la sociedad, hay una gran diferencia en el acceso a la Justicia. En este diagnóstico, no encontré diferencia en las reuniones entre nuestra perspectiva, tanto con el Poder Judicial como el Ejecutivo. De hecho fueron reuniones muy constructivas, y nos hemos comprometido en avanzar en capacitaciones y seguir cooperando con la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo. Todas las reuniones fueron muy constructivas, pero también resulta claro que, para que esto se transforme en una realidad en el acceso a la Justicia, aún falta mucho, y las autoridades son conscientes de ello. Hay un peso de intereses económicos que hace que cada avance resulte muy gradual.
En el caso de Marina Cué también hablamos de un caso emblemático. ¿Cómo ve la poca respuesta a diez años de los sucesos?
– Este caso es muy complejo y multifacético. Nosotros tenemos que empezar a hablar con varias autoridades para entender mejor las dimensiones de las cuales nos informaron los miembros de la comunidad. Yo en este momento no querría entrar en varios de los aspectos de esta complejidad en el asunto de la tierra y acceso a la Justicia. Evidentemente, ambos elementos siguen siendo muy emblemáticos en este caso, y nosotros estuvimos en la comunidad, y nos comprometimos a dar seguimiento en ambos temas. Nos parece, tal vez, que en el décimo aniversario de la tragedia, que es el próximo 15 de junio, podría ser un buen momento para anunciar varios pasos para resolver algunos de estos problemas, pero en este momento no puedo entrar en detalles, porque todavía queda pendiente dialogar con las autoridades. Entendemos la urgencia de resolver ambas dimensiones.
¿Existe algún plazo para el Estado paraguayo de cumplimiento?
– No, depende de qué caso hablamos. Por ejemplo, el tema del Comité de DDHH de la ONU es independiente de la Oficina del Alto Comisionado… Nosotros estamos en comunicación con las autoridades a través de asistencia técnica y otras formas de incidencia, que es el esfuerzo de visibilizar y empoderar a las comunidades que son víctimas de violaciones a los derechos humanos.
¿Se expone Paraguay a algún tipo de sanción?
– No estamos hablando de un esquema de sanciones, estamos, más bien, en una forma de diálogo, primero con el Estado paraguayo y sus mecanismo de DDHH, que revisan los cumplimientos de obligaciones adquiridas voluntariamente por los Estados, por lo que se presume la buena fe. Existen mandatos especiales y relatorías, también está el Examen Periódico Universal, donde los Estados se evalúan entre ellos… Para nosotros es clave la cooperación con la sociedad civil, en ambos casos que llegaron al Comité, acompañaron a las víctimas.
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