GINEBRA (22 de marzo de 2022) – Los expertos en derechos humanos de la ONU* han expresado su consternación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad al ex presidente Alberto Fujimori, afirmando que representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno.
«Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas», dijeron los expertos, señalando que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
La decisión del Tribunal Constitucional del 17 de marzo de 2022, y los argumentos que la sustentan, aún no se han hecho públicos. «A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra el Sr. Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias», dijeron.
El Sr. Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros. Su condena, tras un proceso judicial que cumplió con las normas nacionales e internacionales de un juicio justo, ha sido elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha contra la impunidad.
«La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al Sr. Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad,» dijeron los expertos.
El indulto concedido por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski se había justificado por razones humanitarias debido a la avanzada edad de Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó «serias preocupaciones» sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la concesión del indulto presidencial. En 2018, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto, lo que provocó su regreso a prisión. En 2021, el Sr. Fujimori presentó un recurso de habeas corpus para anular la sentencia de la Corte Suprema de 2018 que revocó el indulto.
Los expertos recordaron su comunicado de 2018 sobre la cuestión del indulto a Fujimori, donde subrayaron los requisitos concretos para la concesión de indultos por razones humanitarias que deben ser cuidadosamente observados para evitar la arbitrariedad.
«Sólo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos; sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”, señalaron.
«En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados». El Sr. Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en la prisión de Barbadillo.
Los expertos añadieron que la puesta en libertad anticipada de personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. «La comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de los beneficios procesales que favorecen a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para que esto no tenga el efecto de hacer ilusoria la justicia penal y minar la confianza de las víctimas y de la sociedad en el Estado de Derecho y en las instituciones de gobierno», señalaron.
No está claro cómo afectará la decisión del Tribunal Constitucional a las acusaciones y juicios pendientes contra Fujimori, incluidos los relativos a la matanza de Pativilca de 1992 y a las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas.
FIN
*Los expertos de la ONU: el Sr. Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Sr. Morris Tidball Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Luciano Hazan (Chair-Rapporteur), Aua Baldé (Vice-Chair), Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Vea el comunicado de prensa anterior publicado por los expertos de la ONU sobre este tema.
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