Extracto:
Han pasado más de dos años desde el 18 de octubre de 2019, cuando millones de personas en Chile salieron a protestar contra la desigualdad en el país. La sociedad chilena, a través de su participación activa en estas manifestaciones, hizo sentir fuertemente su clamor por más justicia, más equidad y más dignidad para todas las personas. En respuesta, el mundo político alcanzó en noviembre de 2019 el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y el Congreso ofreció un camino institucional a la crisis mediante una reforma constitucional que permitió el proceso constitucional en curso.
Un año después del inicio de las manifestaciones, el 25 de octubre de 2020, la sociedad chilena fue consultada y, mediante el sufragio, cerca del 80% de las personas electoras aprobó dos grandes decisiones: redactar una nueva Carta Fundamental en reemplazo de la vigente —heredada de la dictadura militar de 1973 a 1990, aunque modificada desde aquel entonces—, y que el órgano encargado de esta histórica tarea sería una Convención Constitucional, institución completamente nueva en la historia de Chile, autónoma y sin representantes de otros poderes o instituciones del Estado.
Con este antecedente, a partir del 4 de julio de 2021, los 155 representantes constituyentes elegidos democráticamente para conformar la primera Convención Constitucional paritaria del mundo, compuesta por 77 mujeres y 78 hombres, además de 17 escaños reservados para los diez pueblos indígenas del país, comenzaron a redactar una nueva Constitución. Los ojos del mundo se posaron en Chile para observar este histórico proceso.
Chile experimenta un momento histórico para hacer los ajustes pendientes y enfrentar el siglo XXI con una democracia sólida, inclusiva, moderna y justa. Un contexto que ofrece una oportunidad para reafirmar sus compromisos de cumplir con los derechos humanos y de acelerar su camino hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, sin dejar a nadie atrás.
El proceso constitucional chileno, inédito a nivel mundial, ha favorecido la participación de personas históricamente discriminadas, y ha buscado crear espacios de participación ciudadana a lo largo de todo el país y para todos y todas sus habitantes, incluidos pueblos originarios, personas privadas de libertad, personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, entre otros. Chile está frente a un proceso clave de definición política y de consolidación de un nuevo pacto social. Por esto reviste tanta relevancia que las normas de la nueva Constitución nazcan de una propuesta diseñada por un cuerpo diverso y representativo.
Desde la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Oficina que represento, observamos el proceso que hoy se vive con el mayor respeto y expectación. No es un elemento menor el simbolismo que se puede leer de este proceso que incuba un diálogo, una conversación, entre personas que quizás no se conocían, cuyas trayectorias de vida no se habían cruzado hasta este momento. Este es un espacio propicio para la confianza y esperanza y para establecer las bases que pueden sustentar un país mejor.
El respeto de los derechos humanos es un imperativo básico para la convivencia; sobre ello hay un consenso universal, que se refleja en el sistema jurídico internacional, para proteger la dignidad humana sin discriminación. Lograr incluir un enfoque de derechos humanos en la Constitución supone también la capacidad de permear al resto del ordenamiento jurídico e institucional, dando soporte a los derechos y garantías que en el nuevo texto se reconozcan.
Hoy, cuando la humanidad enfrenta desafíos dramáticos (tales como la pandemia y el cambio climático), resulta evidente la importancia de establecer reglas que hagan posible enfrentar de manera razonable y sostenible nuestra forma de vivir y desenvolvernos como seres individuales y como colectivos.
El proyecto “Chile: los derechos humanos al centro de la nueva Constitución”, que ha sido elaborado por la Oficina que lidero, constituye una contribución técnica al proceso constituyente, conforme con nuestro mandato de promoción y protección de los derechos humanos, facilitando orientaciones sobre los estándares internacionales del Sistema Universal y las recomendaciones de sus mecanismos de protección.
El centro del proyecto es una serie de documentos normativos cortos, claros y accesibles que resumen el marco normativo internacional de derechos humanos. En concreto, se enfocan en derechos específicos, prohibiciones y grupos especialmente vulnerables, cuya posición debe y puede ser atendida en la nueva Constitución. En total son 27 documentos, disponibles en esta publicación y de manera digital en el sitio acnudh.org/constitucion.
Tenemos la convicción de que el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las obligaciones que han derivado de ellos, pueden y deben ser considerados como mínimos de reconocimiento y protección. Esperamos aportar, con estos antecedentes, a que los derechos humanos estén en el corazón de la nueva Constitución y a que se cumplan las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en esta materia.
Desde la Oficina Regional del ACNUDH continuaremos apoyando al órgano constitucional y a la sociedad chilena en su camino hacia un nuevo pacto social que reemplace la lógica de privilegios y desigualdad por una basada en la dignidad y derechos, sin discriminación.
Les invitamos cordialmente a la lectura de los documentos normativos compilados en el presente volumen.
Descargar aquí: https://acnudh.org/wp-content/uploads/2022/02/Chile-los-derechos-humanos-al-centro-de-la-nueva-constitucion.pdf
