Artículo publicado el 16 de julio de 2021 en el diario El Universo de Ecuador:
Hacia una reforma penitenciaria integral en Ecuador
Por Jan Jarab y Antonino de Leo*
“Ahí adentro están matándolos, está apuñalado uno, están sin comida”. Era el grito desesperado de la madre de una persona privada de libertad en la Penitenciaría del Litoral en febrero pasado, en una de las recurrentes tragedias carcelarias que ha vivido Ecuador. Hechos violentos como los ocurridos desde diciembre de 2020, dejando más de 100 fallecidos y 50 heridos, ponen de manifiesto los desafíos sistémicos de una política criminal que castiga y no rehabilita.
El sistema carcelario en Ecuador enfrenta una crisis prolongada, como lo reflejan las cuatro declaratorias de estado de excepción emitidas desde 2018. Con más de 38.000 personas privadas de libertad, la población penitenciaria se ha duplicado en los últimos diez años. El país tiene más de 220 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa mundial (145 por 100 mil). Más de un tercio está en prisión preventiva –en su mayoría por delitos relacionados con las drogas–.
Las megainfraestructuras penitenciarias no han resuelto el hacinamiento, la corrupción, la falta de personal idóneo, ni el acceso a salud física y mental, agua limpia o educación que caracteriza al sistema. Las condiciones de vulnerabilidad se mantienen, en particular las que enfrentan las madres con hijos e hijas, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, adultas mayores, LGBTIQ+ o con discapacidad.
El sistema penitenciario debe cumplir con la Constitución y los estándares internacionales para proteger a la sociedad, asegurando la reinserción social. Los enfoques de rehabilitación y reinserción no solo son clave para mejorar la eficiencia del sistema, sino también la seguridad –en particular frente a la delincuencia organizada– y evitar la reincidencia. La posición común sobre encarcelamiento de la ONU, acompañada de un diagnóstico holístico, permitirá ofrecer una hoja de ruta para generar una reforma.
Desde la experiencia internacional, como Naciones Unidas identificamos cuatro áreas prioritarias para abordar los déficits del sistema con un enfoque de derechos humanos y de género: condiciones y gestión penitenciarias, causas estructurales del hacinamiento y sobreencarcelamiento, gestión de las personas privadas de libertad de alto riesgo y capacidad del personal.
En ejercicio de su mandato, la ONU en Ecuador apoyará los esfuerzos en esta dirección, para contribuir al logro de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. (O)
*Jan Jarab es representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Antonino de Leo es representante de la UNODC para Perú y Ecuador, responsable de coordinación de las operaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
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