SANTIAGO (21 de enero de 2021) – El Representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, se reunió el 20 de enero con representantes de las organizaciones indígenas Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta (FEPIKECHA), así como de otras organizaciones de la sociedad civil, para recibir información sobre amenazas y ataques a defensores indígenas.
Durante el encuentro, líderes y lideresas de los pueblos kichwa y shipibo-konibo dejaron constancia que las comunidades nativas de Flor de Ucayali, Santa Clara de Uchunya, Anak Kurutuyacu, y Santa Rosillo de Yanayaku continúan siendo amenazadas por el narcotráfico y la tala ilegal, así como por actividades económicas autorizadas en sus tierras y territorios. Las y los representantes de dichos pueblos indígenas observaron que durante la pandemia por COVID-19 se han intensificado la depredación y los actos de hostigamiento, y se ponen en riesgo sus medios de vida y acceso a recursos naturales.
La Oficina también recibió denuncias sobre la vulneración a los derechos de las mujeres indígenas en un contexto en el que la defensa de sus territorios es estigmatizada y criminalizada.
Otro tema señalado por las organizaciones es la ineficiencia de las medidas para la protección de las personas defensoras indígenas, entre ellas la ausencia de órganos de fiscalización ambiental, baja presencia policial y fiscal en territorios remotos, y demoras en las investigaciones.
El Representante de ONU Derechos Humanos destacó el rol de las personas defensoras indígenas en la protección de los bosques amazónicos y los recursos naturales, y se mostró alarmado por el panorama presentado por las organizaciones. Para Jarab, “la información proporcionada por las organizaciones sobre lo que ocurre en Perú forma parte de un denominador común en la región de depredación de los territorios y de los bosques”.
El jefe de Oficina Regional reiteró la disposición de su Oficina para apoyar al Estado peruano en su obligación de asegurar la protección de las personas defensoras en un entorno seguro, en línea con lo señalado en el informe de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, luego de su visita a Perú en 2020.
FIN
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