QUITO (27 de octubre de 2020) – El 20 de octubre, la asesora legal de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Andrea Benavente, participó del conversatorio “Derecho a la reunión pacífica: implicaciones en el actual contexto de pandemia en Ecuador”, organizado por el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar.
En la instancia, Benavente presentó la Observación General nº37 del Comité de Derechos Humanos, sobre las distintas dimensiones del derecho a la reunión pacífica, así como el sentido y el alcance de las obligaciones de los Estados Parte en su cumplimiento, tal como facilitar el ejercicio del derecho, y proteger a las personas que participan de una reunión de todas las formas de malos tratos y ataques discriminatorios. Por lo tanto, los Estados deben promover un entorno propicio y establecer un marco jurídico e institucional en el que este derecho se pueda hacer efectivo, así como deben proscribirse las injerencias arbitrarias por medio de la prohibición, restricción, bloqueo o dispersión de las reuniones.
La asesora legal del ACNUDH también explicó que para poder legítimamente restringir o prohibir una reunión pacífica, deben observarse los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, ya que se trata de elementos clave para garantizar la razonabilidad de las posibles limitaciones –las que siempre deberán aplicarse como medida de último recurso–.
Sobre el rol de las fuerzas de orden que participan en la vigilancia de reuniones, Benavente reiteró que el enfoque básico debe ser el tratar de facilitar las reuniones y reducir las tensiones. “Las fuerzas de orden –cuando su presencia sea necesaria– sólo están habilitados para usar la fuerza mínima necesaria cuando sea imprescindible y para un fin legítimo”. Además, agregó que solo se deben desplegar agentes del orden capacitados en la vigilancia de las reuniones –en particular sobre normas de derechos humanos–, con el fin de reducir la tensión que pueda luego devenir en violencia.
“Se debe recordar que el Estado es responsable por actos y omisiones de sus agentes de orden. Los Estados deben promover sistemáticamente una cultura de rendición de cuentas de los agentes de orden en las reuniones. Las denuncias o sospechas por uso ilícito de la fuerza se deben investigar de manera pronta, eficaz y transparente”, agregó Benavente.
El conversatorio también contó con las exposiciones de Vladimir Andocilla, presidente Kinty Ñan; Ana Gabriela Molina, integrante del equipo de Pressenza y del Espacio Noviolento; y David Cordero, coordinador del Centro de Derechos Humanos, Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
FIN
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