GINEBRA (10 de agosto de 2020) – Los expertos de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos instaron hoy al Perú a ratificar el histórico “Acuerdo de Escazú”, señalando que este ofrece una oportunidad histórica para hacer a las empresas más responsables de su impacto en el medioambiente y para proteger a las y los defensores de los derechos humanos.
«Este histórico tratado regional no solo ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental y de derechos humanos, sino que también es un catalizador del desarrollo sostenible y de la conducta empresarial responsable en la región” declaró Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. “Instamos al Gobierno a que dé el próximo paso vital hacia adelante mediante la ratificación del Acuerdo.»
El “Acuerdo de Escazú” es el nombre informal del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Púbica y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primer tratado regional en materia de medio ambiente del mundo, ha sido firmado por 22 países, y tiene por objeto garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, elogió recientemente al Estado peruano por su liderazgo durante los seis años de negociaciones que condujeron a alcanzar un acuerdo en marzo del 2018. Perú lo firmó en septiembre de 2018, y el acuerdo está ahora ante el Congreso de la República del Perú para su ratificación. En caso de ser ratificado por parte del Perú, solo será necesario que un país más lo ratifique para que el acuerdo entre en vigor.
El Acuerdo de Escazú representa un paso fundamental hacia la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y otras normas internacionales sobre la conducta empresarial responsable, mencionó el Grupo de Trabajo. “Asimismo, la ratificación del tratado representa una oportunidad para que las empresas cumplan su importante función de respetar el medio ambiente y los derechos humanos y, por consiguiente, ganen legitimidad y aumenten su sostenibilidad.”
La aplicación del acuerdo en el Perú también debería fortalecer la transparencia de los procesos de toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, incluir a las personas en dichos procesos, y proporcionar recursos y reparación a las víctimas de daños ambientales.
El Acuerdo de Escazú a su vez contiene disposiciones vitales para las y los defensores de los derechos humanos. «En una región en la que las y los defensores de los derechos humanos arriesgan sus vidas al defender a las personas y al medio ambiente contra las consecuencias negativas de la actividad empresarial, este tratado regional es fundamental», mencionó Dante Pesce, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
El tratado contiene disposiciones específicas para la protección de las y los defensores de los derechos humanos, que deberían ayudar a generar confianza y un terreno común entre los diferentes actores, incluidas las empresas. A su vez, esto contribuiría a la promoción de un entorno seguro y propicio para las y los defensores. La aplicación de este tratado regional contribuirá también a mejorar la seguridad jurídica y a prevenir los conflictos socio-ambientales, mencionaron los expertos, ya que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades locales en la negociación y resolución de tales conflictos.
La recomendación del Grupo de Trabajo fue respaldada por Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente y Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
FINAL
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (también denominado como Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en el 2011. El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes de representación geográfica equilibrada. Ellos son Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (vice presidente), Anita Ramasastry (presidenta).
Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimiento Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupa de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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Fuente: ONU Derechos Humanos
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