GINEBRA (3 de abril de 2020) – Una experta en derechos humanos de la ONU pidió el levantamiento de todas las sanciones unilaterales que obstruyen las respuestas humanitarias de los Estados sancionados, a fin de permitir que sus sistemas de atención médica combatan la pandemia de COVID-19 y salven vidas.
«Insto a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para levantar, o al menos suspender, todas las sanciones hasta que se elimine nuestra amenaza común», dijo Alena Douhan, recién nombrada Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Esto va alineado con el reciente llamamiento del Secretario General de la ONU para suspender las sanciones que socavan la capacidad de los países para responder a la pandemia.
«Derrotar este enemigo solo es posible a través de esfuerzos conjuntos de todos los Estados y las organizaciones internacionales y con un espíritu de multilateralismo, cooperación y solidaridad», dijo. “Ante el desafío global, a nadie se le debe negar la atención médica vital.
«Pido a todos los gobiernos que utilizan las sanciones como herramientas de relaciones exteriores que retiren de inmediato las medidas destinadas a establecer barreras comerciales y prohíban aranceles, cuotas, medidas no arancelarias, incluidas las que impiden financiar la compra de medicamentos, equipos médicos, alimentos, y otros bienes esenciales «, señaló la experta.
La Relatora Especial destacó que la actual pandemia está desafiando todo el sistema de derechos humanos, incluyendo derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la salud. «Se necesita un enfoque sensible de los derechos humanos para enfrentar la crisis del COVID-19, y eso incluye el levantamiento de cualquier medida coercitiva entre los Estados», afirmó.
«Agradezco todos los esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria a los países afectados por la enfermedad». Douhan señaló que algunos gobiernos y organizaciones internacionales a menudo no pueden proporcionar la ayuda más básica a la población en los países sancionados porque las sanciones unilaterales utilizan el sistema financiero global para obligar a terceros países, empresas e instituciones financieras, a evitar cualquier transacción relacionada con esos Estados.
“Este es un asunto de suma importancia y gran urgencia. El virus COVID-19 no elige. Cruza las fronteras fácilmente y apunta a las personas independientemente de su nacionalidad, raza, enfoque político, religión o estatus social «, señaló, al tiempo de resaltar que, en los países sancionados, en particular Irán, Venezuela, Cuba, Siria y Yemen, el equipo médico a menudo está desactualizado, y sufren escasez de medicamentos y medios de protección.
«Los países sancionados son especialmente afectados ya que no pueden usar sus ingresos para comprar e importar en el mercado global equipos, medicamentos, antivirales y alimentos», dijo la experta de la ONU. «La pandemia está desencadenando una grave crisis económica con serios efectos humanitarios negativos, especialmente para los más vulnerables en los sectores más pobres de la población: mujeres, adulos mayores, jóvenes y niños», dijo Douhan.
“Reitero la posición de mi predecesor de que el uso de sanciones económicas con fines políticos viola los derechos humanos y las normas de comportamiento internacional. Ya en mayo de 2019, advirtió que tales acciones pueden precipitar catástrofes humanitarias causadas por el hombre de proporciones sin precedentes.
«Esto es lo que estamos presenciando en este momento con respecto al sistema de salud en todo el mundo y en los países sancionados en particular».
FIN
Alena Douhan, fue nombrada Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en marzo de 2020.
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