GINEBRA (27 de marzo de 2020) – Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra el COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica; los gobiernos deben defender los derechos humanos de las mujeres, los niños y las niñas y proponer medidas urgentes para las víctimas de esa violencia, dijo hoy una experta en derechos humanos de la ONU.
«Es muy probable que aumenten las tasas de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes iniciales de la policía y de las líneas telefónicas de atención. Para muchas mujeres, niños y niñas, el hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Esta situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como las medidas de emergencia impuestas durante la pandemia de COVID-19”, advirtió Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
«Todos los Estados deben hacer esfuerzos significativos para abordar la amenaza COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños y niñas víctimas de violencia doméstica, ya que esto podría conducir a un aumento de la violencia doméstica, incluyendo los feminicidios», dijo.
“El riesgo se agrava en un momento en que no hay o quedan menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad; menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia porque muchos tribunales están cerrados «.
La experta de la ONU señaló que, para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el COVID-19 han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de los niños y niñas, parientes ancianos y familiares enfermos. «Para empeorar las cosas, las restricciones de movimiento, las restricciones financieras y la incertidumbre generalizada estimulan a los perpetradores y les proporcionan poder y controles adicionales».
Simonovic expresó preocupaciones particulares sobre las mujeres con mayor riesgo de violencia doméstica, como las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes indocumentadas y las víctimas de la trata.
La experta de la ONU pidió a los gobiernos a no postergar la protección de las víctimas y les instó a continuar combatiendo la violencia doméstica en tiempos de COVID-19. Las medidas para proteger a las víctimas deben permanecer disponibles o ser adoptadas durante la crisis. Eso incluye garantizar el acceso a la protección emitiendo órdenes de alejamiento, manteniendo los refugios seguros y líneas de ayuda para las víctimas. La policía debe aumentar sus esfuerzos para una acción rápida.
«Así como hacer llamadas telefónicas puede ser peligroso en un contexto de confinamiento en el hogar, las líneas de ayuda pueden facilitar el acceso al proporcionar chats en línea y servicios de mensajes de texto para las víctimas, los Estados también deben encontrar soluciones nuevas y creativas para apoyarles», dijo la experta.
«Los gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias y las medidas restrictivas contra el COVID-19 conduzcan a la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia».
La declaración de Simonovic ha sido respaldada por Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Sra. Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane (Presidenta), y Melissa Upreti, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas; Maud de Boer-Buquicchio, Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
FIN
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especialesdel Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el órgano más grande de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan con carácter voluntario; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un sueldo por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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