GINEBRA (18 de marzo de 2020) – Así como los gobiernos de todo el mundo dependen de que las personas se queden en sus hogares para evitar la propagación del nuevo coronavirus, deben también tomar medidas urgentes para evitar que cualquier persona se quede sin hogar y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para quienes no lo tienen, señaló una experta de la ONU.
“La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus. El hogar nunca antes había sido una cuestión de vida o muerte», dijo Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
«Estoy profundamente preocupada por dos grupos de población específicos: los que viven en refugios de emergencia, las personas sin hogar y que viven en asentamientos informales, y los que se enfrentan a la pérdida de empleos y dificultades económicas que podrían resultar en atrasos y desalojos de hipotecas y alquileres».
Según la experta, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo viven en la indigencia y en viviendas extremadamente inadecuadas, a menudo en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua y al saneamiento, lo que los hace particularmente vulnerables a contraer el virus, ya que a menudo sufren múltiples problemas de salud.
“Insto a los Estados a que tomen medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda para que todos puedan protegerse contra la pandemia. Están surgiendo buenas prácticas en algunos Estados, que incluyen: moratorias de desalojos debido a atrasos en alquileres e hipotecas; aplazamientos de pagos de hipotecas para los afectados por el virus; extensión de las moratorias de invierno sobre los desalojos forzosos de asentamientos informales; y mayor acceso a saneamiento y refugios de emergencia para personas sin hogar», dijo Farha.
Si bien es significativo, se requieren medidas adicionales para frenar el riesgo de estos grupos vulnerables y abordar las crecientes tasas de infección, señala la relatora especial.
Como mínimo, para garantizar la protección de las personas que viven en la calle o en viviendas extremadamente inadecuadas, los Estados deben: cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben guardar cuarentena; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie en función de su estado de vivienda; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar viviendas adecuadas que puedan requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, incluido el uso de unidades vacantes y abandonadas y alquileres disponibles a corto plazo.
Con respecto a las personas que enfrentan pérdida de trabajo y dificultades económicas, los Estados deben: proporcionar asistencia financiera directa o diferir los pagos de alquiler e hipoteca; promulgar una moratoria sobre los desalojos por mora; introducir medidas de estabilización o reducción de alquileres; y, al menos durante la pandemia, suspender los costos y recargos de los servicios públicos.
“Se están introduciendo medidas y se han asignado recursos significativos para mitigar la recesión económica causada por COVID-19, como la reducción de las tasas de interés. Esto presenta el riesgo de que tales medidas permitan a los actores financieros mundiales utilizar la pandemia y las desgracias de muchos para dominar los mercados de la vivienda sin tener en cuenta las normas de derechos humanos, como lo hicieron después de la crisis financiera mundial de 2008″, señala la relatora especial. “Los Estados deben evitar las prácticas depredadoras de los inversores institucionales en el área de bienes raíces residenciales.
«Al garantizar el acceso a una vivienda segura con un saneamiento adecuado, los Estados no solo protegerán las vidas de las personas sin hogar o que viven en asentamientos informales, sino que ayudarán a proteger a la población mundial al aplanar la curva de COVID-19», concluyó la experta de la ONU.
FIN
Conozca más sobre la Relatoría Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
