SANTIAGO (15 de enero de 2020) — Con énfasis en promover la implementación de medidas para abordar los desafíos de derechos humanos en Chile, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, ha sostenido una serie de reuniones con altas autoridades en el país.
El representante tuvo un encuentro con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y su equipo técnico, para establecer líneas de cooperación y trabajo, en especial sobre el seguimiento a las recomendaciones del informe elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. En la instancia se abordaron cuestiones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Jarab se reunió también con el Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, para ofrecer la asistencia técnica del ACNUDH ante los proyectos de la agenda legislativa que puedan tener impactos en el ejercicio de los derechos humanos en Chile.
La agenda del representante incluyó, además, un encuentro con el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para dialogar sobre el rol del Poder Judicial en el presente contexto, con énfasis en temas como acceso a la justicia; verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Como parte de los diálogos, Jarab llevó a cabo reuniones con representantes de órganos autónomos del Estado, tales como el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con el fin de brindar colaboración técnica y avanzar conjuntamente en el seguimiento de las recomendaciones del informe del ACNUDH sobre Chile. También se reunió con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para conversar sobre la colaboración entre ambas instituciones.
Por su parte, junto a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se analizó la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de protestas, y se compartieron preocupaciones frente a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a líderes estudiantiles tras incidentes durante la rendición del examen nacional de admisión a la educación universitaria (PSU).
“Como Oficina Regional estamos comprometidos a acompañar a las autoridades, la sociedad civil y todas las partes interesadas en mejorar la protección de los derechos humanos en el país”, comentó Jarab. “Nuestra cooperación activa en estos procesos no solo es parte de las recomendaciones del informe del ACNUDH sobre Chile; también está en la esencia de nuestro mandato de promover y proteger los derechos humanos en América del Sur”, concluyó.
FIN
- Revisa el informe de ONU Derechos Humanos sobre Chile, aquí.
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