*Por Birgit Gerstenberg
La reciente matanza de presos en Altamira (PA) puso de manifiesto una chocante realidad de condiciones infrahumanas, caos, crimen organizado, tortura y muerte. Es una situación que perturba, pero que difícilmente sorprende: Manaos, Pedrinhas, Boa Vista, Alcaçuz, Carandiru, la lista de tragedias en cárceles brasileñas es larga. Y de no mediar un cambio radical, probablemente Altamira no será la última de ellas.
El hecho de que varios de los casos más brutales de violencia carcelaria hayan derivado de enfrentamientos entre reclusos -ligados a causas estructurales más amplias- no exime al Estado de su responsabilidad de proteger la vida e integridad de las personas detenidas, y por supuesto la de su personal penitenciario.
Brasil conoce bien sus obligaciones con la dignidad humana, no solo ante el derecho internacional sino a la luz de su Constitución. El propio Supremo Tribunal Federal ha reconocido el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario brasileño (ADPF 347).
El país también ha recibido múltiples recomendaciones de expertos internacionales de derechos humanos (como el Relator de la ONU sobre la tortura y el Subcomité de la ONU para la prevención de la tortura) sobre acciones concretas para erradicar de su sistema de privación de libertad el hacinamiento, la pérdida del control sobre la disciplina del personal, el crimen organizado o la corrupción.
Pero pese a todos los diagnósticos, Brasil ha sido lento en reaccionar o ha tomado medidas a contramano de estas obligaciones y recomendaciones –basadas en el derecho doméstico e internacional, así como en la evidencia empírica. Por ejemplo, al alterar el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, pieza clave para mejorar cualquier sistema carcelario.
Por otro lado, existe una opinión extendida que tiende a banalizar las violaciones de derechos humanos contra las personas en detención, como moneda de cambio por los delitos que pueden haber cometido o como complemento a la privación de libertad establecida por la justicia.
Esta idea tan difundida facilita que el Estado esquive su responsabilidad de mejorar las condiciones penitenciarias, que no invierta en alternativas a la privación de libertad o en políticas criminales de largo plazo, o que no apueste por la rehabilitación y reinserción social. O bien que privilegie un enfoque punitivo en lugar de fortalecer la prevención, con énfasis en los sectores más vulnerables de la población.
«La misma sociedad que considera aceptables las violaciones de derechos humanos en las cárceles, es la que luego sufre las consecuencias de la inseguridad, de la criminalización de la pobreza y de la pérdida del potencial productivo que representan los grupos más estigmatizados, como los jóvenes y afrodescendientes».
Birgit Gerstenberg, representante ONU Derechos Humanos – América del Sur
Pero esto genera un efecto dominó, pues todas estas acciones u omisiones del Estado tienen un alto costo para la sociedad. La misma sociedad que considera aceptables las violaciones de derechos humanos en las cárceles, es la que luego sufre las consecuencias de la inseguridad, de la criminalización de la pobreza y de la pérdida del potencial productivo que representan los grupos más estigmatizados, como los jóvenes y afrodescendientes.
Popular o no, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos, especialmente de las personas bajo su custodia. De lo contrario, toda la sociedad paga el precio de un sistema penitenciario y penal fallido, que de paso fragiliza la seguridad pública, la paz social, la gobernabilidad, el desarrollo y la plena vigencia de los derechos humanos.
*Representante ONU Derechos Humanos, América del Sur.
**Artículo publicado en exclusiva por la edición «Brasil» del diario El País (Internacional), con fecha 13 de agosto de 2019. Ver original (en portugués): https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/13/opinion/1565727743_717605.html
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