Los profundos cambios y desafíos globales derivados de desequilibrios económicos, sociales y ambientales han evidenciado con más claridad que nunca la esencialidad de los derechos humanos para el desarrollo sostenible. El desarrollo no será sostenible ni inclusivo a menos que tenga a los derechos humanos como piedra angular. Los compromisos que los Estados han asumido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y aquellos vinculados a un nuevo estilo de desarrollo se refuerzan mutuamente y aspiran a un mismo objetivo: aumentar el bienestar humano y salvaguardar la dignidad de las personas. Se fundamentan en los conceptos de igualdad y universalidad. Establecen principios, estándares y valores comunes; apuntan a obtener bienes públicos globales; y afrontan preocupaciones colectivas, al tiempo que prestan especial atención a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en 2012 en Río de Janeiro (Brasil), se reafirmó la importancia de respetar, proteger y promover todos los derechos humanos para lograr sociedades justas y democráticas. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada recientemente, se cristaliza con mayor fuerza la interconexión entre derechos humanos y desarrollo sostenible, y se hace particular hincapié en los conceptos de universalidad, participación e inclusión. Su eje vertebrador —el objetivo de que nadie se quede atrás— preconiza el principio de que cada persona debe gozar de todos los derechos que le asisten. Al colocar a la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 ofrece un potencial transformador sin precedentes capaz de erradicar la pobreza extrema, de acabar con las desigualdades y de facilitar el tránsito hacia sociedades más equitativas y sostenibles centradas en las personas y en el planeta. La agenda de desarrollo se convierte, así, en una agenda de derechos humanos.
Esta poderosa convergencia entre derechos humanos, igualdad y desarrollo sostenible también es pilar fundamental del mandato, las prioridades y las propuestas de las dos instituciones que participaron en este trabajo: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En esta publicación, la CEPAL y el ACNUDH ofrecen una recopilación y sistematización de las normas internacionales de derechos humanos aplicables al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Esta compilación refleja los criterios establecidos por la normativa internacional y describe cómo estos han sido desarrollados e interpretados por los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales.
A través de este esfuerzo conjunto, invitamos a los países de la región a fortalecer la promoción, la protección y la garantía de los derechos de acceso; a incorporar esos derechos en sus estrategias, políticas y programas; y a hacer de estos un marco conceptual imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y universalidad de derechos.
Descargar aquí: https://acnudh.org/load/2016/11/S1600931_es.pdf
