El derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido ya tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Estos principios, comúnmente conocidos como «derechos de participación», han sido definidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de expertos que supervisa la aplicación del Pacto. El Comité ha establecido de manera explícita los componentes básicos del artículo 25, cómo debería ser implementado, su importancia para una sociedad democrática, y quién tiene la responsabilidad de su ejecución.
¿Qué significa el derecho a participar?
El Comité de Derechos Humanos dice que el derecho a participar en la vida pública «se encuentra en el núcleo de un gobierno democrático». El artículo 25 del Pacto reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar ya ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.
Se otorga al pueblo el derecho de elegir a sus propias afiliaciones políticas, sus representantes oficiales, su gobierno, y una constitución. Estas opciones y «el derecho de las personas a participar en los procesos (…) constituyen la dirección de los asuntos públicos», dice el Comité.
La dirección de los asuntos públicos se refiere al ejercicio del poder político, en particular, el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Cubre todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas en los planos internacional, nacional, regional y local.
¿A quién se aplica este derecho?
Se aplica a todos los ciudadanos sin discriminación alguna por motivos de «raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra».
¿Existen condiciones para su aplicación?
Puede haber condiciones aplicables al ejercicio de este derecho, pero el Comité es muy claro que deben basarse en «criterios objetivos y razonables». Por ejemplo, el Comité señala que puede ser razonable exigir una edad superior para la elección o nombrado para determinados cargos que para ejercer el derecho al voto.
¿Qué significa la participación en la vida pública en la práctica?
Las personas participan directamente en la gestión de los asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos ejecutivos. También participan directa o indirectamente en la elección de los representantes locales, el parlamento, el jefe del Estado y en las consultas nacionales o referendos, por ejemplo, de adoptar o modificar la constitución.
Las asambleas populares establecidos para tomar decisiones sobre asuntos locales y de representar los intereses de una comunidad en particular, en consulta con el gobierno de contar con la participación directa de los ciudadanos.
La gente también participar a través del debate público y el diálogo.
Mujeres y participación
Algunos grupos tienen dificultades para expresar sus opiniones o participar en la vida pública de sus comunidades. Por razones de discriminación por motivos de raza, sexo y religión, entre otros y debido a la falta de acceso a la educación, y las instalaciones adecuadas, muchas personas no han podido ejercer su derecho a participar en todos o tan plenamente como los demás.
Las mujeres en muchas comunidades siguen siendo «silenciosa» en las decisiones que afectan a sus sociedades. Esto a pesar de las disposiciones específicas de la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados a tomar medidas «para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país», en particular garantizando su derecho a votar, a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y la participación en organizaciones relacionadas con la vida pública y política del país.
Globalmente, el 19,5 por ciento de los escaños parlamentarios entregados en 2011 fueron ocupados por mujeres, un incremento de medio punto porcentual respecto al año anterior. Las cifras de la Unión Interparlamentaria (UIP) muestran un lento pero constante aumento del número de mujeres parlamentarias, pero con diferencias notables entre países y regiones. De acuerdo con la UIP hay suficientes mujeres no se postulan para cargos de tener el mismo impacto electoral que los hombres.
