“Queremos felicitar fuertemente al gobierno del Perú por haber establecido y creado el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un acontecimiento para el mundo de los derechos humanos sumamente importante, que nosotros valoramos significativamente”, manifestó Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “El solo hecho de crear un ministerio con funciones de derechos humanos implica un compromiso muy grande por parte del Estado peruano y seguramente va a repercutir favorablemente en la vida de todos los peruanos y peruanas”.
La Oficina Regional del ACNUDH ha estado apoyando la creación de un nuevo Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú, cuyo objetivo es articular un sistema nacional integrado de políticas en derechos humanos. El ACNUDH brindó asesoría técnica al Estado peruano en la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, aprobada en diciembre de 2011, creando el Viceministerio dentro de un reestructurado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
“Desde el momento del diseño, ya estaba la Oficina Regional del Alto Comisionado trabajando con nosotros”, indicó el nuevo Viceministro de Derechos Humanos del MINJUSDH, Daniel Figallo. “Participaron apoyando con expertos en ese proceso de identificación de cuáles eran los temas más importantes para poder llevar a cabo este gran propósito. La importancia de este apoyo es vital por la expertise que tiene la Oficina Regional”.
Como parte de esta asesoría técnica, la Oficina Regional del ACNUDH organizó junto al MINJUSDH un seminario internacional con funcionarios de alto nivel sobre el establecimiento y reglamentación del Viceministerio en Perú, entre el 5 y 7 de marzo. El objetivo de dicha reunión fue de coordinar y compartir las experiencias y buenas prácticas de los países de la región. Contó con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Justicia de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, además de expertos del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR.
“Creo que un eje central de esa cooperación técnica es fortalecer la institucionalidad pública creada en nuestros países para hacer políticas en esta materia, de manera que creo que fue un esfuerzo importante el que hizo la Oficina Regional y creo que será también muy importante que pueda continuar acompañando el trabajo de la subsecretaría, acompañando el proceso de planificación, de implementación e incluso también de evaluación de sus políticas” dijo Víctor Abramovich, Director del IPPDH.
Abramovich agregó que la creación de esta nueva institucionalidad “hace de los derechos humanos un tema de la política pública y asienta el principio de responsabilidad estatal. Mientras más alta es la jerarquía de la institución rectora en este tema, más fácil es coordinar las acciones con otras áreas estatales y poder transversalizar un enfoque de derechos humanos a políticas sectoriales”.
Compartiendo experiencias
Entre los países que participaron en el seminario, existen distintos grados de avance institucional. Argentina, por ejemplo, compartió sus logros en la lucha contra la impunidad y su proceso de reparación, así como la política desarrollada el año pasado en su Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, llamada “Avanzar en Derechos”, que trabaja con indicadores de progresividad en el cumplimiento por parte de los Estados de los derechos económicos, sociales y culturales.
“Estamos trabajando en distintos temas que cubren la agenda de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, de incidencia colectiva”, explicó la subsecretaria argentina de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval, “y poniendo énfasis en aquellos colectivos sociales y en aquellos sujetos que aún ven negados o vulnerados sus derechos por situaciones de desigualdades estructurales, como es el caso de las mujeres, por discriminación, como es el caso de las minorías sexuales, por invisibilización, como es el caso de los pueblos originarios, por un Estado que fue pensado como un Estado sin matices, diversidad ni pluralismo, y aquí hablo de las poblaciones Afrodescendientes de América Latina”.
Perceval destacó la necesidad de trabajar no solo a nivel nacional, sino de lograr mayor coordinación regional. “Trabajar juntos significa no hacer políticas ni desintegradas hacia dentro de cada uno de los Estados, ni contradictorias entre los Estados y al mismo tiempo insistir y profundizar la acción de armonizar nuestras leyes para que esta ciudadanía universal, que es la ciudadanía de los derechos humanos, pueda encontrar en todos los Estados y en nuestra América Latina y el Caribe, leyes que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos, su respeto, su protección, su defensa” aseveró.
Para la Subsecretaria de Justicia de Chile, Patricia Pérez, el seminario también resultó útil como aprendizaje para su propio proceso de institucionalización futura, pues en enero de 2012 el Gobierno de Chile envió un proyecto de ley para crear una Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual se está tramitando en el Congreso.
“Pudimos intercambiar experiencias, opiniones, siendo relevante destacar que el estado de desarrollo o evolución de los distintos países es diversa, lo que realmente es una ventaja, ya que los países que llevan un proceso más avanzado obviamente pueden compartir experiencias de implementación, de configuración del trabajo, lo que es extremadamente valioso”, dijo la Subsecretaria del Ministerio de Justicia de Chile, Patricia Pérez, que participó en la reunión en Lima.
La Subsecretaria también reconoció el valor de una revisión comparativa que preparó ACNUDH sobre la configuración de las subsecretarías de derechos humanos a través de América Latina, “lo que no solo permite tener una visión panorámica sino que ayuda a cada uno de los Estados a ver las diversidades, los puntos de semejanza, los puntos de divergencia”.
Por su parte Uruguay está integrando una nueva Institución Nacional de Derechos Humanos y a nivel gubernamental tiene una Dirección de Derechos Humanos radicada en el Ministerio de Educación y Cultura, con proyección hacia una Secretaría de Derechos Humanos a nivel de la Presidencia de la República, explicó Javier Miranda, Director de Derechos Humanos. Como participante en la reunión en Lima, destacó la dinámica de gran confianza y de fuerte intercambio que la caracterizó.
“Creo que fue un absoluto acierto», alabó Miranda. “Se empieza a bosquejar un mapa en la región de fuerte institucionalidad con perspectiva de derechos humanos en los poderes ejecutivos y en las más altas jerarquías de los poderes ejecutivos y creo que eso es realmente valioso”.
Miranda reconoció a la Oficina Regional del ACNUDH “como aquel lugar donde encontramos el apoyo técnico y donde encontramos también ese rol fundamental de ‘abre puertas´. Es decir, respaldarse en una institucionalidad específica de Naciones Unidas permite un diálogo a nivel nacional más fácil, que quiebra las fronteras de la lógica interna del país, las lógicas más o menos partidarias y las legítimas luchas de poder que se dan en las democracias. El hecho de que tengamos el apoyo y el auspicio de Naciones Unidas en nuestras actividades sin duda nos permite abrir espacios de diálogo interpartidario”.
Finalmente, el nuevo Viceministro de Perú identificó varios nuevos campos de acción y cooperación que le interesaría trabajar con ACNUDH a futuro, entre ellos políticas públicas para combatir la discriminación, el tratamiento y resocialización de las personas privadas de libertad y la prevención del crimen. Recordó que muchos de estos problemas son transcendentales y transfronterizos; de allí la importancia de coordinarse y compartir experiencias.
“Hemos percibido que más cosas nos unen que nos separan, sobre todo en temas vinculados con los derechos humanos”, concluyó Figallo, indicando que este ha sido un punto de partida y espera mantener una relación dinámica y permanente con todas y todos sus colegas de la región.
