CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Octavo período de sesiones Tema 6 de la agenda
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
PERÚ*
INTRODUCCIÓN
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), creado de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su segundo período de sesiones del 5 al 19 de mayo de 2008. El examen del Perú se llevó a cabo en la tercera sesión, celebrada el 6 de mayo de 2008. La delegación del Perú estuvo encabezada por la Excma. Sra. Rosario Fernández, Ministra de Justicia. En el anexo figura la composición de la delegación, integrada por 11 miembros. En su séptima sesión, celebrada el 8 de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe sobre el Perú.
2. El 28 de febrero de 2008, el Consejo de Derechos Humanos seleccionó el siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen del Perú: Malí, India y Cuba.
3. De conformidad con el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para el examen del Perú se publicaron los siguientes documentos:
a) Un informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/2/PER/1);
b) Una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) con arreglo al párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/2/PER/2);
c) Un resumen preparado por el ACNUDH con arreglo al párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/2/PER/3).
4. Por conducto de la troika se transmitió al Perú una lista de preguntas preparadas con antelación por el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza, Dinamarca y los Países Bajos. Pueden consultarse dichas preguntas en la extranet del Examen Periódico Universal (EPU).
I. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN
A. Exposición del Estado examinado
5. En la tercera sesión, celebrada el 6 de mayo de 2008, la jefa de la delegación, Sra. Rosario Fernández Figueroa, Ministra de Justicia del Perú, presentó el informe nacional. Señaló las dificultades que seguían existiendo y los avances logrados en la promoción y protección de los derechos humanos. El Perú señaló también su firme voluntad de promover el diálogo y la cooperación a nivel internacional para proteger los derechos humanos en el marco del Consejo, en particular del EPU. Destacó su disposición a seguir cooperando con el sistema internacional de derechos humanos y reiteró la invitación permanente que había cursado en 2002 a los procedimientos especiales para que visitaran el país. El Perú había adoptado iniciativas en los últimos años para consolidar una verdadera democracia y lograr el pleno respeto de los derechos humanos, así como para remediar los efectos del terrorismo que había sufrido entre 1980 y 2000. A ese respecto, el Perú observó que el sistema judicial había condenado a penas de prisión perpetua a los dirigentes de los grupos subversivos en juicios ordinarios, respetando las debidas garantías procesales. El Perú se refirió también a la estable y prometedora situación económica del país, y observó que la pobreza se había reducido en un 10% desde 2001. Indicó que estaba satisfecho con los resultados que había obtenido en relación con sus objetivos de desarrollo e integración social.
6. El Perú informó de que mantenía un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, integrada por 61 organizaciones de derechos humanos, y estaba decidido a proseguir ese diálogo para velar por el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el EPU. El Perú describió también brevemente el marco jurídico e institucional en la esfera de los derechos humanos y destacó que los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos se incorporaban a la legislación interna de conformidad con la Constitución de 1993 y tenían prioridad sobre la legislación interna en cuanto a su aplicación. El Perú había ratificado los siete tratados internacionales de derechos humanos principales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y había reconocido también la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
7. La promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos requerían medidas complementarias de los tres poderes del Estado, así como de otros órganos constitucionales autónomos. Todos los ministerios del poder ejecutivo aplicaban las medidas relacionadas con los derechos humanos. En particular, el Perú describió las responsabilidades del Ministerio de Justicia, así como las funciones y el mandato del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que estaba integrado por siete ministerios del poder ejecutivo, el poder judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones observadoras que velaban por el respeto de los derechos humanos. A ese respecto, el Perú indicó que estaba decidido a seguir fortaleciendo el Consejo Nacional de Derechos Humanos y a lograr un diálogo institucional permanente y amplio. Observó también la importante función que desempeñaban en la promoción y protección de los derechos humanos el poder judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Se refirió asimismo a las responsabilidades del Ministerio de Justicia relacionadas con el sistema penitenciario; los programas específicos para proporcionar asistencia letrada gratuita y educación jurídica; la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y las medidas de seguimiento de sus recomendaciones; el primer Plan Nacional de Derechos Humanos; y las iniciativas para combatir la discriminación contra la mujer, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas que vivían con el VIH y otros sectores vulnerables. En el marco de los esfuerzos de reconciliación nacional se hizo referencia también a la aprobación del Plan Integral de Reparaciones (PIR), la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que velaba por el seguimiento de las recomendaciones de la CVR, la labor del Consejo de Reparaciones y la ejecución de programas por la Defensoría del Pueblo. El Perú destacó las iniciativas emprendidas para fortalecer la administración de justicia, como el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia y el nuevo Código Procesal Penal. Se refirió también a los emblemáticos juicios que se estaban celebrando por las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción, que demostraban la capacidad, eficacia e independencia del poder judicial. El Perú señaló la importancia de erradicar la discriminación social, económica, racial y de otra índole, y observó que se habían adoptado políticas públicas, estrategias y un marco institucional para acabar con la pobreza y la extrema pobreza en el país.
8. En respuesta a las preguntas planteadas de antemano, el Perú indicó que la igualdad entre el hombre y la mujer y las actividades para combatir la discriminación contra la mujer eran prioritarias. Se habían creado instituciones públicas claves para proteger los derechos de la mujer, como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso, la Defensoría Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Especial de la Mujer Policía y otras instituciones. La firme voluntad del Perú a ese respecto se reflejaba también en las leyes y políticas pertinentes, como la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promulgada en marzo de 2007, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. En relación con las críticas sobre las consecuencias de la reestructuración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) para la ejecución de los planes y programas, el Perú indicó que las estadísticas habían demostrado que, de hecho, no se había producido ninguna consecuencia directa.
9. El Perú reconoció que existía un problema en su sistema penitenciario, cuestión planteada por varias delegaciones. Se había elaborado el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria para el período comprendido entre 2008 y 2017 con el objetivo principal de velar por que los presos recibieran una atención conforme a las normas internacionales en materia de salud, educación y trabajo. Se había creado una comisión para evaluar las peticiones de indulto y amnistía presidencial por motivos humanitarios. El Perú era consciente de que el número de funcionarios de seguridad era insuficiente y, por lo tanto, había estudiado la posibilidad de destinar los fondos necesarios para incrementarlo. Se había creado también una política penitenciaria de largo plazo, con la prioridad de reinsertar a las personas privadas de libertad. El Perú esperaba conseguir avances con el apoyo y una mayor participación de la comunidad internacional y con recursos adicionales.
10. En relación con la pena de muerte, cuestión planteada por varias delegaciones, el Perú indicó que no había llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 30 años. La imposición de la pena de muerte estaba prevista en el artículo 140 de la Constitución. El Perú mencionó también distintas iniciativas legislativas del Congreso, así como el debate público sobre la ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte a los delitos graves, pero destacó que las autoridades habían declarado públicamente que el Perú no se separaría del sistema interamericano en ninguna circunstancia.
11. En relación con la situación general de los defensores de los derechos humanos y los vínculos entre el Estado y los interesados pertinentes, así como la ley relativa a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el Perú indicó que apreciaba mucho la labor de los defensores de los derechos humanos y otras organizaciones conexas. En cuanto a las modificaciones introducidas en la ley relativa a la APCI, el Perú afirmó que dicha ley no tenía por objeto socavar la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino regular mejor la existencia de las ONG financiadas con fondos públicos o privados que gozaban de una exención fiscal. El Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales algunas disposiciones de dicha ley y el poder ejecutivo respetaba esa resolución. El Perú afirmó que garantizaba la protección de los defensores de los derechos humanos que habían presentado denuncias de hostigamiento o amenazas. Describió el mandato y las atribuciones de la institución nacional autónoma de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, que había sido creada de conformidad con la Constitución y los Principios de París.
12. En relación con la aplicación de las recomendaciones de la CVR, cuestión planteada por varias delegaciones, el Perú se refirió a los avances señalados en su informe nacional, en el que se destacaban diversos programas y estructuras institucionales, en particular los avances logrados en cuanto a las reparaciones a las víctimas de la violencia en las regiones afectadas. El Perú observó también que se estaban llevando a cabo varios procesos judiciales de casos emblemáticos denunciados por la Comisión. La jefa de la delegación observó también que, por falta de tiempo y a causa del gran número de cuestiones planteadas de antemano, las respuestas a las demás preguntas podrían consultarse en el sitio web del ACNUDH.
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
13. Durante el subsiguiente diálogo interactivo formularon declaraciones un total de 28 delegaciones. Varias de ellas elogiaron al Perú por su exhaustivo informe nacional y su instructiva exposición. Las delegaciones celebraron asimismo la labor, el informe y las recomendaciones de la CVR, así como el PIR.
14. El Pakistán observó que se habían introducido reformas positivas en las esferas de los derechos de la mujer, los indígenas, las personas con discapacidad y las afectadas por el VIH/SIDA. Celebró la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos y solicitó al Perú que facilitara más información sobre las dificultades que se oponían a la ejecución de ese plan integral de acción y las medidas que se habían previsto para afrontarlas.
15. Argelia celebró que el Perú hubiera ratificado la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, que hubiera adoptado, en 2002, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que hubiera respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y celebró la satisfacción manifestada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acerca de la labor realizada por la Defensoría del Pueblo en nombre de los indígenas. Argelia solicitó al Perú que indicara cuál había sido su contribución a la mejora de la situación de los pueblos indígenas y le recomendó que siguiera avanzando en ese sentido.
16. Filipinas hizo votos por que hubiera esfuerzos más concertados, voluntad política y unidad para aplicar las recomendaciones de la CVR. Tomó nota de la creación de la Defensoría Adjunta para la Niñez y la Adolescencia, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz y la continua labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. También tomó nota de que no se habían dictado condenas a muerte en los últimos años y urgió al Perú a mantener esa tendencia. Filipinas solicitó más información sobre las medidas adicionales adoptadas para eliminar todas las formas de discriminación, la violencia contra la mujer y la trata de personas. Alentó al Perú a que siguiera prestando atención a la promoción de los derechos humanos de los grupos vulnerables.
17. La República de Corea tomó nota de que, en 1999 y 2007, la Defensoría del Pueblo había sido acreditada como institución de categoría «A» y recomendó al Perú que siguiera prestando apoyo a la Defensoría del Pueblo y a la CVR. Observó que los informes del Perú al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos estaban retrasados y preguntó si había dificultades particulares que impidieran recopilar información para la elaboración de dichos documentos.
18. El Canadá indicó que la aplicación de las recomendaciones de la CVR reforzaría los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Recomendó que se intensificaran los esfuerzos para adoptar las medidas recomendadas en el informe. El Canadá tomó nota de las denuncias de torturas perpetradas por policías, militares y funcionarios penitenciarios y de represalias contra los que denunciaban esos hechos. Señaló que, aunque esos casos estaban siendo investigados y se había avanzado en la derogación de las leyes de amnistía y en el encausamiento de algunas autoridades por actos de tortura, el Comité contra la Tortura había manifestado su preocupación en 2006 por la dilación en los procesos y por el hecho de que la jurisdicción de la justicia penal militar no estuviera en conformidad con las obligaciones internacionales del Perú. El Canadá recomendó al Perú que investigara cabalmente todas las denuncias de actos de tortura y malos tratos y de torturas y desapariciones forzadas por agentes del Estado, y velara por que esas investigaciones no quedaran a cargo de la justicia penal militar. También le recomendó que procurara proteger a los denunciantes contra eventuales represalias y que aplicara las recomendaciones del Comité contra la Tortura. El Canadá recomendó además al Perú que mantuviera las medidas encaminadas a resolver el problema del hacinamiento y las condiciones de detención en las cárceles, como dar a los presos la posibilidad de tener acceso a personal médico y abogados de oficio.
19. Colombia solicitó información sobre la composición y el alcance de las funciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Pidió información detallada sobre el progreso y los resultados del estudio de los centros poblados rurales afectados por la violencia, denominado «Censo por la Paz». En lo que se refiere a la lucha contra la discriminación y la desigualdad, Colombia solicitó información sobre la participación de la sociedad civil en el Plan Nacional de Derechos Humanos.
20. Chile tomó nota de la creación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. En particular tomó nota de la labor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con respecto a las cuestiones relacionadas con la mujer y el género, y alentó al Perú a que siguiera ejecutando sus políticas, planes y servicios para fomentar el adelanto de la mujer y protegerla de la violencia. Chile tomó nota además del Plan de Acción Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso, recomendó que se siguiera dando prioridad al asunto del trabajo forzoso y pidió información sobre las medidas adicionales que se estaban adoptando para eliminar ese fenómeno. Chile abogó también por la libertad de información, así como la autonomía de las ONG, y por que se fomentara la participación de la sociedad civil.
21. Turquía deseó éxito al Perú en sus esfuerzos por cerrar las heridas abiertas por el terrorismo que había sufrido hasta 2000. Celebró las promesas del Perú de ejecutar su Plan Nacional de Derechos Humanos (2006-2010) e hizo las dos preguntas siguientes, que también se podrían formular como recomendaciones: a) pidió información sobre las medidas adoptadas en el marco del Plan Nacional para contrarrestar los efectos adversos de la extracción de petróleo, la minería y otras actividades económicas en el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de las comunidades de los territorios colindantes con las explotaciones; y b) teniendo en cuenta que el Código Penal no criminalizaba suficientemente la violencia contra la mujer, preguntó si el Perú tenía previsto ampliar la definición de violencia contra la mujer de conformidad con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
22. Bélgica tomó nota de la creación del Consejo Nacional de Reparaciones, establecido en 2006 y encargado de llevar un registro de las reparaciones concedidas a título individual y colectivo, y observó que hasta la fecha se había registrado a unas 80.000 víctimas, agraviadas en el período comprendido entre 1980 y 2000. Sin embargo, Bélgica señaló los limitados recursos financieros y la lentitud del Consejo y pidió información sobre los recursos jurídicos y financieros que el Perú había previsto asignar a dicho órgano. En lo referente a la justicia de transición, Bélgica preguntó al Perú si había previsto instituir un programa nacional de protección de testigos. Le recomendó que asignara recursos financieros y de otro tipo al Consejo Nacional de Reparaciones y estableciera un programa de protección de testigos.
23. Alemania señaló la lentitud con que se aplicaban las recomendaciones formuladas en el informe de la CVR. La mayor parte de los casos sometidos a las autoridades competentes hacía tres años seguían siendo investigados. Alemania preguntó cuáles eran los motivos de esa dilación y qué perspectivas había de que se resolvieran los casos pendientes. En ese contexto recomendó al Perú que agilizara la tramitación de las causas, en particular las que se habían incoado a petición de la CVR. Asimismo, Alemania pidió mayor información al Perú sobre las medidas previstas para luchar contra la corrupción y reforzar la capacidad del sistema judicial, y le recomendó que no cejara en sus esfuerzos para fortalecer la capacidad y la independencia del sistema judicial y luchar eficazmente contra la corrupción en el poder judicial.
24. Malasia señaló que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había celebrado las iniciativas del Perú encaminadas a combatir la violencia contra la mujer, entre ellas el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, pero había manifestado su preocupación por el alcance, la intensidad y la prevalencia de ese tipo de violencia. Pidió información sobre los logros alcanzados y las dificultades encontradas en la ejecución del Plan Nacional y las medidas adoptadas para superar esas dificultades. También solicitó información sobre el número de mujeres que habían denunciado ser víctimas de esterilización contra su voluntad y sobre las medidas jurídicas y normativas que se habían adoptado con respecto a ese problema.
25. Portugal tomó nota de que, en 2006, el Comité de los Derechos del Niño había celebrado las medidas adoptadas por el Perú para luchar contra el trabajo infantil, pero manifestó su preocupación por el gran número de niños y adolescentes que al parecer seguían en el mercado laboral, excluidos de la educación y sometidos a explotación y abusos. Reiteró que se oponía a la pena de muerte en todas las circunstancias y recomendó al Perú que ratificara el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
26. Los Países Bajos también manifestaron su preocupación por el hecho de que las recomendaciones de la CVR se hubieran aplicado sólo en parte y sólo algunas víctimas hubieran obtenido reparación. Recomendaron al Perú que presentara un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión, como la investigación de todos los casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los 20 años de conflicto armado, el encausamiento de todos los responsables en procesos conformes a las normas internacionales y la concesión de reparaciones a las víctimas. Los Países Bajos indicaron además que, en 2006, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos había manifestado su preocupación con respecto al asunto y que en 2007 se habían registrado 89 casos de amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de los derechos humanos. Recomendaron al Perú que velara por la protección de los defensores de los derechos humanos de modo que éstos pudieran realizar su labor libremente e informara al Consejo de Derechos Humanos acerca de las medidas y actividades concretas emprendidas con respecto a ese asunto.
27. El Japón se refirió a las tasas supuestamente altas de trabajo infantil señaladas por el UNICEF, aunque también tomó nota de la iniciativa de hacer frente a ese problema mediante el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y solicitó más información sobre las medidas previstas en ese ámbito. El Japón señaló asimismo que el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer habían recomendado al Perú que ejecutara su plan nacional de acción y adoptara medidas para luchar contra la trata, y solicitó más información sobre la situación de las gestiones emprendidas con respecto al asunto de la trata. Aunque el Japón reconoció que el Relator Especial sobre el derecho a la salud había evaluado positivamente las políticas sanitarias del Perú, también observó que el Relator Especial sobre una vivienda adecuada había alentado al Gobierno a elaborar estrategias para mejorar el acceso de los pobres al agua y a los servicios de saneamiento. El Japón solicitó información sobre los planes del Perú a este respecto.
28. El Perú respondió a algunas de las preguntas planteadas, agrupadas por temas. Indicó que, con la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos (2006-2010), el Perú cumplía sus compromisos, incluidos los que había asumido en el marco de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos. Por conducto del Consejo Nacional de Derechos Humanos se había emprendido un amplio proceso de consultas sin precedentes, con vistas a la elaboración del Plan Nacional. Se habían celebrado 18 audiencias públicas, precedidas de audiencias preparatorias, con la participación activa tanto de instituciones públicas y privadas como de organizaciones sociales de base. En todo el territorio nacional habían participado 2.800 personas, el 78% de las cuales lo habían hecho en calidad de miembros de la sociedad civil. El Plan Nacional tenía como objetivo fortalecer la democracia, la justicia, la paz, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, conceptos interdependientes que se reforzaban mutuamente. Varias recomendaciones se habían aplicado. No todos los interesados conocían este importante documento, pero era una herramienta fundamental para la elaboración de un programa de derechos humanos a nivel nacional.
29. El Perú reiteró su compromiso con la causa de los pueblos indígenas, pues era uno de los países latinoamericanos con mayor población indígena. Indicó que había asumido un papel de liderazgo en las negociaciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y había presentado el segundo proyecto de resolución de la historia del Consejo de Derechos Humanos, relativo a la adopción de la Declaración. Se había dado un impulso especial al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), institución pública que se dedicaba a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos de esos pueblos, así como al desarrollo de su identidad. El Perú indicó que era preciso intensificar las medidas destinadas a encontrar un equilibrio adecuado entre las principales actividades económicas que generaban considerables recursos económicos para los sectores público y privado y las condiciones de vida y los derechos de esos grupos, así como el medio ambiente. Ateniéndose a esos principios se habían adoptado medidas concretas con respecto a los pueblos indígenas y las actividades mineras que se realizaban en sus territorios; el Decreto Nº 0012/2008 preveía la participación de los ciudadanos en las actividades realizadas en ese ámbito y definía el papel que debían desempeñar los ciudadanos y la sociedad civil en la promoción de normas y relaciones armoniosas entre las poblaciones, los Estados y las empresas que explotaban esos recursos. Había diferentes maneras de realizar consultas populares con respecto a los proyectos mineros.
30. El Perú agregó que estaba retrasado en la presentación de sus informes periódicos a los órganos de tratados, pero que, como había mencionado en su declaración introductoria, se había propuesto presentar esos informes con arreglo a un calendario concreto que se extendía hasta junio de 2009. En lo referente a los refugiados, el Perú mencionó la Ley para la protección de refugiados, promulgada en 2002, y sus reglamentos; indicó que en ese marco existía una comisión especial que resolvía acerca de las solicitudes de asilo, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Los solicitantes de asilo tenían derecho a presentar su solicitud a un segundo órgano si la respuesta del primero había sido negativa. El Perú indicó que aceptaba aproximadamente el 80% de las solicitudes, uno de los promedios más altos de la región, y que cumplía sus obligaciones humanitarias hacia los refugiados.
31. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) había emprendido un estudio a gran escala de las poblaciones afectadas por la violencia, conocido como «Censo por la Paz», que facilitaría el diseño de políticas públicas orientadas a la reparación, el desarrollo y la promoción de una cultura de paz. Desde 2001 se habían realizado cuatro etapas del censo y se estaba preparando la quinta. En lo referente a la discriminación contra la mujer, el Perú reiteró lo que había indicado en su declaración introductoria y en su informe nacional acerca del establecimiento de importantes mecanismos públicos encargados de promover el adelanto de la mujer, así como la adopción de medidas legislativas y reglamentarias relativas a la igualdad entre los géneros y de políticas relativas a la violencia contra la mujer.
32. El Perú añadió que se habían concebido diferentes medidas y políticas con miras a lograr una restauración paulatina de la confianza en el sistema de justicia. Se habían logrado avances en el encausamiento de los principales autores de violaciones de los derechos humanos, personas que tenían puestos de responsabilidad en el Gobierno. El Perú indicó que los mecanismos eran transparentes, lo cual permitía que la población viera cómo evolucionaban los procesos. Más adelante, la conducta de los jueces había suscitado una actitud más positiva de la población hacia ellos y había restaurado la confianza perdida. En esta línea se inscribía también el nuevo Código Procesal Penal, cuyos objetivos eran lograr que las actuaciones judiciales fueran más rápidas y más simples, obtener resultados rápidos y también optar de preferencia por la reinserción de los delincuentes, en muchos casos en vez de imponerles penas de prisión. En lo referente a la cuestión de la tortura, como se podía ver en el informe más reciente del Perú, presentado al Comité contra la Tortura hacía dos años, el Perú manifestó su determinación de eliminar la tortura y otros tratos crueles, voluntad que se reflejaba en el hecho de que se hubiera dado prioridad a mejorar el sistema penitenciario y a la futura creación de un mecanismo nacional de visitas con arreglo al Protocolo Facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se estaban realizando consultas para determinar la mejor manera de hacerlo a corto plazo. Por último, la Ministra de Justicia indicó que la situación en las prisiones era una de sus prioridades y que para atender este asunto aplicaba un método personal que consistía en visitar centros penitenciarios, organizar grupos de trabajo, reunirse con los presos en los patios de las cárceles, atender sus llamadas telefónicas y contestar a sus cartas, de forma personal o por conducto de funcionarios públicos, y que todo ello constituía en esencia una forma de velar por que los detenidos gozaran de condiciones de vida dignas.
33. Eslovenia se refirió a la falta de documentos de identidad que afectaba a más de 1,5 millones de personas y por lo tanto las privaba del pleno ejercicio de sus derechos. Formuló preguntas sobre las medidas adoptadas recientemente para mejorar la confianza de la población en el sistema judicial, en particular en lo referente a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial. Manifestó su preocupación ante la falta de acceso a servicios de atención de la salud que afectaba a las comunidades pobres y marginadas, en particular las mujeres y los niños, y solicitó información sobre las medidas adoptadas para darles acceso a la salud. Aunque celebró la invitación permanente cursada por el Perú a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, Eslovenia solicitó más precisiones con respecto a los obstáculos que habían impedido la visita del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión hacía cuatro años. Eslovenia recomendó al Perú que: a) expidiera documentos de identidad a las personas que carecían de ellos; b) velara por que se incorporara plenamente una perspectiva de género en las fases siguientes del EPU, incluido el resultado final, y que se incorporara sistemática y continuamente una perspectiva de género en la fase de seguimiento; c) presentara informes periódicamente a los órganos de tratados y respondiera a las comunicaciones y cuestionarios de los procedimientos especiales; y d) considerara la posibilidad de utilizar los Principios de Yogyakarta como orientación para la elaboración de políticas.
34. La Federación de Rusia señaló que, en 2007, el Grupo de Trabajo sobre los mercenarios había recomendado al Perú que investigara las muertes de ciudadanos peruanos empleados por empresas privadas de seguridad en el extranjero y preguntó si el Perú había adoptado alguna medida en ese sentido. También preguntó cuál era el porcentaje de indígenas que carecían de documentos de identidad y cómo se les garantizaba el ejercicio de sus derechos sociales.
35. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reconoció los avances realizados en el ámbito de los derechos humanos y destacó la aplicación de las recomendaciones de la CVR y el procesamiento de las personas vinculadas con la violencia que había vivido el Perú entre 1980 y 2000 (incluido el ex Presidente Fujimori). Alentó al Perú a que siguiera progresando en la aplicación de las recomendaciones de la CVR que aún seguían pendientes, en particular las relativas a los grupos vulnerables y las reformas institucionales. El Reino Unido manifestó su preocupación con respecto a las iniciativas emprendidas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte en el país y recomendó al Perú que aboliera la pena capital. Observó con preocupación el Decreto Supremo (de 27 de abril de 2008) por el que se ponía fin a la participación de la sociedad civil, en calidad de observadora, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Perú, y declaró que la sociedad civil desempeñaba un papel esencial para defender los derechos humanos y velar por que las instituciones gubernamentales rindieran cuentas. El Reino Unido recomendó que se permitiera a la sociedad civil participar plenamente en las actividades de seguimiento del examen. Acogió con satisfacción la ratificación por el Perú del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero observó que el Comité contra la Tortura había expresado preocupación por la sobrepoblación, el hacinamiento y la falta de personal médico y abogados de oficio en las cárceles. Como esas condiciones afectaban a los derechos humanos de las personas detenidas sin haber sido enjuiciadas y erosionaban la confianza de la opinión pública en el sistema judicial, el Reino Unido preguntó al Perú qué medidas había adoptado para atender ese problema.
36. China tomó nota de, entre otras cosas, el reforzamiento de la independencia del sistema de justicia, así como del Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú y de las medidas adoptadas en defensa de los derechos de los indígenas, los grupos vulnerables y las personas afectadas por el VIH. Señaló los esfuerzos realizados para eliminar la discriminación de la mujer, como la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y solicitó más información sobre las funciones de ese ministerio y sobre sus logros y dificultades.
37. México señaló el progreso realizado con respecto a la participación de la mujer en la vida política, la condición jurídica de las comunidades indígenas y el examen de las causas juzgadas por tribunales militares entre 1980 y 2000 y de las penas de cárcel impuestas, y tomó nota de que el Perú había vuelto a aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México tomó también nota del Plan Nacional para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, cuya ejecución no había concluido, y solicitó información acerca de los principales elementos del plan y sus efectos previstos en la lucha contra la impunidad. En lo referente a la eliminación de la tortura, recomendó al Perú que cooperara más estrechamente con el Comité contra la Tortura, estableciendo en particular un sistema nacional de registro e investigación de quejas, y que creara un mecanismo nacional de prevención de la tortura de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También recomendó al Perú que ratificara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y emprendiera una reforma legislativa destinada a tipificar la trata de personas como delito, en consonancia con el Protocolo de Palermo.
38. El Uruguay tomó nota de los esfuerzos realizados para luchar contra la impunidad y se refirió a las actuaciones judiciales recientes contra el ex Presidente Fujimori. Tomó nota asimismo del proceso de reforma iniciado por el Perú para fortalecer las instituciones y el establecimiento del estado de derecho iniciado por el informe final de la CVR. El Uruguay expresó preocupación con respecto a la situación imperante en las cárceles y los centros de detención, e indicó que el Perú debía hacer el máximo esfuerzo por mejorar las condiciones de detención, en particular en la cárcel de Challapalca, en la que los detenidos vivían en condiciones climáticas extremas.
39. Azerbaiyán expresó su reconocimiento por el hecho de que la Defensoría del Pueblo hubiera sido acreditada como institución de categoría «A» y por los resultados de sus actividades encaminadas a eliminar la discriminación contra las poblaciones indígenas y los casos de tortura. Añadió que la Defensoría debía incrementar sus iniciativas en la esfera de los derechos humanos y lograr resultados más concretos. Señaló que, aunque el Perú había cursado una invitación permanente a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, aún no se habían acordado las visitas solicitadas por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, y preguntó al Perú si tenía previsto aceptar esas visitas próximamente. Le preguntó también si había previsto remediar el vacío legal existente mediante la promulgación de legislación nacional que regulara las actividades de las empresas privadas de seguridad que operaban en el mercado internacional.
40. Francia observó que había cerca de 3.000 casos de desapariciones forzadas pendientes que se remontaban al período de guerra civil y preguntó al Perú qué medidas había previsto adoptar para aclarar esos casos. Lo alentó a que firmara y ratificara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y aplicara todas las recomendaciones formuladas por la CVR, en particular en relación con las reparaciones a las víctimas y las reformas institucionales.
41. Los Estados Unidos de América observaron que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Concilio Nacional Evangélico habían perdido su categoría de entidades observadoras ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos como consecuencia de la aplicación de un decreto supremo y expresaron preocupación por el cierre de esa vía de diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno. Solicitaron información sobre las gestiones que estaba haciendo el Gobierno para fomentar dicho diálogo, especialmente con las ONG, y recomendaron al Gobierno que demostrara su voluntad de contar con la colaboración de la sociedad civil, en particular las ONG, los círculos académicos y las instituciones de investigación, en la elaboración y aplicación de una política nacional sobre derechos humanos. Los Estados Unidos también tomaron nota de las denuncias de actos de violencia e intimidación contra profesionales de los medios de comunicación en 2006 y 2007, y observaron que la información sobre asuntos como la corrupción, el narcotráfico y las actividades del grupo Sendero Luminoso acarreaba riesgos para los periodistas, que eran objeto de hostigamiento por parte de autoridades estatales y grupos de intereses. Los Estados Unidos preguntaron qué medidas había adoptado el Gobierno para iniciar procedimientos judiciales contra los autores de esos delitos. Recomendaron al Perú que acelerara la instrucción de las causas, impusiera penas a los funcionarios públicos declarados culpables de esos delitos e hiciera demostración pública de su apoyo a la libertad de expresión denunciando los actos de violencia e intimidación contra los profesionales de los medios de comunicación. Los Estados Unidos también preguntaron qué medidas había adoptado el Gobierno para impedir los actos discriminatorios contra los afroperuanos y promover su ascenso económico y social.
42. Italia reconoció que el Plan Nacional de Derechos Humanos constituía un importante avance, pero expresó su preocupación por las recientes propuestas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte, y recomendó al Perú que mantuviera la moratoria de facto sobre la pena de muerte con el fin de abolirla a medio plazo. Aunque señaló la importancia de la Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 2007, mencionó las dificultades que tenían las mujeres para acceder a la justicia. En relación con los derechos del niño, y a pesar de los avances logrados gracias al Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Italia manifestó su preocupación por las condiciones laborales abusivas que soportaban miles de niños y adolescentes. Recomendó al Perú que, de conformidad con las conclusiones adoptadas en 2006 por el Comité de los Derechos del Niño, redoblara sus esfuerzos para acabar con el trabajo infantil y promover la reintegración social y la educación de los niños y adolescentes víctimas de esos abusos.
43. El Brasil tomó nota de los esfuerzos realizados para luchar contra la discriminación y en la esfera de los derechos de la mujer y de las personas con discapacidad, así como para luchar contra la impunidad y promover el acceso a la justicia. Pidió información sobre las principales medidas adoptadas para promover los derechos del niño, las medidas relacionadas con la cuestión de los defensores de los derechos humanos y la situación del cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Perú en relación con la tortura, así como sobre los logros de la CVR y las medidas que se habían adoptado o se tenía previsto adoptar al respecto. El Brasil recomendó al Perú que considerara la posibilidad de elaborar una política nacional destinada a proteger a los defensores de los derechos humanos, que podría consistir en un sistema nacional de protección de testigos y de defensores de los derechos humanos.
44. La Argentina destacó la mención que había hecho el Perú al derecho a la verdad y a las medidas adoptadas en relación con la reforma penal. Solicitó más datos e información sobre el plan del Perú para mejorar la estructura penitenciaria.
45. Australia se refirió al nivel de protección que se ofrecía a los defensores de los derechos humanos en el Perú y a la manera en que podían llevar a cabo su trabajo en la sociedad. Destacó que, según Amnistía Internacional, «siguió sometiéndose a amenazas e intimidaciones a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos… debido a sus actividades» y que «raras veces se investigaron las amenazas», y pidió al Perú que respondiera a esas observaciones. Australia recomendó al Perú que velara por que los defensores de los derechos humanos, las víctimas de violaciones de los derechos humanos, los testigos, los fiscales, los expertos forenses, los periodistas y los miembros de organizaciones sindicales pudieran llevar a cabo su labor libremente, sin miedo a ser objeto de intimidación.
46. El Ecuador tomó nota de los esfuerzos realizados por el Perú para poner fin a los actos delictivos de Sendero Luminoso y de las medidas adoptadas para acabar con la impunidad. También tomó nota de la existencia de la Defensoría del Pueblo y del Registro de Ausencia por Desaparición Forzada. Observó que en el informe del Perú se afirmaba que el 75% de las víctimas del conflicto armado eran miembros de comunidades indígenas e hizo votos por que no volviera a producirse ese tipo de enfrentamientos entre compatriotas. El Ecuador pidió más información sobre las medidas adoptadas, las actividades llevadas a cabo y los resultados obtenidos con respecto a esa cuestión.
47. En respuesta a algunas de las preguntas formuladas, el Perú señaló que, además de la CVR y el PIR, otros dos organismos se ocupaban de las reparaciones: la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada de las reparaciones colectivas, y el Consejo de Reparaciones, encargado de elaborar un registro de las víctimas para poder atender a las reparaciones individuales. Ambos organismos dependían directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que daba fe de la importancia que el Estado atribuía a la cuestión. El Perú agregó que, en los dos últimos años, el Consejo había asignado un total de 37 millones de dólares de los EE.UU. para ejecutar el Plan Integral de Reparaciones, que determinaba las actividades de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y del Consejo de Reparaciones. En 2007 se había puesto en marcha el programa de reparaciones colectivas en una zona muy afectada por el terrorismo. El Perú dijo que asumía el compromiso de ofrecer reparación a las víctimas de la violencia. Indicó que el informe nacional y la información facilitada hasta el momento aportaban más datos detallados sobre los programas de reparación.
48. En relación con la cuestión de los documentos de identidad, el Perú señaló que una de las principales dificultades asociadas al fenómeno de la exclusión (que también guardaba relación con los actos terroristas pasados) era la falta de un documento de identidad legal; un elevado número de personas, en particular menores, no tenían partida de nacimiento ni documento nacional de identidad. Por consiguiente, una de las prioridades del Perú era garantizar a todas las personas el derecho a un nombre y a la identidad, derecho consagrado en la Constitución. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), órgano responsable de esa cuestión, llevaba a cabo un plan nacional de restitución de la identidad denominado «Documentando a los indocumentados», que abarcaba el período 2005-2009 y tenía por objeto permitir que todos los peruanos pudieran ejercer su derecho a tener una identidad nacional. El RENIEC trabajaba también con los más pobres y los miembros de las familias rurales.
Por último, el Perú recordó que existía una norma especial para facilitar la restitución de los documentos de identidad en los lugares donde los registros habían desaparecido. Con respecto al acceso a los servicios de salud, el Perú respondió que el Gobierno estaba aplicando programas participativos para aliviar la pobreza. Las tasas de pobreza habían disminuido y el Perú presentó estadísticas ilustrativas al respecto. Se refirió a la valiosa ayuda proporcionada por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que contaba con la participación del Estado y todos los demás interesados. El Perú también había elaborado programas de ayuda social a los que había destinado recursos considerables. La Estrategia nacional «Crecer» y el proyecto «Juntos» tenían por objetivo luchar contra la pobreza extrema y la exclusión infantil.
49. En cuanto a las supuestas complicaciones que habían impedido al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión visitar el país, el Perú destacó que esa información era sencillamente incorrecta y que no se había impuesto restricción alguna a la visita del titular del mandato. El Perú no había impuesto ningún tipo de limitación a ninguna visita, y en los últimos años había acogido las visitas de cuatro procedimientos especiales. En el informe que contenía la recopilación preparada por el ACNUDH figuraba una solicitud en ese sentido, pero ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Misión Permanente habían tenido constancia de dicha solicitud. El Perú afirmó que su Gobierno era plenamente respetuoso de la libertad de expresión y que acogería con satisfacción toda petición del Relator Especial de visitar el país, como también aceptaría con agrado toda petición de información adicional.
50. El Perú negó que se hubiera excluido a las ONG del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Hizo mención al Decreto Supremo Nº 008/2008, publicado en el Diario Oficial del Estado, por el que se modificaba el reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos, no para excluir a las ONG, sino para que el Perú pudiera establecer sus propias estrategias de defensa jurídica cuando tuviera que responder a denuncias de violaciones de los derechos humanos, en particular las presentadas por ONG. El Estado tenía derecho a establecer sus propias estrategias. El Decreto Nº 008/2008 disponía que el Consejo Nacional de Derechos Humanos mantenía su cooperación con la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y otras instituciones con funciones y objetivos conexos, incluida la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras. El Perú reiteró que el sistema no era excluyente, sino integrador. La Ministra de Justicia se refirió además al mensaje pronunciado recientemente en una conferencia de prensa de la propia ministra por un conocido defensor de derechos humanos, Mons. Luis Bambarén, en relación con esa cuestión.
51. En cuanto al hacinamiento y a la situación de la atención de la salud en las prisiones, así como a las demoras de los juicios, el Perú se remitió a las explicaciones ofrecidas al respecto en el informe nacional y en la exposición introductoria. El Perú había reconocido que la situación en las prisiones era incompatible con el adecuado desarrollo de la sociedad y se refirió nuevamente al Programa de desarrollo de la infraestructura penitenciaria. En relación con las amenazas a periodistas y con el derecho de los defensores de los derechos humanos y los testigos a la protección, el Perú negó categóricamente toda vinculación del Estado con actos de amenazas y persecución contra periodistas. Por el contrario, existía la mayor libertad posible de expresión y esas personas contaban con las salvaguardias necesarias que les proporcionaban la ley y determinadas medidas gubernamentales. El Perú concluyó expresando su agradecimiento por las demás preguntas formuladas y sus disculpas por no haber tenido tiempo de responder a todas, y señaló que algunas de ellas ya habían sido respondidas en el informe nacional y que estaba dispuesto a proporcionar respuestas por escrito.
II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
52. Durante el debate se formularon las siguientes recomendaciones al Perú:
1. Seguir prestando atención a la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables (Filipinas), en particular mejorando la situación de los pueblos indígenas (Argelia);
2. Considerar la posibilidad de aplicar los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género como guía para la elaboración de políticas (Eslovenia);
3. Ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Portugal) para abolir la pena de muerte (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y mantener la moratoria de facto sobre las ejecuciones, vigente desde la década de 1970 (Italia y Filipinas);
4. a) Investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las denuncias de casos de torturas y malos tratos y de torturas y desapariciones forzadas perpetrados por agentes del Estado, velando por que el sistema de justicia penal militar no sea el encargado de realizar las investigaciones, y adoptar medidas adicionales para garantizar que quienes denuncian actos de tortura o malos tratos no sean objeto de intimidación o represalias y para aplicar las recomendaciones formuladas al respecto por el Comité contra la Tortura (Canadá);
b) Colaborar más estrechamente con el Comité contra la Tortura, en particular con el fin de establecer un sistema nacional de investigación y registro de denuncias y un mecanismo nacional de prevención (México);
5. Seguir aplicando las políticas, los planes y los servicios nacionales para impulsar el adelanto de la mujer y proteger a las mujeres de la violencia (Chile) y ampliar la definición de violencia contra la mujer de conformidad con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Turquía);
6. Emprender reformas legislativas para tipificar la trata de personas como delito, en consonancia con la definición contenida en el Protocolo de Palermo (México);
7. De conformidad con las conclusiones adoptadas por el Comité de Derechos del Niño en 2006, incrementar las medidas para acabar con el trabajo infantil y promover la reintegración social de los niños y adolescentes víctimas de la explotación (Italia);
8. Seguir cooperando con las actividades de la Defensoría del Pueblo (República de Corea);
9. Redoblar los esfuerzos para aplicar cabalmente todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), especialmente en relación con las indemnizaciones a las víctimas y las reformas institucionales (Francia, Canadá, Filipinas, Alemania y República de Corea) e informar al respecto al Consejo de Derechos Humanos. Esa iniciativa debería incluir el esclarecimiento de todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante los 20 años de conflicto armado, el procesamiento de los autores de conformidad con la normativa internacional y la concesión de reparaciones a las víctimas (Países Bajos). Al aplicarse las recomendaciones de la CVR también debería tenerse en cuenta la situación de los grupos vulnerables y las reformas institucionales (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
10. Proporcionar recursos financieros y de otra índole al Consejo Nacional de Reparaciones (Bélgica);
11. Seguir fortaleciendo la capacidad y la independencia del sistema judicial y combatir eficazmente la corrupción en el poder judicial (Alemania);
12. Adoptar medidas para solucionar los problemas del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las pésimas condiciones de encarcelamiento, incluido el acceso de los presos a profesionales médicos y abogados de oficio (Canadá), especialmente en la prisión de Challapalca, donde los detenidos viven en condiciones climáticas extremas (Uruguay);
13. Acelerar la instrucción de las causas de violencia e intimidación de profesionales de los medios de comunicación, imponer penas a los funcionarios públicos declarados culpables de esos delitos y hacer demostración pública de apoyo de la libertad de expresión denunciando los actos de violencia e intimidación contra profesionales de los medios de comunicación en el Perú (Estados Unidos de América);
14. Velar por que los defensores de los derechos humanos, incluidas las víctimas de violaciones de los derechos humanos, los testigos, los fiscales, los expertos forenses, los periodistas y los miembros de organizaciones sindicales, puedan realizar libremente su labor en el ámbito de los derechos humanos, sin miedo a ser objeto de intimidación (Australia y Países Bajos) y presentar informes al Consejo de Derechos Humanos sobre las nuevas medidas o iniciativas adoptadas al respecto (Países Bajos). El Perú también debería considerar la posibilidad de elaborar una política nacional de protección de los defensores de los derechos humanos, que podría consistir en un sistema nacional de protección de testigos (Bélgica) y de defensores de los derechos humanos (Brasil);
15. Contrarrestar los efectos adversos de actividades económicas como la extracción de petróleo y la minería en el pleno disfrute de algunos de los derechos económicos y sociales de las comunidades que habitan en los territorios colindantes (Turquía);
16. Considerar la posibilidad de firmar y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (México y Francia);
17. Informar periódicamente a los órganos de tratados y responder a las comunicaciones y preguntas de los procedimientos especiales (Eslovenia);
18. Solucionar el problema de la identidad proporcionando documentos de identificación a quienes carecen de ellos (Eslovenia);
19. Garantizar la plena integración de la perspectiva de género en las próximas fases del examen, en particular en el resultado final del Examen Periódico Universal, y su integración constante y sistemática en el proceso de seguimiento (Eslovenia);
20. Demostrar la voluntad de contar con la colaboración de la sociedad civil, en particular las ONG, los círculos académicos y las instituciones de investigación, en la elaboración y aplicación de la política nacional de derechos humanos (Estados Unidos de América), así como en la labor de seguimiento del presente examen, como se señaló en el informe nacional del Perú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
53. La respuesta del Perú a estas recomendaciones figurará en el informe final que ha de aprobar el Consejo de Derechos Humanos en su octavo período de sesiones.
54. Todas las conclusiones y/o recomendaciones contenidas en el presente informe reflejan la posición del Estado o los Estados que las han hecho y/o del Estado examinado, y en ningún caso se considerarán aprobadas por el Grupo de Trabajo en su conjunto.
III. COMPROMISOS VOLUNTARIOS CONTRAÍDOS POR EL ESTADO EXAMINADO
55. El Perú se refirió a los compromisos contraídos, en particular los siguientes:
a) Presentar, en las fechas señaladas, los informes pendientes a los órganos establecidos en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (diciembre de 2008), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (diciembre de 2008) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (junio de 2009);
b) Cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura mediante la creación de uno o varios mecanismos nacionales independientes de prevención; y
c) Aplicar el Plan Nacional de Derechos Humanos, subrayando la importancia de mantener un diálogo como instrumento para avanzar en relación con las prioridades nacionales de derechos humanos, así como reforzar el Consejo Nacional de Derechos Humanos a ese respecto.
Annex
Composition of the delegation
The delegation of Peru was headed by Her Excellency Ms. Rosario Fernandez, Minister of Justice, and composed of ten members:
H. E. Mr. Eduardo Ponce Vivanco, Ambassador, Permanent Representative of Peru to the United Nations in Geneva;
Mr. Elmer Schialer, Deputy Permanent Representative of Peru to the United Nations in Geneva;
Mr. Carlos Chocano Burga, Counselor, Permanent Mission of Peru to the United Nations in Geneva;
Mr. Juan Pablo Vegas, Counselor, Human Rights Director of the Ministry of Foreign Affairs;
Mr. Alejandro Neyra, First Secretary;
Ms. Claudia Guevara, Second Secretary;
Mr. Inti Zevallos, Second Secretary;
Mr. Giancarlo León, Second Secretary;
Mr. Ruben Bolo;
Mr. Tito Liñan.
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