7 de marzo de 2021 – En diálogo con «La Tercera«, el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se refirió al abordaje de los derechos humanos en el proceso constitucional chileno y al proyecto con que su Oficina brinda apoyo en la materia al órgano encargado de proponer una nueva Constitución para el país. «Nos parece alentador que los derechos humanos, hasta la fecha, han sido verdaderamente considerados en el centro del debate de la Convención».
Jan Jarab, representante de ACNUDH a la Convención: “Una Constitución demasiado larga y detallada puede representar un problema”
Por José Carvajal
El próximo lunes 7 entregarán a la CC el informe “Chile: Los derechos humanos al centro de la nueva Constitución”. ¿Qué los motivó?
Es una contribución técnica al proceso constituyente desde nuestra oficina y está basado en nuestro mandato por la promoción y protección de los derechos humanos. Es una publicación que contiene elementos que ya se han compartido con los convencionales sobre varios derechos y buscamos facilitar la orientación de los constituyentes sobre las obligaciones y los estándares internacionales de derechos humanos del sistema universal. Son las obligaciones con las cuales el Estado de Chile se ha comprometido a ratificar los distintos tratados internacionales en esas materias. Y pensamos que ahora puede ser de utilidad para enmarcar el debate constitucional en el marco normativo internacional de derechos humanos, que deben estar al centro de la Carta Fundamental.
¿Cuáles serían esos derechos que debería asegurar una nueva Constitución?
Sería un largo listado porque todos los que hemos incluido en esta publicación son derechos que deben estar presentes. Ahora, el debate es más bien a qué nivel de ambición y con qué nivel de detalle. Porque evidentemente Chile tiene que reconocer e implementar estos derechos donde ratificó estos tratados. Pero esto es como un piso mínimo, Chile puede ir más allá de lo que es el compromiso que tiene en los tratados. Nosotros no podemos opinar si tiene que tener tal o cual nivel de detalle. Sin embargo, desde la perspectiva práctica, sí está claro que hay que balancear esta ambición con lo que puede ser implementado, lo que debe de estar a nivel constitucional y lo que debe de estar a nivel de leyes ordinarias. Porque si una Constitución resulta demasiado larga, demasiado detallada, eso también puede representar de cierta manera un problema.
¿Cómo ven la discusión que se ha dado hasta el momento en la CC en estas materias?
Primero quería resaltar que nos parece alentador que los derechos humanos, hasta la fecha, han sido verdaderamente considerados en el centro del debate de la Convención, y resaltar también que el tema del negacionismo no es, desde nuestra perspectiva, uno de los temas centrales de derechos humanos que se está discutiendo.
Respecto al negacionismo, diferentes organismos de derechos humanos, incluida la ONU, se oponen a la discusión sobre eso. ¿Comparte esa opinión?
Evidentemente es una discusión interesante la que se está dando sobre el negacionismo o sobre el discurso de odio. Y en esto, por un lado, entendemos, que hay que entender la voluntad popular de superar la herencia de una Constitución introducida por la dictadura militar. Pero el desarrollo reciente de estándares internacionales en materia de libertad de expresión va más bien en dirección de no prohibir, no penalizar la expresión de opiniones sobre hechos históricos, como lo dijo, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos. Lo que sí debe de estar prohibido es el discurso de odio que incita a la discriminación, a la violencia o a la hostilidad. Pero, reitero, esto debe estar en la ley penal, no necesariamente en la Constitución.
¿Cuál sería, entonces, una solución para aquello?
En gran parte, la solución no es por vía de prohibiciones, ni siquiera de la ley penal, más bien se deben desplegar herramientas distintas a la criminalización cuando no constituya una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. Esto es la educación, el contradiscurso, la promoción del pluralismo para hacer frente al discurso de odio. Es importante hacer frente al discurso de odio, pero tal vez no es un tema que se puede resolver, según nuestra perspectiva, en una Constitución.
¿Cuál es el riesgo de incluir en la Constitución el negacionismo?
Que se pueda restringir demasiado la libertad de expresión donde sobre los hechos históricos es mejor tener un debate abierto y contrarrestar a quienes defiendan una dictadura con argumentos, con un contradiscurso, con un énfasis a los derechos humanos, pero también con medidas que van a resolver algunos pendientes que tiene la sociedad chilena hacia l
Respecto a lo ocurrido tras el estallido social, usted ha señalado que el Estado de Chile ha sido incapaz de abordar adecuadamente la violación de los derechos humanos… A dos años, ¿sigue pensando igual?
Ha mejorado en algunas dimensiones y en nuestro informe, que se publicó a dos años del estallido social, fue igual de matizado. Hemos evaluado como avances, por ejemplo, las mejoras en los protocolos de uso de la fuerza, pero también hemos resaltado que varios temas fundamentales no se han resuelto, y no han avanzado en los últimos meses tampoco. Por ejemplo, la legislación sobre la libertad de reunión pacífica. Se estaba trabajando en un anteproyecto, se hizo una consulta, pero después, y no sabemos por qué no avanzó, nunca se presentó este proyecto de ley.
En ese sentido, el gobierno saliente, ¿queda con alguna deuda pendiente en materia de derechos humanos?
Cada gobierno queda con una deuda en derechos humanos, esto es un proceso que no termina porque nuevos problemas aparecen, nuevas sensibilidades y porque las instituciones de los estados, y los seres humanos, somos imperfectos. Ahora bien, sí se pueden identificar áreas con pendientes particulares: el estallido social y todo esto que ya mencioné, el tema de personas migrantes en el último año y medio. Ahora, otro tema importante es el de derechos económicos, sociales y culturales. Esto será un gran tema para el gobierno futuro y no sólo para el gobierno, sino para la sociedad chilena. Y se podrían mencionar otros temas, como la situación de los niños del Sename, el sistema penitenciario y de los pueblos indígenas.
Usted mencionó la crisis migratoria. ¿Hay un error en la política migratoria adoptada por el gobierno?
Estamos convencidos de que sí, que hay un error y es lo que yo describí, y el error primordial es el de haber pensado que se pueden cerrar los canales regulares sin considerar que lo que va a ocurrir es que la gente va a seguir llegando, pero de forma irregular.
El actual gobierno comenzó una reforma a Carabineros, y el presidente electo, Gabriel Boric, en una de sus promesas de campaña, dijo que profundizaría esa reforma. ¿Qué elementos se deberían considerar en esos cambios?
Es muy bueno que el próximo gobierno declarara su intención de profundizar la reforma de Carabineros de Chile, y nosotros estamos convencidos de que eso tiene que ir más allá de lo que ya se ha hecho en materia de uso de la fuerza, que se necesita ir cambiando la cultura de la organización hacia una de un concepto más ciudadano, más democrático, más políticamente neutral. Porque hemos visto que los carabineros intervinieron de manera muy distinta cuando se trató de protestas de jóvenes, por un lado, y bloqueos de camioneros, por otro, que hubo como un sesgo en el actuar de los carabineros. Me parece que esto es algo que una policía democrática con una cultura democrática no tendría que perpetuar. Y también es muy importante la rendición de cuentas, no sólo interna, la rendición de cuentas externa hacia órganos civiles.
¿Y cuáles serían los principales desafíos para el próximo gobierno?
Hemos visto en el programa del próximo gobierno que estos temas que mencioné, incluso el tema de protección social, también son parte de las tareas que esa nueva administración identificó, entonces nosotros como oficina siempre estamos ofreciendo asistencia técnica. Lo hemos hecho con el gobierno saliente y sin lugar a dudas, nosotros como Oficina del Alto Comisionado, pero también otras agencias de las Naciones Unidas, vamos a querer cooperar con las nuevas autoridades para ayudar a resolver, o empezar a resolver, algunos de estos problemas crónicos que mencioné.
Finalmente, la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile lleva más de ocho meses tomada. ¿Qué opinión tiene al respecto?
El INDH es para nosotros un socio clave en muchos contextos, incluso en el de migración que ya mencioné, o de La Araucanía. Todos los institutos o instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa internacional de derechos humanos en el plano nacional, realizando funciones esenciales de protección y promoción y contribuyen a fomentar una sociedad civil dinámica y un público conocedor de sus derechos. Por eso lamentamos ver que la sede del Instituto se encuentra ocupada.
¿Y cómo se puede solucionar aquello?
Estamos conscientes de que si hay una crisis interna en el instituto, que ya se hizo pública, y que hay una crisis en las relaciones del Instituto con la sociedad civil y con varias categorías de víctimas que ya no confían más en el organismo. Las Naciones Unidas no pueden dar una solución a esto, ya que es una decisión soberana chilena, pero sí queda bastante claro que la nueva Constitución y en el nuevo ciclo político tienen que abordar ese tema y tal vez repensar la institución nacional de Derechos Humanos.
Fuente: La Tercera
- Más sobre el proyecto “Chile, los derechos humanos al centro de la nueva Constitución: https://acnudh.org/constitucion/
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