SANTIAGO (07 de marzo de 2019) – La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente.
“La no prestación de determinados servicios de salud a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos”, señaló la Representante del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg.
A raíz de una cesárea -practicada el 27 de febrero de 2019 en San Miguel de Tucumán- a una niña de 11 años, embarazada producto de una violación, el ACNUDH recordó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.
“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, indicó Gerstenberg. “Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”.
En tal sentido, la Oficina Regional del ACNUDH observa con preocupación que este caso se sume a otros similares ocurridos en la provincia y en el país en los últimos meses. Al respecto, destacó que varios mecanismos internacionales -como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité contra la Tortura- han realizado recomendaciones específicas a Argentina para que garantice el acceso a la ILE en condiciones de seguridad y a servicios posteriores, asegurando que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta.
“Por ejemplo, el CESCR recomendó en 2018 adoptar medidas efectivas para implementar en todas las provincias la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto legal, y garantizar que se adopten protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y mujeres que recurren al aborto en los casos previstos en la ley vigente”, añadió Gerstenberg.
El ACNUDH respeta la objeción de conciencia del personal médico, al tiempo que recuerda al Estado y sus instituciones su deber de garantizar el acceso de las mujeres a la ILE en todos los hospitales públicos del país en los casos previstos por la ley.
En ese sentido, y de acuerdo con las recomendaciones realizadas por mecanismos internacionales de derechos humanos a Argentina, el ACNUDH insta al Estado a adoptar medidas proactivas para garantizar que las leyes, regulaciones y prácticas pertinentes respecto a las objeciones de conciencia por parte del personal médico no obstruyan el acceso rápido y efectivo a la ILE, asegurando un trato profesional y respetuoso de la dignidad de todas las mujeres que requieran ese servicio.
Por último, la Oficina urge al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica y a que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad. Igualmente, el ACNUDH solicita garantizar a la niña su derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, así como servicios psicológicos y sociales, para evitar su revictimización.
FIN
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