M\u00e1s de 1,8 mil millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada seg\u00fan estimaciones de ONU-H\u00e1bitat. Cada a\u00f1o dos millones de personas son desalojadas por la fuerza, muchas m\u00e1s reciben amenazas de desalojo y unos 150 millones de personas de todo el mundo se han quedado sin hogar. En esta \u00e9poca de pandemia por la COVID-19, al pedir a las personas que se queden en casa, el desplazarse lo menos posible y aplicar el distanciamiento f\u00edsico resultan extremadamente complicados para aquellos que viven en condiciones de hacinamiento, los sin hogar y para aquellos que carecen de acceso a agua y al saneamiento.<\/p>\n\n\n\n
Este a\u00f1o, Ceretta y sus estudiantes se hicieron cargo del caso de una familia con seis hijos de edades comprendidas entre 2 y 14 a\u00f1os, que viv\u00eda en la pobreza extrema. La familia llevaba ocupando una casa en Montevideo los \u00faltimos 14 a\u00f1os, la cual estaba al borde del colapso.<\/p>\n\n\n\n
Este caso representaba un desaf\u00edo para el profesor y su equipo puesto que, seg\u00fan recuerda \u00e9l, apenas se pod\u00edan encontrar precedentes sobre la ejecutoriedad del derecho a la vivienda en Uruguay, a diferencia de otros derechos sociales como la asistencia sanitaria.<\/p>\n\n\n\n “Durante nuestra investigaci\u00f3n en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Rep\u00fablica, solo encontramos cinco registros de litigios que exig\u00edan el disfrute efectivo del derecho a la vivienda. En tres de los casos, la Cl\u00ednica de Litigio Estrat\u00e9gico de la Facultad promovi\u00f3 acciones de amparo en 2018, 2019 y la \u00faltima vez en 2020”, destac\u00f3 Ceretta.<\/p>\n\n\n\n “Todos estos casos estaban relacionados con circunstancias extremas de personas vulnerables, tales como migrantes, mujeres y ni\u00f1os que no estaban inscritos en programas nacionales de vivienda, que ocupaban tierras o que hab\u00edan sido desalojados por la fuerza. Sin embargo, no se conoc\u00eda ning\u00fan caso con buenos resultados hasta la fecha”.<\/p>\n\n\n\n En una acci\u00f3n in\u00e9dita colaboraron con la Defensor\u00eda P\u00fablica, que les aconsej\u00f3 adoptar un planteamiento m\u00e1s amplio en el caso. Todos los informes procedentes de los servicios sociales hab\u00edan indicado el riesgo que supon\u00eda que los adultos y los ni\u00f1os siguieran viviendo en una casa al borde del colapso.<\/p>\n\n\n\n El camino que les esperaba al profesor Ceretta y a sus alumnos era largo y lleno de baches. Sin embargo, en pocas semanas, recibieron una noticia incre\u00edble: en un resultado sin precedentes, el tribunal consider\u00f3 admisible la demanda de protecci\u00f3n constitucional interpuesta por la Cl\u00ednica de Litigio Estrat\u00e9gico, que exig\u00eda soluciones urgentes de vivienda para la familia en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio de Vivienda de Uruguay acord\u00f3 proporcionar a la familia una vivienda adecuada \u2014por medio de un subsidio de alquiler durante dos a\u00f1os\u2014 en un plazo de 24 horas y garantizar su acceso a los servicios b\u00e1sicos, como parte de su derecho humano a una vivienda adecuada.<\/p>\n\n\n\n “Era la primera vez que el Estado pod\u00eda revisar las pol\u00edticas p\u00fablicas para este caso concreto, con la particularidad a\u00f1adida de que suced\u00eda en el marco de los procedimientos de conciliaci\u00f3n, y que contaba con la participaci\u00f3n de otros agentes p\u00fablicos”, resalt\u00f3 Ceretta. “El Ministerio de Desarrollo Social se comprometi\u00f3 a acompa\u00f1ar a la familia durante el proceso, y el Instituto del Ni\u00f1o y el Adolescente del Uruguay seguir\u00e1 de cerca la situaci\u00f3n de los ni\u00f1os y buscar\u00e1 una vivienda adecuada acorde a las necesidades de la familia”.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/acnudh.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/062-Housing_Uruguay-1-580x315.jpg\")