El costo humano del terrorismo se ha sentido pr\u00e1cticamente en todos los rincones del planeta. El sistema de las Naciones Unidas mismo ha sufrido p\u00e9rdidas humanas tr\u00e1gicas como resultado de violentos actos de terrorismo. El ataque contra sus oficinas de Bagdad del 19 de agosto de 2003 cobr\u00f3 la vida del Representante Especial del Secretario General, Sergio Vieira de Mello, de 21 otros funcionarios y funcionarias y lesion\u00f3 a m\u00e1s de 150, algunos de ellos muy gravemente.<\/p>\n
Claramente el terrorismo tiene efectos muy reales y directos sobre los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el ejercicio del derecho a la vida, la libertad y la integridad f\u00edsica de las v\u00edctimas. Adem\u00e1s de ese costo individual, el terrorismo puede desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad y amenazar el desarrollo social y econ\u00f3mico. Todos estos tienen tambi\u00e9n efectos reales sobre el goce de los derechos humanos.<\/p>\n
La seguridad del individuo es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, la protecci\u00f3n de los individuos es una obligaci\u00f3n fundamental del gobierno. Los Estados, en consecuencia, tienen la obligaci\u00f3n de velar por los derechos humanos de sus nacionales y de otros mediante la adopci\u00f3n de medidas positivas para protegerlos contra la amenaza de actos terroristas y para llevar ante la justicia a los autores de esos actos.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, sin embargo, las propias medidas adoptadas por los Estados para luchar contra el terrorismo con frecuencia han planteado graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley. Algunos Estados han recurrido a la tortura y otros malos tratos para luchar contra el terrorismo, en tanto que se ha solido dejar de lado salvaguardias jur\u00eddicas y pr\u00e1cticas cuyo objeto es prevenir la tortura, como la supervisi\u00f3n peri\u00f3dica e independiente de los centros de detenci\u00f3n. Otros Estados han devuelto personas sospechosas de realizar actividades terroristas a pa\u00edses en que enfrentan un riesgo aut\u00e9ntico de tortura o de otros abusos graves de derechos humanos, con lo que han violado la obligaci\u00f3n internacional de no devoluci\u00f3n. En algunos lugares se ha menoscabado la independencia del poder judicial, en tanto que el uso de tribunales excepcionales para enjuiciar civiles ha afectado la eficacia de los sistemas judiciales ordinarios. Se han utilizado medidas represivas para ahogar las voces de defensores de los derechos humanos, periodistas, minor\u00edas, grupos ind\u00edgenas y la sociedad civil. Se han distra\u00eddo recursos normalmente destinados a programas sociales y la asistencia para el desarrollo hacia el sector de la seguridad, con lo que se afectan los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de muchos.<\/p>\n
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