Uruguay (2014)

15 de abril, 2014

*Vea EPU de 2009 (1er ciclo) aquí:

http://acnudh.org/2009/06/informe-de-resultado-del-examen-periodico-universal-%E2%80%93-uruguay-2009/

EPU de 2014 (2do ciclo)

– Descargue el informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal:

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– Descargue el documento adicional con opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado uruguayo:

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GE.14-12962 (S) 230414 240414
*1412962*
Consejo de Derechos Humanos
26º período de sesiones
Tema 6 de la agenda
Examen Periódico Universal
Informe del Grupo de Trabajo sobre el
Examen Periódico Universal*
Uruguay
* El anexo se distribuye tal como se recibió.
Naciones Unidas A/HRC/26/7
Asamblea General Distr. general
4 de abril de 2014
Español
Original: inglés
A/HRC/26/7
2 GE.14-12962
Índice
Párrafos Página
Introducción ……………………………………………………………………………………………… 1–4 3
I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen …………………………………… 5–122 3
A. Exposición del Estado examinado………………………………………………………… 5–22 3
B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado…………………………… 23–122 6
II. Conclusiones y/o recomendaciones ……………………………………………………………… 123–126 15
III. Promesas y compromisos voluntarios…………………………………………………………… 127 28
Anexo
Composition of the delegation …………………………………………………………………………………………… 29
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Introducción
1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de
conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio
de 2007, celebró su 18º período de sesiones del 27 de enero al 7 de febrero de 2014. El
examen del Uruguay se llevó a cabo en la quinta sesión, celebrada el 29 de enero de 2014.
La delegación del Uruguay estuvo encabezada por Homero Guerrero, Secretario de la
Presidencia (Ministro). En su décima sesión, celebrada el 31 de enero de 2014, el Grupo de
Trabajo aprobó el informe sobre el Uruguay.
2. El 15 de enero de 2014, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo
de relatores (troika) para facilitar el examen del Uruguay: Burkina Faso, Chile y Francia.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 y el
párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo, para el examen del Uruguay se
publicaron los siguientes documentos:
a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el
párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/18/URY/1);
b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b)
(A/HRC/WG.6/18/URY/2);
c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c)
(A/HRC/WG.6/18/URY/3).
4. Por conducto de la troika se transmitió al Uruguay una lista de preguntas preparadas
de antemano por Eslovenia, España, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Suecia y Suiza. Esas preguntas pueden
consultarse en la extranet del examen periódico universal (EPU). En la sección I.B del
presente informe figuran resúmenes de otras preguntas planteadas durante el diálogo
interactivo por el Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Hungría,
Italia, Marruecos, Montenegro y Portugal.
I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen
A. Exposición del Estado examinado
5. El jefe de la delegación del Uruguay reiteró el compromiso del Estado con la
democracia, los derechos humanos y el sistema multilateral. Señaló que el Uruguay había
ratificado todos los tratados fundamentales para la protección de los derechos humanos y
sus protocolos facultativos. El país cooperaba con los mecanismos de derechos humanos y
había extendido una invitación abierta para que visitaran el país a los relatores, expertos y
demás procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y del sistema
interamericano.
6. La delegación hizo referencia al contexto en que el Uruguay había venido
cumpliendo su deber de proteger los derechos humanos en el decenio anterior, que se había
visto marcado por la crisis económica de 2001 y 2002, la peor jamás sufrida por el
Uruguay. El desempleo y el deterioro de las condiciones socioeconómicas habían
provocado un grave riesgo de desintegración social y familiar, la marginación de un
importante número de uruguayos y un aumento de la pobreza y la extrema pobreza, así
como un incremento considerable de la emigración, especialmente entre los jóvenes.
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7. Esa situación constituyó una de las mayores amenazas al disfrute de los derechos
humanos, en particular los derechos económicos y sociales. Se había hecho frente a las
consecuencias de la crisis como una emergencia nacional, a través del Plan de Atención
Nacional a la Emergencia Social (PANES), a fin de combatir la amenaza que se derivaba de
la extrema pobreza y la marginación. Dos años después de su aplicación, el PANES se
había sustituido por el Plan de equidad. También se habían fortalecido los instrumentos
legislativos e institucionales destinados a proteger los derechos económicos, sociales y
culturales, así como los derechos civiles y políticos.
8. El Uruguay también había hecho frente con determinación a la deuda que la
sociedad tenía con el pasado reciente y con las víctimas de las graves violaciones de los
derechos humanos que se habían cometido durante la dictadura militar adoptando medidas
tendientes a facilitar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los responsables de
esos crímenes.
9. La delegación se refirió a ocho aspectos, que se esbozan a continuación, que servían
para ilustrar los esfuerzos realizados por el Uruguay para mejorar la calidad de sus
políticas, normas e instituciones de derechos humanos.
10. Fortalecimiento del marco normativo e institucional de los derechos humanos.
Las actividades en esa esfera habían incluido la creación de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Presidencia de la República; una secretaría dedicada a las violaciones
graves de los derechos humanos en la época de la dictadura; y una institución nacional de
derechos humanos, creada en virtud de una ley, que había solicitado su acreditación ante el
Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y
la Protección de los Derechos Humanos.
11. Salud, educación y vivienda. Esas esferas recibían una atención especial en las
políticas públicas. Entre 2005 y 2008 se había incrementado el presupuesto destinado a la
enseñanza pública y se había promulgado la Ley general de educación. No obstante, los
altos índices de repetición de curso y de abandono escolar en la enseñanza secundaria
constituían un problema. El Uruguay seguía adelante con la reforma del sector de la salud
con la introducción de un sistema integrado que concluiría con la cobertura universal.
12. Igualdad. Se habían conseguido avances en la aplicación de las políticas de
igualdad y las medidas para prevenir cualquier forma de discriminación.
13. Medidas para combatir la discriminación racial. Se habían adoptado
instrumentos para la elaboración de políticas en las que se tuviera en cuenta la cuestión de
la igualdad racial. En 2013, el Gobierno aprobó una ley en la que se establecía que la acción
afirmativa en los ámbitos público y privado orientada a favorecer a los afrodescendientes, y
en virtud de la cual se reservaba el 8% de los puestos vacantes en la administración pública
para ese grupo de población, era de interés público.
14. Políticas de empleo. La combinación de medidas de política económica y
programas específicos encaminados a la incorporación de los desempleados al mercado de
trabajo había reducido el desempleo a un nivel históricamente bajo. Se habían conseguido
mejoras en cuanto a la redistribución de los ingresos mediante la aplicación de medidas
encaminadas a mejorar los derechos de los trabajadores a través del fortalecimiento de las
leyes relativas a la protección de algunos grupos específicos, más vulnerables, como la Ley
sobre trabajadores del hogar y trabajadores rurales, y el establecimiento de consejos
salariales y foros de negociación tripartitos.
15. Lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. El índice de pobreza se había
reducido del 30% al 12,4% y el índice de pobreza extrema, que había llegado al 5% hacia el
final de la crisis en 2002, se encontraba por debajo del 1%. La erradicación de la pobreza
extrema seguía siendo un objetivo del Gobierno.
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16. Reforma del sistema penitenciario. Se habían mejorado las condiciones de
acuerdo con las recomendaciones formuladas tras su visita por el Relator Especial sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se había abordado con
decisión el problema del hacinamiento en los centros de detención, lo que había
desembocado en mejoras significativas. La delegación estaba en condiciones de anunciar
que ese problema desaparecería a mediados de 2014.
17. Investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el régimen
militar en el pasado reciente del país. Se había puesto fin a la inacción que había
caracterizado al Estado durante el período en que había estado vigente la Ley Nº 15848,
de 1986, conocida como Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En 2005, el
paradigma de impunidad había cambiado cuando se empezó a considerar que las nuevas
denuncias quedaban fuera del ámbito de la Ley de caducidad y se revocaron las actuaciones
administrativas en que se había establecido que esas denuncias debían regirse por la Ley de
caducidad. En 2011, la pretensión punitiva del Estado, que se había declarado prescrita al
amparo de la Ley Nº 15848, se restableció en virtud de la Ley Nº 18831, con lo que el
poder judicial recuperó la competencia sobre esos casos. Al mismo tiempo, el Estado
aceptó su responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos que se habían
producido como consecuencia del terrorismo de Estado y la coordinación de la represión a
nivel regional mediante la Operación Cóndor.
18. El camino hacia el restablecimiento de la verdad, el pleno funcionamiento de la
justicia y el castigo de los crímenes no se había recorrido sin dificultades. En 2013, la
Suprema Corte de Justicia había declarado la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley
Nº 18831. En esos artículos se establecía que no podía aplicarse período alguno de
prescripción entre el 22 de diciembre de 1986 y la entrada en vigor de esa Ley, en octubre
de 2011, con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante
la dictadura militar, y que esos delitos constituían crímenes contra la humanidad según los
tratados internacionales en que el Uruguay era parte.
19. Aunque se había declarado la inconstitucionalidad de esos dos artículos con respecto
a algunos casos concretos, la Suprema Corte consideró que la ley en virtud de la cual se
había tipificado el delito de desaparición forzada no debía aplicarse retroactivamente a los
casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la dictadura militar, con lo que se daba
vía libre a la prescripción del delito en esos casos. Los juicios que se estaban siguiendo en
diversos tribunales del Uruguay en relación con violaciones graves de los derechos
humanos, muchos de los cuales se referían a desapariciones forzadas, habían seguido
celebrándose, aunque con el telón de fondo de las diferentes posiciones en cuanto a la
imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.
20. Por motivos jurídicos y étnicos, el Gobierno del Uruguay quería seguir recorriendo
el camino de la verdad y la justicia. La delegación reafirmó el compromiso del Gobierno de
cumplir fielmente sus obligaciones internacionales.
21. La delegación reconoció que todavía quedaban esferas en las que era necesario
mejorar y que requerían una mayor movilización de recursos y la utilización de nuevos
instrumentos. También puso de relieve el importante papel que desempeñaba la
sociedad civil.
22. La delegación hizo referencia a las 44 promesas y compromisos voluntarios que se
formulaban en el informe nacional, encaminados a fortalecer la protección de los derechos
humanos en el país. Estaba dispuesta a recoger con agrado cualquier contribución que
pudiera ayudar al Uruguay a mejorar la calidad de sus políticas y la eficacia de sus
instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
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B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
23. En el diálogo interactivo formularon declaraciones 81 delegaciones. Las
recomendaciones formuladas durante el diálogo figuran en la sección II del presente
informe. Todas las declaraciones presentadas por escrito a la secretaría por las
delegaciones, que deben confrontarse con las exposiciones de los oradores recogidas en el
archivo de las transmisiones web de las Naciones Unidas1, pueden consultarse en la
extranet del Consejo de Derechos Humanos2.
24. Bhután elogió al Uruguay por haber puesto en práctica las recomendaciones del
primer EPU. Señaló las medidas positivas que se habían adoptado, entre otras cosas, para
potenciar los derechos de las mujeres y los niños mediante estrategias nacionales.
25. El Estado Plurinacional de Bolivia se felicitó por los progresos conseguidos desde el
primer ciclo del EPU, especialmente en los ámbitos de la educación, la protección de los
derechos de la mujer y la lucha contra la discriminación.
26. Botswana encomió los esfuerzos realizados por el Uruguay, especialmente en la
esfera de los derechos del niño, la explotación sexual de los niños y la educación.
27. El Brasil expresó su reconocimiento por las medidas adoptadas para promover la
igualdad racial y por la promulgación de leyes que permitían el matrimonio entre personas
del mismo sexo. Hizo hincapié en la importante reducción de los índices de pobreza y
extrema pobreza que se había conseguido en los últimos años.
28. Burkina Faso puso de relieve los avances que había conseguido el Uruguay en las
esferas de los derechos del niño y los derechos de la mujer y encomió las medidas
adoptadas para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios y para reducir la
pobreza.
29. El Canadá solicitó información acerca de las medidas que el Uruguay tenía previsto
adoptar para mejorar las condiciones en las prisiones. Expresó su confianza en que la
institución nacional de derechos humanos recibiría una financiación apropiada.
30. El Chad se refirió a los progresos conseguidos, en particular la adhesión del
Uruguay a la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza, de la UNESCO, y la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los trabajos
tendientes a ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
31. Chile elogió al Uruguay por los progresos conseguidos en la aplicación de
programas y planes nacionales destinados a promover y proteger los derechos humanos y
expresó su reconocimiento por el compromiso del país con los mecanismos universales de
protección de los derechos humanos.
32. China expresó su reconocimiento por la adopción de diversas medidas, incluidas las
encaminadas a eliminar la pobreza, reformar el sistema penitenciario y promover la
igualdad entre los géneros, los derechos de la mujer, los derechos del niño y los derechos de
las personas con discapacidad.
33. Colombia se ofreció a compartir con el Uruguay su experiencia en las esferas de la
integración de las perspectivas de género y de derechos humanos en las políticas sociales y
del seguimiento de las recomendaciones del EPU.
1 http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/18th-upr/watch/
uruguay-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3122325213001.
2 https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/18session/Uruguay/Pages/default.aspx.
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34. Côte d’Ivoire vio con beneplácito la aplicación de medidas efectivas encaminadas a
reducir el número de niños de la calle, fomentar la educación, prestar apoyo a las familias
que se encontraban en situación de extrema pobreza, combatir la violencia doméstica y
resolver el problema del trato inhumano en los centros de detención.
35. Cuba hizo referencia a los logros y la voluntad política del Uruguay en la lucha
contra la pobreza. Expresó su especial reconocimiento por los programas en materia de
educación y el aumento de los recursos destinados a esos programas.
36. Chipre encomió los esfuerzos por armonizar la legislación nacional con las normas
internacionales. Mencionó los informes acerca de las dificultades que se habían encontrado
a la hora de dar respuesta a la violencia contra la mujer, la desigualdad entre los géneros en
el mercado laboral y los estereotipos de género, a pesar de los avances conseguidos en esas
esferas.
37. El Ecuador subrayó el establecimiento de la institución nacional de derechos
humanos y la puesta en marcha del Plan de acción para la aplicación de la Estrategia
nacional para la infancia y la adolescencia y el Plan de Acción Nacional para la
erradicación de la explotación sexual de los niños y los adolescentes.
38. Egipto tomó nota de la reafirmación por el Uruguay de su compromiso con el
proceso del EPU, observando que había aceptado todas las recomendaciones formuladas
durante su primer examen y que había presentado un informe de mitad de período.
39. Estonia señaló los progresos logrados en los ámbitos de los derechos de la mujer, el
sistema de justicia de menores, la trata de personas y la reducción de la pobreza y alentó al
Uruguay a que intensificara sus esfuerzos. Reconoció los esfuerzos del Estado en la lucha
contra la corrupción y su compromiso de salvaguardar la libertad de expresión.
40. Finlandia pidió a la delegación que proporcionara más detalles sobre el tratamiento
de los menores en el sistema judicial y la aplicación de los cinco programas establecidos en
el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente (SIRPA) que se mencionaba en
el informe nacional.
41. Francia acogió con beneplácito el compromiso del Estado con la protección de los
derechos humanos, los esfuerzos que había realizado para aplicar las recomendaciones
aceptadas con ocasión del primer EPU y el establecimiento de la institución nacional de
derechos humanos.
42. El Gabón expresó su satisfacción por las contribuciones que el Uruguay hacía
anualmente al ACNUDH. Encomió al país por su cooperación con los titulares de mandatos
de procedimientos especiales y por la ratificación de numerosos convenios de derechos
humanos.
43. Alemania acogió con agrado el nombramiento de los miembros de la junta de
directores de la institución nacional de derechos humanos. Expresó su preocupación por la
trata de mujeres y niñas y por las deficiencias observadas en el sistema penal.
44. Ghana encomió los avances logrados por el Uruguay en la aplicación de las diversas
recomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU.
45. Grecia expresó su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Estado
examinado para aplicar la mayoría de las recomendaciones formuladas en el primer ciclo
del EPU. Acogió con agrado los avances conseguidos, especialmente en relación con los
derechos de la mujer, las condiciones en las prisiones y los derechos del niño.
46. Guatemala elogió al Uruguay por su historial en materia de derechos humanos y le
pidió que facilitara información a su debido tiempo sobre los resultados de las consultas
que estaba previsto realizar acerca de la elaboración de un proyecto de plan de acción para
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aplicar el Plan nacional contra el racismo y la discriminación y sobre la posibilidad de
ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT.
47. Honduras subrayó los importantes esfuerzos desplegados por el Uruguay, incluso en
la elaboración de legislación y de su marco institucional y en la presentación de un informe
de mitad de período desde el primer EPU.
48. Hungría expresó su preocupación por las condiciones de detención. Solicitó
información adicional sobre la ley integral y el plan nacional que se estaban elaborando
para luchar contra la trata de personas.
49. Indonesia subrayó el firme compromiso del Uruguay con los derechos humanos, en
particular sus esfuerzos por promover los derechos económicos, sociales y culturales,
incluidos los encaminados a luchar contra la pobreza, fomentar la inclusión social y
promover el derecho a la educación para todos.
50. La República Islámica del Irán acogió con agrado la decisión de adherirse a la
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
(UNESCO) y el fortalecimiento de las políticas sociales relativas a los niños y adolescentes.
51. Irlanda expresó su reconocimiento a la amplia serie de promesas voluntarias que
había formulado el Uruguay, incluidas las que guardaban relación con la violencia por
motivos de género. Expresó su preocupación por las informaciones recibidas acerca de la
violencia doméstica y la prevalencia de la aplicación de la medida de prisión preventiva y la
prisión provisional a la espera de juicio.
52. Israel encomió los esfuerzos del Uruguay por mejorar la protección de los derechos
humanos y felicitó al país por haber ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
53. Italia preguntó por las medidas que tenía previsto adoptar el Uruguay para mejorar
las condiciones en las prisiones y solicitó detalles sobre la estrategia encaminada a enjuiciar
a quienes cometieran delitos relacionados con la trata de personas.
54. Jordania elogió al Uruguay por sus esfuerzos, especialmente los que habían
desembocado en su adhesión a la Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO), su ratificación del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.
55. Kazajstán expresó su reconocimiento por las medidas adoptadas para mejorar el
disfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer y los derechos
del niño, la educación y la lucha contra la pobreza. Acogió con beneplácito el
establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.
56. Kirguistán tomó nota de la creación de tribunales y fiscalías especializados para
hacer frente a la delincuencia organizada y la trata de personas, así como de la adopción de
otras medidas decisivas como parte de la reforma judicial.
57. Malasia expresó su reconocimiento por la actualización de los importantes avances
logrados en la aplicación de las recomendaciones formuladas con ocasión del primer EPU.
Se felicitó por las promesas y compromisos voluntarios que figuraban en el informe
presentado por el Uruguay.
58. Maldivas tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno por hacer
frente al problema de los niños en situación vulnerable y alentó al Uruguay a que siguiera
mejorando la situación en cuanto a la violencia doméstica.
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59. Malí se refirió al desarrollo económico y social que había conseguido el Uruguay y a
las numerosas iniciativas que había puesto en marcha para mejorar la aplicación de las
recomendaciones que había aceptado.
60. México acogió con beneplácito el establecimiento de la Comisión Interinstitucional
para la Elaboración de Informes al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos y los Órganos de Monitoreo de Tratados y la aprobación de la
legislación correspondiente.
61. Montenegro pidió al Uruguay que facilitara más detalles sobre los avances
institucionales en relación con la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones de los
órganos de derechos humanos y del EPU, así como de las medidas adoptadas para mejorar
la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).
62. Marruecos preguntó por el contenido de la Estrategia nacional para la infancia y la
adolescencia 2010-2030. Acogió con beneplácito las iniciativas orientadas a proteger los
derechos de los menores en las prisiones.
63. Namibia expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Uruguay
para reducir la pobreza y para combatir la explotación sexual y la trata de niños. También
destacó la promulgación de leyes para la protección de las personas con discapacidad.
64. Los Países Bajos encomiaron la aprobación de la Ley de matrimonio igualitario y
subrayaron la importancia de que fuera seguida de programas de fomento de la
sensibilización para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género.
65. Nicaragua reconoció los progresos conseguidos por el Uruguay en el ámbito de la
protección de los derechos humanos, incluida la elaboración de un marco institucional que
permitiría abordar problemas sociales como el trabajo infantil, la justicia de menores, la
explotación sexual comercial de niños y adolescentes y los niños que vivían en la calle.
66. Noruega acogió con beneplácito los esfuerzos del Estado examinado por poner fin a
la impunidad y expresó su preocupación, entre otras cosas, por el gran número de casos de
violencia contra la mujer de que se había informado y la escasa participación de la mujer en
los órganos encargados de la adopción de decisiones.
67. Omán elogió las medidas educativas que se habían puesto en práctica y los
procedimientos para combatir la trata de personas. Acogió con agrado la aprobación de
estrategias para la aplicación de políticas públicas en relación con los niños y los
adolescentes para el período 2010-2030.
68. El Pakistán instó al Uruguay a que adoptara las medidas necesarias en materia de
mejora del acceso a la justicia y eliminación de la discriminación racial. Compartía las
preocupaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acerca del trato desigual de los
afrodescendientes.
69. El Paraguay puso de relieve el compromiso del Estado para con los órganos de los
tratados y elogió sus esfuerzos por combatir la explotación sexual comercial de los niños y
los adolescentes.
70. El Perú reconoció los progresos conseguidos por el Uruguay, especialmente el
establecimiento de la institución nacional de derechos humanos; la aprobación de leyes
sobre la reparación por actos de discriminación contra personas afrodescendientes y leyes
sobre las personas con discapacidad; y la reducción de la pobreza.
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71. Filipinas expresó su reconocimiento a los compromisos voluntarios incluidos en el
informe nacional del Uruguay. Acogió con beneplácito la evolución positiva de los
derechos de la mujer y los esfuerzos por combatir la trata de personas.
72. Portugal preguntó de qué manera evaluaba el Uruguay el efecto de las medidas
relativas a los derechos del niño y también preguntó qué medidas, además del incremento
de las consignaciones presupuestarias, se estaban adoptando para mejorar el sistema de
enseñanza pública en el nivel secundario.
73. La República de Moldova acogió con beneplácito la Estrategia nacional para la
infancia y adolescencia 2010-2030 y los esfuerzos en curso por combatir el trabajo infantil
y la explotación sexual de los niños.
74. Túnez elogió al Estado examinado por su ratificación de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como por el establecimiento de
la institución nacional de derechos humanos. Mencionó los avances legislativos
conseguidos en la lucha contra la discriminación racial y los progresos logrados en la esfera
de la igualdad entre los géneros.
75. La Federación de Rusia mencionó el establecimiento de la institución nacional de
derechos humanos, encargada, entre otras cosas, de combatir y prevenir la tortura,
investigar los crímenes cometidos bajo la dictadura, encausar a los criminales de guerra y
buscar a las personas desaparecidas.
76. El Senegal observó importantes progresos en la aplicación de las recomendaciones,
incluso las relativas a los derechos de los niños y la lucha contra la violencia doméstica, y
la adopción de medidas positivas para hacer realidad los derechos económicos, sociales y
culturales.
77. Serbia propuso que el Uruguay examinara el trasfondo institucional y judicial frente
al que se producía el hacinamiento en las prisiones y adoptara las medidas necesarias y
aplicara las políticas apropiadas para mitigar la situación.
78. Singapur mencionó los progresos que se habían logrado desde el anterior EPU, en
particular con respecto a la protección de la mujer contra la violencia doméstica y la lucha
contra la trata. También señaló los esfuerzos realizados para mejorar el bienestar de los
niños y protegerlos de la explotación.
79. Eslovenia observó que la ley aprobada en 2013, en virtud de la cual se despenalizó
el aborto durante el primer trimestre del embarazo, señalaba un avance significativo en la
protección de los derechos de la mujer. Seguía preocupándole la alta incidencia de la
violencia doméstica.
80. Somalia elogió al Uruguay por los progresos conseguidos desde el anterior EPU y
por haber presentado un informe de mitad de período.
81. España elogió al Uruguay por su reciente reconocimiento del matrimonio
homosexual y los avances en la lucha contra la violencia por motivos de género,
especialmente en lo relativo al acceso de las víctimas a la justicia especializada.
82. Sri Lanka tomó nota del Plan Ceibal, la medida adoptada para fortalecer las políticas
sociales relativas a los niños y los adolescentes, y los esfuerzos por mejorar el acceso a la
educación y su calidad.
83. El Estado de Palestina elogió al Uruguay por su compromiso con el mecanismo del
EPU y por sus esfuerzos por garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Alentó al país a que siguiera promoviendo la armonización de esos derechos en la
legislación nacional.
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84. Suecia, haciendo referencia a un informe del Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, puso de relieve los esfuerzos que había
hecho el Uruguay para mejorar la situación en las prisiones, aunque señaló que era
necesario abordar profundas reformas en los ámbitos judicial e institucional.
85. Tailandia elogió al Uruguay por los progresos conseguidos en la aplicación de las
recomendaciones del primer EPU, en particular las relativas al establecimiento de la
institución nacional de derechos humanos.
86. El Togo encomió los progresos de carácter jurídico e institucional conseguidos por
el Uruguay. Expresó su satisfacción por el hecho de que las políticas sociales que el Estado
había llevado a cabo hubiesen conducido a una reducción destacable de la pobreza y la
extrema pobreza.
87. Trinidad y Tabago alentó al Uruguay a que mantuviera todos sus esfuerzos por
erradicar la pobreza y el hambre. Observó con satisfacción que el país había adoptado
medidas estrictas encaminadas a reducir la violencia doméstica.
88. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte observó con satisfacción que,
desde el anterior examen del Uruguay, varias recomendaciones se habían recogido en su
legislación y en sus mecanismos de derechos humanos. Acogió con agrado el
establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.
89. Turquía elogió al Uruguay por su aplicación de las recomendaciones formuladas
durante el primer EPU, en particular la adhesión a la Convención relativa a la Lucha contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO) y la ratificación del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
90. Turkmenistán acogió con beneplácito el establecimiento de la Comisión
Interinstitucional para la Elaboración de Informes al Mecanismo de Examen Periódico
Universal y los Órganos de Monitoreo de Tratados, encargada del seguimiento de las
recomendaciones.
91. Los Emiratos Árabes Unidos observaron con reconocimiento las medidas adoptadas
para proteger a los niños y los adolescentes. Preguntaron por las medidas básicas que el
Uruguay tenía previsto adoptar para combatir la trata y el contrabando de niños.
92. Rumania expresó su reconocimiento por el compromiso del Estado examinado de
seguir promoviendo el disfrute de los derechos humanos por los ciudadanos y su continua
cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
93. Los Estados Unidos de América alentaron al Uruguay a que adoptara nuevas
medidas para velar por que los presuntos implicados en delitos de trata comparecieran ante
la justicia, y señaló la falta de un plan integral nacional para eliminar las peores formas de
trabajo infantil.
94. Uzbekistán mencionó varias medidas de carácter jurídico e institucional que el
Estado examinado había adoptado desde el anterior EPU, incluida la adhesión a la
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
(UNESCO) y la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
95. La República Bolivariana de Venezuela puso de relieve los esfuerzos realizados por
el Uruguay para erradicar la pobreza y la atención que ese país prestaba al trabajo infantil y
a las cuestiones relacionadas con los niños y los adolescentes que vivían en las calles.
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12 GE.14-12962
96. Viet Nam felicitó al Uruguay por sus logros en el terreno de los derechos humanos,
incluido el establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.
97. El Yemen acogió con beneplácito los avances y los logros conseguidos por el
Uruguay, incluida la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la presentación de informes a varios órganos
de los tratados.
98. Argelia encomió los progresos logrados por el Uruguay desde el anterior EPU y el
enfoque participativo que había adoptado para la elaboración del informe nacional.
También destacó las diversas reformas legislativas e institucionales que había emprendido
el Estado examinado y sus actividades encaminadas a promover los derechos económicos,
sociales y culturales.
99. Angola acogió con beneplácito los esfuerzos en el ámbito de la infancia, con el
establecimiento del sistema de responsabilidad penal adolescente, y las reformas jurídicas y
políticas que habían facilitado la creación de jurisdicciones especializadas en el ámbito de
la violencia en el hogar y en la familia.
100. La Argentina puso de relieve el fortalecimiento institucional del país, en particular la
creación de la institución nacional de derechos humanos, entre otras, y señaló la
incorporación de un enfoque de derechos humanos en las políticas sociales.
101. Armenia expresó su reconocimiento por la política de tolerancia y la fluida relación
del Estado examinado con las minorías nacionales y religiosas. Acogió con beneplácito la
creación de la institución nacional de derechos humanos, así como las actividades
realizadas y los programas emprendidos en la esfera de la educación.
102. Australia expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Uruguay
para fortalecer su marco institucional de protección de los derechos humanos. Encomió la
adopción de instrumentos legislativos en los que se reconocían los derechos de la mujer en
materia de salud sexual y reproductiva.
103. Azerbaiyán observó las reformas jurídicas e institucionales emprendidas para la
promoción y protección de los derechos humanos. Se refirió también a las preocupaciones
expresadas por los órganos de los tratados acerca de la desigualdad entre hombres y
mujeres.
104. Bangladesh encomió los avances en el fortalecimiento institucional, en la lucha
contra el trabajo infantil y en el sector de la salud. Expresó su preocupación por la
persistencia de los incidentes de discriminación racial.
105. La delegación agrupó sus respuestas a las preguntas recibidas con antelación y a las
observaciones formuladas durante el debate.
106. La Embajadora Laura Dupuy dijo que el Uruguay había tipificado como delito la
trata de personas y había enumerado como circunstancias agravantes la edad, en el caso de
que las víctimas fuesen niños o adolescentes, y la discapacidad. El problema se estaba
abordando mediante campañas de concienciación y actividades de formación de los
funcionarios públicos. Se mantenía la coordinación a nivel institucional. Se había publicado
un decreto dirigido a los operadores turísticos. Las políticas sociales de carácter más
general dirigidas a los niños y adolescentes, incluidas las encaminadas a combatir la
violencia doméstica, eliminar la pobreza y la exclusión social y promover la educación
sexual, servían como marco para reducir la vulnerabilidad. En la ley por la que se regía el
trabajo en el hogar se contemplaba la posibilidad de realizar inspecciones en los domicilios
privados, incluso la realización de registros por la policía con autorización judicial. Se
estaban intensificando en todo el país las inspecciones en relación con el trabajo infantil y
se estaban evaluando los diferentes riesgos.
A/HRC/26/7
GE.14-12962 13
107. Daniela Payssé, diputada del Parlamento del Uruguay, dijo que, históricamente, la
edad mínima para contraer matrimonio había sido de 12 años para las niñas y 14 para los
niños. Con la promulgación de la Ley Nº 19119 de matrimonio igualitario, esa edad se
había elevado hasta los 16 años. El Uruguay reconoció que las normas internacionales
situaban esa edad en los 18 años, y el país tenía el firme propósito de armonizar su
legislación con esas normas internacionales.
108. Andrés Scagliola, Director de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social,
indicó que el Uruguay estaba experimentando una continua reducción de la pobreza,
impulsada en gran medida por la duplicación del gasto social entre 2005 y 2012 y la
reorientación de las políticas. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno mencionó la
creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, un aumento del presupuesto destinado a
la educación, el nuevo programa de transferencias económicas para las familias en situación
de pobreza con hijos a cargo, y la ampliación del Plan de Centros de Atención Integral a la
Infancia y la Familia (CAIF). El Uruguay seguiría trabajando en la Estrategia nacional para
la infancia y adolescencia, cuyos objetivos se ampliarían hasta 2030.
109. Con respecto a las cuestiones relacionadas con la justicia de menores, la Sra. Payssé
indicó que, de conformidad con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del
Niño, se había establecido un sistema de responsabilidad penal en el que se adoptaba un
enfoque socioeducativo en el caso de los menores delincuentes acorde con el paradigma de
la protección integral propugnado por las Naciones Unidas. Las estadísticas eran
alentadoras en cuanto a la relación entre el número de menores privados de libertad y el
número de menores a los que se habían aplicado otras medidas alternativas. El Gobierno
tenía la voluntad política de desarrollar el sistema, para lo que se establecería un marco
institucional apropiado. También se habían introducido enmiendas en el Código de la Niñez
y la Adolescencia en consonancia con el firme planteamiento adoptado en relación con la
Estrategia para la vida y la convivencia, que incluía instrumentos legislativos, políticas
públicas y una intervención en las zonas urbanas en que la convivencia era difícil. Se había
presentado al Parlamento un proyecto de código de responsabilidad penal para los
adolescentes que se estaba considerando. Una de las ventajas de ese proyecto era que en él
se contemplaba la sustitución del método de investigación por un método de acusación que
cumpliría las normas internacionales. Era mucho lo que quedaba por hacer, pero se estaba
avanzando.
110. Contestando a una preocupación planteada por Israel acerca de la inscripción en el
registro civil de niños y adolescentes, la Sra. Payssé dijo que, según la legislación del
Uruguay, con ocasión del nacimiento se expedía un certificado. En el marco de ese sistema,
antes de abandonar el centro sanitario en que hubiera tenido lugar el nacimiento, no solo se
expedía al recién nacido un certificado de nacimiento, sino que también se le asignaba un
número de identidad (DNI). Como la mayoría de los nacimientos tenían lugar en centros de
salud, en el país apenas había casos de niños que no se hubieran inscrito en el registro civil,
muy por debajo del 2%. Todos los niños inscritos tenían acceso a las políticas sociales.
Además, a través de los programas del Instituto Nacional de las Mujeres había sido posible
llegar a las familias que, por cualquier motivo, no habían inscrito en el registro civil a
sus hijos.
111. En cuanto a la participación de la mujer en puestos encargados de la adopción de
decisiones y su participación política, el Uruguay tenía previsto aplicar, únicamente en las
elecciones de 2014, una ley en la que se establecía que las listas electorales habían de estar
constituidas por dos personas de un sexo y una del otro, tanto en el caso de los
representantes como en el de los suplentes. Todavía quedaba por ver en qué medida los
partidos políticos observarían dicha ley.
112. El Embajador Ricardo González Arenas, Director General de Asuntos Políticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a una pregunta relativa a la violencia
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14 GE.14-12962
doméstica. Se habían ido adoptando progresivamente numerosas medidas para combatir ese
fenómeno y establecer unas instituciones y un marco jurídico que garantizasen los derechos
humanos, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento y la rendición de cuentas de los
autores de esos delitos.
113. Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior, se refirió a las preocupaciones
planteadas por varias delegaciones con respecto al sistema penitenciario. La atención que
los dos Gobiernos anteriores habían prestado a ese sistema reflejaba el aumento del interés
en la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas
privadas de libertad. Uno de los éxitos logrados había sido la adopción de estrategias de
intervención intersectoriales que aportaban una gama de respuestas que contaban con la
participación de la Secretaría de Estado y otros órganos estatales. El Uruguay había
conseguido avances hacia la meta de reducir el hacinamiento en las prisiones a mediados
de 2014. Estaba previsto que las medidas adoptadas condujeran a un exceso de plazas
en 2016. Se había recibido un apoyo sustancial de la comunidad internacional a través de
proyectos que habían fortalecido el proceso general de reforma de las prisiones e
instituciones conexas. La Sra. Fulco expresó su confianza en que las medidas adoptadas en
los cuatro años anteriores hubieran quedado claramente reflejadas en su exposición y en los
documentos que se habían puesto a disposición de todas las delegaciones. El Uruguay
acogió con beneplácito las recomendaciones formuladas por los Estados y los modelos de
buenas prácticas que se habían expuesto.
114. Álvaro Garcé dijo que, en su calidad de Comisionado Parlamentario para el Sistema
Carcelario, podía confirmar plenamente que durante los ocho años anteriores se habían ido
introduciendo importantes reformas en el sistema penitenciario del Uruguay y que los
resultados, en cuanto a la mejora de la infraestructura y la reforma de la administración, ya
eran claramente visibles. La Oficina del Comisionado Parlamentario había trabajado con la
institución nacional de derechos humanos. Se habían planteado preguntas acerca de la
regulación del procedimiento de habeas corpus, que figuraba en la Constitución
desde 1917. La Cámara de Representantes estaba examinando un proyecto en virtud del
cual se crearía un nuevo mecanismo para la protección de los reclusos.
115. Graciela Jorge, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia, hizo hincapié en el compromiso del ejecutivo de abordar la cuestión de las
violaciones de los derechos humanos que habían tenido lugar durante los períodos de la
dictadura y antes de esta, entre 1968 y 1985. Gracias a los esfuerzos realizados desde 2000,
en 2014 ya se había reconocido la desaparición forzada de 178 uruguayos. Un claro
ejemplo del fortalecimiento institucional era la creación de la Secretaría de Derechos
Humanos encargada de estudiar casos del pasado reciente. La Secretaría, que contaba con el
apoyo de equipos universitarios, trabajaba cotidianamente en la investigación histórica y
antropológica. Las investigaciones antropológicas incluían estudios exploratorios para
buscar los restos de personas desaparecidas. Hasta entonces, se habían presentado ante los
tribunales del país 204 denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el
pasado reciente. El Uruguay colaboraba también con los órganos judiciales de la Argentina,
Chile e Italia. La Secretaría respondía también a peticiones formuladas por particulares que
trataban de establecer su origen, es decir, individuos que pensaban que podían ser hijos de
personas desaparecidas.
116. El Embajador Federico Perazza, Director de Derechos Humanos y de Derecho
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a preguntas sobre la
aplicación de las leyes relativas a los derechos sexuales y reproductivos y sobre la
interrupción voluntaria del embarazo. El Ministerio de Salud Pública se ocupaba de
coordinar la aplicación de esas leyes y de definir claramente los elementos relativos a la
objeción de conciencia. Recordó que, en los últimos años, con la aplicación de la
legislación vigente, no se habían producido casos de muertes debidas a la práctica de
A/HRC/26/7
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abortos en condiciones insalubres, muertes que anteriormente habían llegado a representar
el 30% de la mortalidad materna en el país.
117. El plan nacional que se estaba elaborando se centraba en la dimensión de derechos
humanos, pero tenía también un carácter intersectorial y serviría para establecer un marco
de convivencia. Estaba previsto presentar el plan en breve al Consejo de Ministros, se
llevaría a cabo una consulta con la sociedad civil y sería plenamente operativo a fines
de 2014.
118. El Plan nacional contra el racismo y la discriminación, elaborado según el modelo
de las Naciones Unidas, había servido para ampliar el concepto de discriminación. El
Gobierno confiaba en completarlo en la segunda mitad de 2014 y presentarlo después a la
sociedad civil, con la expectativa de que podría estar plenamente operativo en 2015.
119. El Uruguay estaba aplicando numerosos programas y políticas encaminados a
combatir el abandono escolar.
120. El Sr. Scagliola dijo que el Uruguay estaba comprometido con la aplicación de
políticas de igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Se estaba avanzando en
la redacción de una ley integral al respecto. También se habían conseguido avances en el
contexto del nuevo Plan nacional de acceso a la justicia y protección jurídica de las
personas con discapacidad.
121. En cuanto a la posibilidad del voto consular, el Sr. Guerrero dijo que un grupo de
trabajo del Parlamento se estaba ocupando de la cuestión. Como cualquier reforma en ese
ámbito habría de ser una ley de naturaleza electoral, sería necesaria una mayoría de dos
tercios para su aprobación.
122. La delegación expresó su confianza en que las respuestas hubieran sido
satisfactorias y hubieran despejado todas las preocupaciones de los Estados y la sociedad
civil. Señaló que el Uruguay estaba dispuesto a aceptar, en principio, todas las
recomendaciones que se ajustaran a las normas internacionales.
II. Conclusiones y/o recomendaciones**
123. Las recomendaciones que figuran a continuación cuentan con el apoyo del
Uruguay:
123.1 Considerar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales
en que el Uruguay no es parte y que tienen como fin la protección de los
derechos de los grupos minoritarios (Nicaragua);
123.2 Seguir incorporando los tratados de derechos humanos ratificados en
la legislación y las instituciones nacionales, con especial interés en la
administración de justicia, la reducción de la desigualdad, el empleo de los
jóvenes y unos programas apropiados de vivienda y bienestar social
(Viet Nam);
123.3 Seguir cumpliendo las obligaciones internacionales contraídas y
adherirse a nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos
(Kazajstán);
123.4 Considerar la posibilidad de adoptar el Convenio Nº 169 de la OIT con
el fin de garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos de los
pueblos indígenas, contribuyendo así al reconocimiento de su identidad
** Las conclusiones y/o recomendaciones no fueron objeto de revisión editorial.
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16 GE.14-12962
nacional, especialmente en el caso de la nación charrúa3 (Bolivia (Estado
Plurinacional de));
123.5 Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT en
un plazo razonable4 (Gabón);
123.6 Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas
(Uzbekistán);
123.7 Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT5 y
seguir avanzando en la adopción de las medidas necesarias para ello (Venezuela
(República Bolivariana de));
123.8 Ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Montenegro);
123.9 Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para
garantizar la seguridad de las personas LGBT y facilitar su acceso a la justicia
y la asistencia jurídica (Noruega);
123.10 Seguir avanzando en la adopción de medidas necesarias para
establecer una institución nacional de derechos humanos compatible con los
Principios de París (Venezuela (República Bolivariana de));
123.11 Velar por que la institución nacional de derechos humanos y la Oficina
del Ombudsman cuenten con recursos suficientes para desempeñar de manera
efectiva sus funciones de acuerdo con los Principios de París (Australia);
123.12 Trabajar para obtener la acreditación de la institución nacional de
derechos humanos (Burkina Faso);
123.13 Garantizar que la institución nacional de derechos humanos cumpla
los Principios de París (Francia);
123.14 Respetar la independencia de la Oficina del Ombudsman y la
institución nacional de derechos humanos del Uruguay durante el proceso de
elaboración de informes (Ghana);
123.15 Procurar la acreditación de la institución nacional de derechos
humanos y la Oficina del Ombudsman ante el Comité Internacional de
Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (México);
123.16 Acelerar el establecimiento de un mecanismo nacional para la
prevención de la tortura (Burkina Faso);
123.17 Seguir fortaleciendo el mecanismo nacional de prevención en el marco
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes garantizando su autonomía,
3 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: considerar la posibilidad
de adoptar el Convenio Nº 169 de la OIT con el fin de garantizar la protección y promoción efectivas
de los derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo así al reconocimiento de su identidad
nacional, especialmente en el caso de la población charrúa (Bolivia (Estado Plurinacional
Nacional de)).
4 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: ratificar el Convenio
Nº 169 de la OIT en un plazo razonable (Gabón).
5 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: seguir avanzando en la
adopción de las medidas necesarias para ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT (Venezuela
(República Bolivariana de)).
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GE.14-12962 17
asignándole los recursos necesarios y elaborando un plan para su
funcionamiento eficaz (Serbia);
123.18 Seguir adelante con la creación de un mecanismo nacional de
prevención de la tortura de conformidad con lo establecido en el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura, velar por su independencia y
su dotación de financiación y recursos suficientes y elaborar un plan detallado
para su funcionamiento eficaz (España);
123.19 Mantener la metodología de realización de consultas amplias, incluida
la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, en los
trabajos de la Comisión Interinstitucional (Ghana);
123.20 Promover la elaboración y aprobación de un plan nacional de
derechos humanos (Perú);
123.21 Seguir fortaleciendo la legislación nacional para la prevención,
judicialización y reparación de actos de racismo y otras formas de
discriminación, en particular con la aprobación del Plan nacional contra el
racismo y la discriminación, el fortalecimiento de la Comisión Honoraria
contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación y la
organización de campañas de concienciación que puedan dar lugar a cambios
culturales (Colombia);
123.22 Velar por la aplicación efectiva del Plan nacional contra el racismo y
la discriminación (Côte d’Ivoire);
123.23 Seguir trabajando para la aprobación del Plan nacional contra el
racismo y la discriminación (Kazajstán);
123.24 Llevar a buen término las iniciativas tendientes a la aprobación del
Plan nacional contra el racismo y la discriminación, en consulta con
organizaciones de personas afrodescendientes y organizaciones de pueblos
indígenas (Perú);
123.25 Seguir trabajando para la plena aplicación del Plan nacional contra el
racismo y la discriminación (Bolivia (Estado Plurinacional de));
123.26 Establecer prioridades y asignar recursos suficientes para hacer
realidad las promesas y compromisos voluntarios contenidos en el informe del
Uruguay (Viet Nam);
123.27 Seguir fortaleciendo la aplicación efectiva de la legislación sobre los
derechos de la mujer (Rumania);
123.28 Seguir elaborando políticas y programas encaminados a potenciar la
protección y promoción de los derechos de la mujer (Filipinas);
123.29 Fortalecer el Instituto Nacional de las Mujeres dándole una mayor
prominencia y dotándole de recursos suficientes (Bangladesh);
123.30 Poner en práctica un mecanismo de supervisión encargado de evaluar
la situación de la protección de los niños y fortalecer la capacidad del Estado y
las instituciones privadas que trabajan en el ámbito de los derechos del niño
(Marruecos);
123.31 Seguir poniendo en práctica programas encaminados a proteger los
derechos del niño (Nicaragua);
123.32 Mantener sus políticas orientadas a mejorar los derechos del niño
(Jordania);
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18 GE.14-12962
123.33 Mantener los esfuerzos orientados a poner en práctica la Estrategia
nacional para la infancia y adolescencia 2010-2030 (Emiratos Árabes Unidos);
123.34 Continuar con la consolidación de las políticas sociales en el marco de
la Estrategia nacional para la infancia y adolescencia a fin de hacer realidad los
derechos de los niños y adolescentes que se encuentran situación de
vulnerabilidad extrema (Venezuela (República Bolivariana de));
123.35 Considerar la posibilidad de mejorar las políticas de apoyo a la familia
y otras opciones para el cuidado de los niños con el fin de abordar, entre otros,
el problema de los denominados niños de la calle (Serbia);
123.36 Seguir mejorando la trayectoria del país en materia de derechos
humanos (Azerbaiyán);
123.37 Agilizar el proceso de preparación y aprobación de un plan de acción
nacional para que los niños afrodescendientes tengan un trato equitativo en los
ámbitos de la salud y la educación (Pakistán);
123.38 Seguir prestando atención especial a la situación de los grupos
vulnerables, como las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y,
especialmente, los afrodescendientes (Somalia);
123.39 Mantener los programas sociales encaminados a atender las
necesidades básicas de los grupos vulnerables en materia de alimentación,
educación, vivienda, salud y empleo (Venezuela (República Bolivariana de));
123.40 Seguir adoptando medidas para fortalecer las instituciones que
desempeñan su actividad en el ámbito del envejecimiento (Argentina);
123.41 Fomentar la tolerancia racial, étnica y religiosa, especialmente entre
los jóvenes (Turkmenistán);
123.42 Modificar el Código Penal con el fin de suprimir expresiones que
supongan una discriminación contra las mujeres, en particular la sección
denominada “Título X”, a fin de garantizar que se respeten los derechos de la
mujer y se tengan en cuenta los efectos de la violencia padecida por las víctimas
de esos delitos (Canadá);
123.43 Seguir trabajando para eliminar de la legislación las disposiciones que
supongan una discriminación contra la mujer (Chipre);
123.44 Dar mayor prominencia y asignar recursos suficientes para la
aplicación de políticas tendientes a fortalecer el marco institucional del Estado
en materia de género impartiendo cursos de formación en los que se fomente la
igualdad entre los géneros (Israel);
123.45 Introducir reformas en el Código Civil para erradicar la
discriminación contra las mujeres viudas o divorciadas (España);
123.46 Fortalecer las medidas tendientes a combatir la discriminación contra
la mujer y eliminar los estereotipos sobre los afrodescendientes y las personas
de origen indígena mediante campañas de sensibilización de la sociedad
(Azerbaiyán);
123.47 Adoptar medidas más firmes para garantizar la igualdad de derechos
y oportunidades cualesquiera que sean el sexo y el origen étnico (Noruega);
123.48 Intensificar la lucha contra la discriminación de que son víctimas las
personas afrodescendientes y tomar medidas apropiadas para reducir las
A/HRC/26/7
GE.14-12962 19
desigualdades que les afectan en las esferas del empleo, la vivienda y la
educación (Gabón);
123.49 Seguir haciendo todo lo posible por incorporar una dimensión
etnorracial en todos los planes y programas encaminados a combatir la
discriminación (Guatemala);
123.50 Tipificar como delito la divulgación de teorías sobre la superioridad o
inferioridad de cualquier raza y prohibir las organizaciones que promuevan la
discriminación racial o inciten a practicarla (Honduras);
123.51 Promulgar leyes nacionales para combatir los delitos relacionados con
el racismo y ofrecer reparación a las víctimas del racismo y otras formas de
discriminación (Irán (República Islámica del));
123.52 Promulgar legislación específica para prohibir el racismo y la
discriminación racial (Namibia);
123.53 Fortalecer los programas y marcos jurídicos y de políticas para la
promoción y protección de los derechos de las personas afrodescendientes,
incluso fomentando el empleo de esas personas en la administración pública y
las empresas privadas y promoviendo la integración de las mujeres
afrodescendientes en el mercado de trabajo (Namibia);
123.54 Adoptar las medidas necesarias para prohibir la discriminación racial
y promulgar una ley integral de lucha contra la discriminación (Pakistán);
123.55 Promulgar una ley integral contra la discriminación que contenga
disposiciones en virtud de las cuales se prohíban expresamente el racismo y la
discriminación racial; tipificar como delito la divulgación de ideas basadas en
la superioridad o inferioridad de una raza; y prohibir las organizaciones que
promuevan la discriminación racial o inciten a practicarla (Túnez);
123.56 Promulgar una ley en virtud de la cual se prohíban el racismo y la
discriminación racial y elaborar un plan de acción nacional apropiado en ese
ámbito (Uzbekistán);
123.57 Tipificar como delito la divulgación de teorías sobre la superioridad o
inferioridad de una raza y prohibir las organizaciones que promuevan la
discriminación racial o inciten a practicarla (Bangladesh);
123.58 Fortalecer las medidas tendientes a combatir la discriminación contra
la mujer y velar por que se adopten medidas especiales adicionales para
empoderar efectivamente a las mujeres, especialmente las afrodescendientes
(Botswana);
123.59 Fortalecer las medidas tendientes a lograr la igualdad de
oportunidades (Burkina Faso);
123.60 Incorporar una perspectiva de derechos humanos y de género en las
políticas sociales encaminadas a lograr la igualdad de género en la práctica
(Colombia);
123.61 Adoptar todas las medidas necesarias para promover la igualdad entre
hombres y mujeres en los ámbitos de la familia, la economía y las políticas
(Chipre);
123.62 Intensificar los esfuerzos por lograr la igualdad y eliminar la
discriminación contra las mujeres, los afrodescendientes y los indígenas y
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20 GE.14-12962
mejorar su acceso a los servicios de educación, vivienda, salud y empleo
(Ecuador);
123.63 Elevar hasta los 18 años la edad minima para contraer matrimonio en
ambos sexos (Estonia);
123.64 Seguir protegiendo los derechos de los niños mediante la aplicación de
programas apropiados que garanticen plenamente la inscripción en el registro
civil y fortalecer un marco jurídico que garantice el derecho universal a la
educación haciendo hincapié en la atención, el acceso y las oportunidades6
(Israel);
123.65 Mantener programas educativos innovadores en los que se reconozca
la diversidad sexual y se adopte una política de salud tendiente a fomentar la
sensibilización del personal sanitario acerca de las cuestiones relacionadas con
el género y la orientación sexual (Países Bajos);
123.66 Velar por la igualdad de hombres y mujeres en la práctica e
incorporar en la legislación nacional las recomendaciones formuladas por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Federación
de Rusia);
123.67 Adoptar las medidas policiales y de otro tipo que sean necesarias para
prevenir cualquier forma de discriminación, violencia y acoso relacionados con
la identidad sexual y de género y brindar protección frente a esos actos de
violencia y velar por que dichos actos se investiguen activamente y sus autores
comparezcan ante la justicia (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte);
123.68 Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de facto de
todas las mujeres (Uzbekistán);
123.69 Seguir acentuando el interés que se presta a la cuestión de la igualdad
entre los géneros y dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional de las
Mujeres (Australia);
123.70 Erradicar los matrimonios de niños y adoptar los 18 años como edad
mínima para contraer matrimonio para ambos sexos (Azerbaiyán);
123.71 Seguir investigando las violaciones de los derechos humanos,
especialmente las desapariciones forzadas (Argentina);
123.72 Seguir haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de
detención, especialmente evitar el hacinamiento en las prisiones (Francia);
123.73 Mantener los esfuerzos por mejorar las condiciones en las prisiones y
compartir las mejores prácticas pertinentes con el Consejo de Derechos
Humanos (Grecia);
123.74 Resolver el problema del hacinamiento en el sistema penitenciario y
las malas condiciones en las prisiones, especialmente para velar por el respeto
de los derechos humanos de las mujeres reclusas (Maldivas);
6 La recomendación tal como se formuló durante el diálogo interactivo: seguir protegiendo los derechos
de los niños, aplicando programas apropiados que garanticen al 100% el acceso a la inscripción en el
registro civil, así como fortalecer un marco jurídico que pueda garantizar el derecho universal a la
educación y hacer hincapié en la atención, el acceso y las oportunidades (Israel).
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123.75 Consolidar la Estrategia nacional para la reforma del sistema
penitenciario de forma que garantice la rehabilitación y la rápida reinserción
de los menores en la sociedad (Marruecos);
123.76 Seguir adoptando medidas para mejorar el sistema penitenciario
(Portugal);
123.77 Adoptar medidas para mejorar el sistema penitenciario y aportar
recursos adicionales para resolver el problema del hacinamiento en las
prisiones (Federación de Rusia);
123.78 Seguir avanzando en la mejora de las condiciones de detención y en el
establecimiento de mecanismos para la reinserción social de los presos y en la
reforma del sistema de justicia penal (España);
123.79 Seguir adelante con la reforma del sistema de prisiones y buscar
nuevas formas de modificar el Código Penal con el fin de establecer unas
condiciones adecuadas de las prisiones y un trato apropiado de los reclusos
(Suecia);
123.80 Continuar con el proceso de reforma para fortalecer las instituciones
del sistema penitenciario a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos
y la dignidad de las personas privadas de libertad (Turquía);
123.81 Intensificar los esfuerzos por resolver el problema del hacinamiento en
las prisiones, el deterioro de las instalaciones y los retrasos indebidos de los
juicios que han supuesto el aumento de la duración de la prisión provisional a
la espera de juicio (Estados Unidos de América);
123.82 Llevar a cabo una reforma general del sistema penitenciario
(Uzbekistán);
123.83 Abordar el problema del hacinamiento de las prisiones mediante la
revisión de la utilización de la prisión provisional a la espera de juicio
(Australia);
123.84 Elaborar más planes de apoyo a las mujeres reclusas (Irán (República
Islámica del));
123.85 Aplicar las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las
reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes
(Reglas de Bangkok) como parte de los esfuerzos por garantizar el respeto de
los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad
(Tailandia);
123.86 Elaborar y aplicar penas alternativas al encarcelamiento y adoptar
cuantas medidas sean necesarias para reducir el uso excesivo de la prisión
provisional a la espera de juicio (Hungría);
123.87 Promover penas alternativas a la prisión y diseñar políticas públicas
que impacten favorablemente en los derechos de los reclusos (Irán (República
Islámica del));
123.88 Adoptar medidas para reducir la frecuencia con que se aplican la
prisión preventiva y la prisión provisional a la espera de juicio (Irlanda);
123.89 Fortalecer los esfuerzos por abordar el problema de la violencia
doméstica organizando campañas de sensibilización de la sociedad y velando
por que las mujeres conozcan sus derechos (Canadá);
A/HRC/26/7
22 GE.14-12962
123.90 Brindar una protección suficiente a las víctimas de la violencia
doméstica y velar por el seguimiento adecuado de la rehabilitación de las
personas condenadas por la comisión de esos actos (Canadá);
123.91 Seguir fortaleciendo el Plan nacional de lucha contra la lacra de la
violencia doméstica, haciendo hincapié en la prevención y la concienciación de
la sociedad (Chile);
123.92 Adoptar nuevas medidas para proteger a las mujeres frente a la
violencia doméstica (Chipre);
123.93 Adoptar nuevas medidas en la lucha contra la violencia doméstica, la
trata de personas y la pobreza, especialmente en el caso de las mujeres y los
niños (Estonia);
123.94 Mantener los esfuerzos en favor de los derechos de las mujeres y los
niños y adoptar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente la
violencia doméstica (Francia);
123.95 Mantener los esfuerzos por erradicar la violencia doméstica
estableciendo mecanismos encargados de supervisar la aplicación de los
protocolos de acción de los organismos gubernamentales y aplicando sanciones
apropiadas cuando esos protocolos no se apliquen de acuerdo con las normas
establecidas (Hungría);
123.96 Hacer todo lo posible, de conformidad con las promesas voluntarias,
por combatir la violencia por motivos de género mediante, entre otras cosas, la
observancia de la legislación vigente, la organización de campañas de
concienciación del público, la facilitación de apoyo psicosocial y acceso a
albergues para las víctimas y el seguimiento de la rehabilitación de las personas
condenadas por la comisión de actos de violencia por motivos de género
(Irlanda);
123.97 Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres
fortaleciendo los esfuerzos encaminados a erradicar la violencia doméstica y
demás formas de violencia y discriminación contra la mujer mediante la
aplicación de la legislación vigente y la organización de programas de
concienciación (Maldivas);
123.98 Intensificar la lucha contra la violencia por motivos de género y las
medidas de prevención con el fin de incrementar la protección de la mujer y
fomentar la concienciación de la sociedad (Noruega);
123.99 Fortalecer las políticas públicas relativas a la violencia contra la mujer
adoptando, entre otras cosas, medidas afirmativas para combatir la pobreza de
la mujer, que está ligada con la distribución desigual entre el tiempo dedicado
al trabajo remunerado y no remunerado (Paraguay);
123.100 Adoptar una ley integral de lucha contra la violencia contra la mujer
(Túnez);
123.101 Seguir combatiendo la violencia doméstica y renovar el plan de acción
nacional en esa esfera (Federación de Rusia);
123.102 Fortalecer los mecanismos destinados a proteger a las víctimas de la
violencia por motivos de género (Senegal);
123.103 Seguir mejorando la protección de la mujer frente a la violencia y
promoviendo la igualdad entre los géneros (Singapur);
A/HRC/26/7
GE.14-12962 23
123.104 Intensificar los esfuerzos por prevenir la violencia doméstica, entre
otras cosas imponiendo el cumplimiento de la legislación vigente, manteniendo
las campañas de concienciación y aplicando de manera eficiente los programas
encaminados a proteger a las víctimas de la violencia doméstica, y en su caso
elaborando otros nuevos, y ofrecer a las víctimas apoyo psicológico y acceso a
albergues (Eslovenia);
123.105 Fortalecer las medidas encaminadas a dar respuesta a la violencia por
motivos de género en todas las esferas de la vida pública y privada (Sri Lanka);
123.106 Mantener en marcha el proyecto denominado “Uruguay unido para
poner fin a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes” 2012-2014
(Argelia);
123.107 Fortalecer las políticas ya adoptadas encaminadas a prevenir y dar
una respuesta eficaz a la violencia doméstica contra las mujeres, incluida la
protección a cargo del Estado de las víctimas supervivientes desplazadas
(Brasil);
123.108 Fortalecer las políticas nacionales encaminadas a proteger a niños y
jóvenes frente a la violencia, los abusos y la explotación sexual (Côte d’Ivoire);
123.109 Mantener los esfuerzos encaminados a hacer realidad los derechos del
niño y mantener todas las iniciativas encaminadas a mejorar la situación de los
niños de la calle (Grecia);
123.110 Mantener el compromiso de abordar el problema del trabajo infantil y
la explotación sexual de los niños (Italia);
123.111 Fortalecer las medidas de coordinación para erradicar el trabajo
infantil (Namibia);
123.112 Mantener los esfuerzos encaminados a erradicar el trabajo infantil y
garantizar el acceso de todos los niños a una educación de calidad (Singapur);
123.113 Poner en marcha un programa integral de asistencia dirigido a los
niños que viven en la calle, velando por que tengan acceso a los servicios de
atención de la salud, educación y seguridad social (Estado de Palestina);
123.114 Seguir adoptando medidas firmes con miras a erradicar la explotación
sexual de los niños y asegurarse de que se fortalezca la legislación encaminada a
eliminar la impunidad de quienes cometen delitos de esa naturaleza (Suecia);
123.115 Elaborar y aprobar un plan de acción nacional de carácter integral
para erradicar las peores formas de trabajo infantil (Estados Unidos de
América);
123.116 Seguir trabajando en la elaboración de un plan de acción para
eliminar el trabajo infantil y dar prioridad a la educación inclusiva para todos
(Yemen);
123.117 Mantener las actividades de fomento de la sensibilización acerca de la
trata de personas mediante programas generales de formación para los
trabajadores sociales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los
medios de comunicación (Bhután);
123.118 Intensificar las medidas encaminadas a combatir la trata de personas
y proteger los derechos de las víctimas, en particular las mujeres y los niños
(Ecuador);
A/HRC/26/7
24 GE.14-12962
123.119 Seguir aplicando medidas apropiadas para combatir la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual y medidas apropiadas para
combatir la violencia contra las mujeres, incluso proporcionando asistencia y
reparación a las víctimas de ambos tipos de delitos (Alemania);
123.120 Elaborar un plan de acción nacional contra la trata de personas de
carácter integral, inclusivo y detallado y examinar la posibilidad de establecer
un órgano central que se ocupe de la lucha contra esa lacra (Honduras);
123.121 Aprobar una ley integral de lucha contra la trata de personas,
especialmente mujeres (Irán (República Islámica del));
123.122 Poner en práctica un plan de acción nacional de lucha contra la trata
de mujeres con fines de explotación sexual (Irán (República Islámica del));
123.123 Seguir tomando medidas para combatir la trata de personas
(Kazajstán);
123.124 Diseñar un programa integral de lucha contra la trata de personas
(Kirguistán);
123.125 Proporcionar asistencia y reparación a las víctimas de la trata de
personas (Kirguistán);
123.126 Organizar campañas para fomentar la sensibilización de la sociedad
acerca de la trata de personas (Kirguistán);
123.127 Adoptar un plan de acción nacional para prevenir la trata de personas
y prestar asistencia a las víctimas de ese delito (México);
123.128 Intensificar las campañas de concienciación y formación a nivel
nacional encaminadas a combatir la trata de mujeres y niños e incluir esa
cuestión en los programas escolares (Marruecos);
123.129 Considerar la posibilidad de intensificar las medidas encaminadas a
reducir la vulnerabilidad de las mujeres y los niños frente a la trata (Filipinas);
123.130 Fortalecer los mecanismos interinstitucionales encargados de prevenir
los delitos contra los niños, como la trata y la explotación sexual de niños y
adolescentes (Sri Lanka);
123.131 Considerar la posibilidad de establecer un organismo central que se
ocupe de la trata de personas (Trinidad y Tabago);
123.132 Intensificar las actividades encaminadas a identificar y encausar a los
sospechosos de realizar actividades de trata de personas y prestar servicios
integrales a las víctimas (Estados Unidos de América);
123.133 Potenciar las iniciativas destinadas a erradicar la trata y la
explotación sexual de niños y adolescentes en el país, en particular fortaleciendo
su sistema judicial y promulgando legislación apropiada en la materia (Brasil);
123.134 Profundizar en la reforma del sistema penal, incluso buscando
alternativas a la prisión provisional a la espera de juicio, y velar por que el
sistema de internamiento de menores sea compatible con las obligaciones del
país en materia de derechos humanos (Alemania);
123.135 Profundizar en la reforma de la Ley de procedimiento penal a fin de
garantizar un proceso jurídico equitativo y ágil (Alemania);
123.136 Continuar con la reforma del sistema de organismos encargados del
cumplimiento de la ley y del sistema judicial (Turkmenistán);
A/HRC/26/7
GE.14-12962 25
123.137 Seguir fortaleciendo el sistema judicial, incluso adoptando una
legislación específica para tipificar como delito el turismo sexual (Irán
(República Islámica del));
123.138 Mantener los esfuerzos encaminados a mejorar el acceso de las
poblaciones y grupos vulnerables al sistema judicial (Angola);
123.139 Garantizar la aplicación cabal de la legislación relativa a la reparación
por actos de discriminación contra personas afrodescendientes (Burkina Faso);
123.140 Fortalecer los planes y programas para la prevención del delito y la
rehabilitación de los delincuentes (Chile);
123.141 Considerar la posibilidad de hacer más esfuerzos para facilitar la
igualdad de acceso a los recursos judiciales y administrativos para los
afrodescendientes y las personas de origen indígena (Egipto);
123.142 Facilitar el acceso a la justicia y a la reparación y proporcionar apoyo
psicológico y formación ocupacional a las víctimas de la trata a fin de ayudarlas
a recuperar su vida y reintegrarse a la sociedad (Tailandia);
123.143 Las autoridades de los poderes ejecutivo y judicial deberían seguir
cooperando para facilitar la investigación de las violaciones graves de los
derechos humanos, incluidos los casos de desapariciones forzadas que
ocurrieron durante la época de la Operación Cóndor (Ghana);
123.144 Señalar como prioritaria la aprobación de una revisión del Código
Penal (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
123.145 Crear mecanismos de protección de testigos y de acceso a la justicia
para las víctimas, sus familiares y los agentes de la sociedad civil que puedan
prestarles asistencia, según recomendó el Relator Especial sobre la trata de
personas, especialmente mujeres y niños (Botswana);
123.146 Seguir avanzando en la especialización del sistema de justicia de
menores, incluida la elaboración de un mecanismo de apelación (Chile);
123.147 Seguir desarrollando el sistema de justicia de menores desde los
puntos de vista de la ley y de la práctica. En particular, seguir procurando que
haya profesionales debidamente formados y una infraestructura apropiada
para los adolescentes en conflicto con la ley. La privación de libertad solo
debería utilizarse como medida de último recurso y por el tiempo más corto
posible (Finlandia);
123.148 En cuanto a la privación de libertad de los menores, elaborar y dar
prioridad a otras medidas que permitan la reinserción del menor en la sociedad
y aplicar las medidas de privación de libertad únicamente como último recurso
(Francia);
123.149 Adoptar las medidas necesarias para no reducir la edad minima de
responsabilidad penal (Paraguay);
123.150 Fortalecer el sistema especializado de justicia de menores y promover
la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad con miras a
obtener la plena reinserción del menor en la sociedad (República de Moldova);
123.151 Seguir adoptando medidas para que puedan ejercer el derecho de voto
los uruguayos que viven en el extranjero (Burkina Faso);
123.152 Mantener los esfuerzos para ofrecer a todos los ciudadanos las mismas
oportunidades de participar en el proceso político (Indonesia);
A/HRC/26/7
26 GE.14-12962
123.153 Mantener consultas tendientes a que los uruguayos que viven en el
extranjero puedan ejercer su derecho de voto (Senegal);
123.154 Intensificar los esfuerzos por lograr una mayor participación de la
mujer en todos los ámbitos de la vida pública, especialmente en el plano político
(Grecia);
123.155 Adoptar medidas para acercarse a la paridad entre los géneros en los
ámbitos político y público y mejorar la participación de la mujer en la adopción
de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas (Países Bajos);
123.156 Hacer permanente el requisito “experimental” de incluir personas de
ambos sexos en cada lista de candidatos, como está previsto hacer en las
elecciones nacionales y departamentales que habrán de celebrarse en 2014-2015
(Eslovenia);
123.157 Garantizar la igualdad entre los géneros en el lugar de trabajo
(Côte d’Ivoire);
123.158 Adoptar medidas adicionales para fomentar la igualdad en el acceso al
empleo (Egipto);
123.159 Mantener los esfuerzos en favor de la igualdad de trato para hombres
y mujeres en el empleo (Jordania);
123.160 Seguir fomentando los derechos de las mujeres, especialmente las
mujeres de las zonas rurales, y garantizar su igualdad en cuanto a las
posibilidades de empleo (Armenia);
123.161 Seguir fortaleciendo las medidas orientadas a mejorar las condiciones
de vida de toda la población del país (Malí);
123.162 Seguir aplicando la Estrategia de reducción de la pobreza y proteger
los derechos de los grupos vulnerables para conseguir un desarrollo
socioeconómico sostenible (China);
123.163 Seguir adoptando medidas para lograr la eliminación de la pobreza
(Cuba);
123.164 Mantener las iniciativas encaminadas a fomentar el crecimiento
económico y mejorar los niveles de vida en el país (Omán);
123.165 Adoptar nuevas medidas para reducir la pobreza y la extrema
pobreza (Portugal);
123.166 Seguir fortaleciendo el desarrollo económico y social (Somalia);
123.167 Seguir ejecutando proyectos y programas de desarrollo
socioeconómico para la protección y promoción de los derechos humanos
(Somalia);
123.168 Poner en práctica un sistema para cuantificar los indicadores de
progreso en relación con los derechos económicos, sociales y culturales (Estado
de Palestina);
123.169 Intensificar los esfuerzos por reducir la pobreza asignando recursos
adicionales a las personas y grupos de personas de poblaciones vulnerables
(Togo);
123.170 Profundizar en el compromiso político y financiero de garantizar el
pleno desarrollo de los niños y sus familias (Togo);
A/HRC/26/7
GE.14-12962 27
123.171 Seguir aplicando las políticas socioeconómicas necesarias para reducir
la pobreza, especialmente entre las mujeres y los niños (Trinidad y Tabago);
123.172 Seguir aplicando programas integrales de asistencia social
encaminados a reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución de los
ingresos (Argelia);
123.173 Mantener los esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar las
condiciones de vida, especialmente entre los grupos vulnerables (Australia);
123.174 Facilitar el acceso a una vivienda adecuada, prestando especial
atención a la asistencia a las familias con bajos ingresos (Egipto);
123.175 Seguir facilitando el acceso a una vivienda adecuada, especialmente
prestando asistencia a las familias de bajos ingresos y otras personas y grupos
de personas desfavorecidas (Malasia);
123.176 Fortalecer los esfuerzos por promover el derecho a la salud, incluido el
acceso a la atención integral de la salud (Indonesia);
123.177 Intensificar los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza y
asignar recursos suficientes para ello, así como abordar la cuestión del alto
índice de abandono en la enseñanza secundaria (Malasia);
123.178 Mantener los esfuerzos del Gobierno por mejorar sus sistemas de
enseñanza y de salud, así como los avances en otros derechos socioeconómicos y
culturales (Cuba);
123.179 Adoptar nuevas medidas estructurales para reducir el índice de
abandono escolar (Estonia);
123.180 Fortalecer las medidas encaminadas a reducir los índices de repetición
de curso y abandono escolar y evaluar el resultado de esas medidas, así como
seguir luchando contra la pobreza infantil y abordar problemas como los de los
niños de la calle, el trabajo infantil y la trata y el contrabando de niños
(Portugal);
123.181 Introducir reformas en el sistema educativo para reducir los índices de
abandono escolar, especialmente en la enseñanza secundaria (República de
Moldova);
123.182 Fortalecer los esfuerzos encaminados a aplicar la Ley de educación
de 2008 y reducir el índice de abandono escolar de los niños afrodescendientes y
de origen indígena (Bangladesh);
123.183 Intensificar los esfuerzos encaminados a combatir las causas
profundas del abandono precoz de la escuela y la falta de continuidad en la
educación (Italia);
123.184 Mantener los esfuerzos tendientes a mejorar el acceso a la enseñanza
secundaria, en particular para los alumnos de las zonas rurales (Armenia);
123.185 Seguir elaborando programas orientados a mejorar la accesibilidad
para las personas con discapacidad y fomentar la incorporación de esas
personas al empleo y, en ese marco, hacer un esfuerzo especial con respecto a la
infancia (España);
123.186 Asegurar la entrada en vigor de la Ley de protección integral de las
personas con discapacidad (México);
A/HRC/26/7
28 GE.14-12962
123.187 Considerar la posibilidad de fortalecer la capacidad de los ministerios
responsables de la elaboración de una estrategia de minería sostenible (Egipto).
124. La recomendación que figura a continuación no cuenta con el apoyo del
Uruguay:
124.1 Velar por la protección y el derecho a la vida familiar partiendo del
hecho de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad
basada en la relación estable entre un hombre y una mujer (Bangladesh).
125. El Uruguay rechazó la recomendación formulada por la delegación de
Bangladesh. El Uruguay protege de manera efectiva la institución de la familia,
incluso con leyes dimanantes de la Constitución, de una manera amplia y no
discriminatoria y rechaza limitar el concepto de familia en función de la identidad de
género, la orientación sexual o cualquier otro motivo, de conformidad con la
legislación nacional y los más altos niveles internacionales de protección de los
derechos humanos.
126. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe
reflejan la posición del Estado o los Estados que las presentaron y/o del Estado
examinado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajo
en su conjunto.
III. Promesas y compromisos voluntarios
127. Se hace referencia a las promesas y los compromisos voluntarios que se formulan en
la sección III del informe presentado por el Uruguay (A/HRC/WG.6/18/URY/1).
A/HRC/26/7
GE.14-12962 29
Anexo
[Español/inglés únicamente]
Composition of the delegation
The delegation of Uruguay was headed by Doctor Homero Guerrero, Secretario de
Presidencia (Ministro) y Jefe de Delegación and composed of the following members:
• Señora Laura Dupuy Lasserre, Embajadora y Representante Permanente del
Uruguay ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Especializados;
• Embajador Ricardo González Arenas, Director General para Asuntos Políticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
• Embajador Federico Perazza, Director de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores;
• Licenciada Graciela Jorge, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Presidencia de la República;
• Psicóloga Gabriela Fulco, Asesora del Ministerio del Interior;
• Politólogo Andrés Scagliola, Director de Políticas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES);
• Señora Daniela Payssé, Representante Nacional (Diputada);
• Doctor Alvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario;
• Señora Dianela Pi, Ministro Consejero;
• Señora Cristina González, Ministro Consejero;
• Señor Patricio Silva, Secretario de Segunda.

GE.14-12962 (S) 230414 240414*1412962*Consejo de Derechos Humanos26º período de sesionesTema 6 de la agendaExamen Periódico UniversalInforme del Grupo de Trabajo sobre elExamen Periódico Universal*Uruguay* El anexo se distribuye tal como se recibió.Naciones Unidas A/HRC/26/7Asamblea General Distr. general4 de abril de 2014EspañolOriginal: inglésA/HRC/26/72 GE.14-12962ÍndicePárrafos PáginaIntroducción ……………………………………………………………………………………………… 1–4 3I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examen …………………………………… 5–122 3A. Exposición del Estado examinado………………………………………………………… 5–22 3B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado…………………………… 23–122 6II. Conclusiones y/o recomendaciones ……………………………………………………………… 123–126 15III. Promesas y compromisos voluntarios…………………………………………………………… 127 28AnexoComposition of the delegation …………………………………………………………………………………………… 29A/HRC/26/7GE.14-12962 3Introducción1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido deconformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de juniode 2007, celebró su 18º período de sesiones del 27 de enero al 7 de febrero de 2014. Elexamen del Uruguay se llevó a cabo en la quinta sesión, celebrada el 29 de enero de 2014.La delegación del Uruguay estuvo encabezada por Homero Guerrero, Secretario de laPresidencia (Ministro). En su décima sesión, celebrada el 31 de enero de 2014, el Grupo deTrabajo aprobó el informe sobre el Uruguay.2. El 15 de enero de 2014, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupode relatores (troika) para facilitar el examen del Uruguay: Burkina Faso, Chile y Francia.3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 y elpárrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo, para el examen del Uruguay sepublicaron los siguientes documentos:a) Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con elpárrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/18/URY/1);b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para losDerechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b)(A/HRC/WG.6/18/URY/2);c) Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c)(A/HRC/WG.6/18/URY/3).4. Por conducto de la troika se transmitió al Uruguay una lista de preguntas preparadasde antemano por Eslovenia, España, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Suecia y Suiza. Esas preguntas puedenconsultarse en la extranet del examen periódico universal (EPU). En la sección I.B delpresente informe figuran resúmenes de otras preguntas planteadas durante el diálogointeractivo por el Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Hungría,Italia, Marruecos, Montenegro y Portugal.I. Resumen de las deliberaciones del proceso de examenA. Exposición del Estado examinado5. El jefe de la delegación del Uruguay reiteró el compromiso del Estado con lademocracia, los derechos humanos y el sistema multilateral. Señaló que el Uruguay habíaratificado todos los tratados fundamentales para la protección de los derechos humanos ysus protocolos facultativos. El país cooperaba con los mecanismos de derechos humanos yhabía extendido una invitación abierta para que visitaran el país a los relatores, expertos ydemás procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y del sistemainteramericano.6. La delegación hizo referencia al contexto en que el Uruguay había venidocumpliendo su deber de proteger los derechos humanos en el decenio anterior, que se habíavisto marcado por la crisis económica de 2001 y 2002, la peor jamás sufrida por elUruguay. El desempleo y el deterioro de las condiciones socioeconómicas habíanprovocado un grave riesgo de desintegración social y familiar, la marginación de unimportante número de uruguayos y un aumento de la pobreza y la extrema pobreza, asícomo un incremento considerable de la emigración, especialmente entre los jóvenes.A/HRC/26/74 GE.14-129627. Esa situación constituyó una de las mayores amenazas al disfrute de los derechoshumanos, en particular los derechos económicos y sociales. Se había hecho frente a lasconsecuencias de la crisis como una emergencia nacional, a través del Plan de AtenciónNacional a la Emergencia Social (PANES), a fin de combatir la amenaza que se derivaba dela extrema pobreza y la marginación. Dos años después de su aplicación, el PANES sehabía sustituido por el Plan de equidad. También se habían fortalecido los instrumentoslegislativos e institucionales destinados a proteger los derechos económicos, sociales yculturales, así como los derechos civiles y políticos.8. El Uruguay también había hecho frente con determinación a la deuda que lasociedad tenía con el pasado reciente y con las víctimas de las graves violaciones de losderechos humanos que se habían cometido durante la dictadura militar adoptando medidastendientes a facilitar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los responsables deesos crímenes.9. La delegación se refirió a ocho aspectos, que se esbozan a continuación, que servíanpara ilustrar los esfuerzos realizados por el Uruguay para mejorar la calidad de suspolíticas, normas e instituciones de derechos humanos.10. Fortalecimiento del marco normativo e institucional de los derechos humanos.Las actividades en esa esfera habían incluido la creación de la Secretaría de DerechosHumanos de la Presidencia de la República; una secretaría dedicada a las violacionesgraves de los derechos humanos en la época de la dictadura; y una institución nacional dederechos humanos, creada en virtud de una ley, que había solicitado su acreditación ante elComité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción yla Protección de los Derechos Humanos.11. Salud, educación y vivienda. Esas esferas recibían una atención especial en laspolíticas públicas. Entre 2005 y 2008 se había incrementado el presupuesto destinado a laenseñanza pública y se había promulgado la Ley general de educación. No obstante, losaltos índices de repetición de curso y de abandono escolar en la enseñanza secundariaconstituían un problema. El Uruguay seguía adelante con la reforma del sector de la saludcon la introducción de un sistema integrado que concluiría con la cobertura universal.12. Igualdad. Se habían conseguido avances en la aplicación de las políticas deigualdad y las medidas para prevenir cualquier forma de discriminación.13. Medidas para combatir la discriminación racial. Se habían adoptadoinstrumentos para la elaboración de políticas en las que se tuviera en cuenta la cuestión dela igualdad racial. En 2013, el Gobierno aprobó una ley en la que se establecía que la acciónafirmativa en los ámbitos público y privado orientada a favorecer a los afrodescendientes, yen virtud de la cual se reservaba el 8% de los puestos vacantes en la administración públicapara ese grupo de población, era de interés público.14. Políticas de empleo. La combinación de medidas de política económica yprogramas específicos encaminados a la incorporación de los desempleados al mercado detrabajo había reducido el desempleo a un nivel históricamente bajo. Se habían conseguidomejoras en cuanto a la redistribución de los ingresos mediante la aplicación de medidasencaminadas a mejorar los derechos de los trabajadores a través del fortalecimiento de lasleyes relativas a la protección de algunos grupos específicos, más vulnerables, como la Leysobre trabajadores del hogar y trabajadores rurales, y el establecimiento de consejossalariales y foros de negociación tripartitos.15. Lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. El índice de pobreza se habíareducido del 30% al 12,4% y el índice de pobreza extrema, que había llegado al 5% hacia elfinal de la crisis en 2002, se encontraba por debajo del 1%. La erradicación de la pobrezaextrema seguía siendo un objetivo del Gobierno.A/HRC/26/7GE.14-12962 516. Reforma del sistema penitenciario. Se habían mejorado las condiciones deacuerdo con las recomendaciones formuladas tras su visita por el Relator Especial sobre latortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se había abordado condecisión el problema del hacinamiento en los centros de detención, lo que habíadesembocado en mejoras significativas. La delegación estaba en condiciones de anunciarque ese problema desaparecería a mediados de 2014.17. Investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el régimenmilitar en el pasado reciente del país. Se había puesto fin a la inacción que habíacaracterizado al Estado durante el período en que había estado vigente la Ley Nº 15848,de 1986, conocida como Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En 2005, elparadigma de impunidad había cambiado cuando se empezó a considerar que las nuevasdenuncias quedaban fuera del ámbito de la Ley de caducidad y se revocaron las actuacionesadministrativas en que se había establecido que esas denuncias debían regirse por la Ley decaducidad. En 2011, la pretensión punitiva del Estado, que se había declarado prescrita alamparo de la Ley Nº 15848, se restableció en virtud de la Ley Nº 18831, con lo que elpoder judicial recuperó la competencia sobre esos casos. Al mismo tiempo, el Estadoaceptó su responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos que se habíanproducido como consecuencia del terrorismo de Estado y la coordinación de la represión anivel regional mediante la Operación Cóndor.18. El camino hacia el restablecimiento de la verdad, el pleno funcionamiento de lajusticia y el castigo de los crímenes no se había recorrido sin dificultades. En 2013, laSuprema Corte de Justicia había declarado la inconstitucionalidad de dos artículos de la LeyNº 18831. En esos artículos se establecía que no podía aplicarse período alguno deprescripción entre el 22 de diciembre de 1986 y la entrada en vigor de esa Ley, en octubrede 2011, con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durantela dictadura militar, y que esos delitos constituían crímenes contra la humanidad según lostratados internacionales en que el Uruguay era parte.19. Aunque se había declarado la inconstitucionalidad de esos dos artículos con respectoa algunos casos concretos, la Suprema Corte consideró que la ley en virtud de la cual sehabía tipificado el delito de desaparición forzada no debía aplicarse retroactivamente a loscasos de desapariciones forzadas ocurridos durante la dictadura militar, con lo que se dabavía libre a la prescripción del delito en esos casos. Los juicios que se estaban siguiendo endiversos tribunales del Uruguay en relación con violaciones graves de los derechoshumanos, muchos de los cuales se referían a desapariciones forzadas, habían seguidocelebrándose, aunque con el telón de fondo de las diferentes posiciones en cuanto a laimprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.20. Por motivos jurídicos y étnicos, el Gobierno del Uruguay quería seguir recorriendoel camino de la verdad y la justicia. La delegación reafirmó el compromiso del Gobierno decumplir fielmente sus obligaciones internacionales.21. La delegación reconoció que todavía quedaban esferas en las que era necesariomejorar y que requerían una mayor movilización de recursos y la utilización de nuevosinstrumentos. También puso de relieve el importante papel que desempeñaba lasociedad civil.22. La delegación hizo referencia a las 44 promesas y compromisos voluntarios que seformulaban en el informe nacional, encaminados a fortalecer la protección de los derechoshumanos en el país. Estaba dispuesta a recoger con agrado cualquier contribución quepudiera ayudar al Uruguay a mejorar la calidad de sus políticas y la eficacia de susinstituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.A/HRC/26/76 GE.14-12962B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado23. En el diálogo interactivo formularon declaraciones 81 delegaciones. Lasrecomendaciones formuladas durante el diálogo figuran en la sección II del presenteinforme. Todas las declaraciones presentadas por escrito a la secretaría por lasdelegaciones, que deben confrontarse con las exposiciones de los oradores recogidas en elarchivo de las transmisiones web de las Naciones Unidas1, pueden consultarse en laextranet del Consejo de Derechos Humanos2.24. Bhután elogió al Uruguay por haber puesto en práctica las recomendaciones delprimer EPU. Señaló las medidas positivas que se habían adoptado, entre otras cosas, parapotenciar los derechos de las mujeres y los niños mediante estrategias nacionales.25. El Estado Plurinacional de Bolivia se felicitó por los progresos conseguidos desde elprimer ciclo del EPU, especialmente en los ámbitos de la educación, la protección de losderechos de la mujer y la lucha contra la discriminación.26. Botswana encomió los esfuerzos realizados por el Uruguay, especialmente en laesfera de los derechos del niño, la explotación sexual de los niños y la educación.27. El Brasil expresó su reconocimiento por las medidas adoptadas para promover laigualdad racial y por la promulgación de leyes que permitían el matrimonio entre personasdel mismo sexo. Hizo hincapié en la importante reducción de los índices de pobreza yextrema pobreza que se había conseguido en los últimos años.28. Burkina Faso puso de relieve los avances que había conseguido el Uruguay en lasesferas de los derechos del niño y los derechos de la mujer y encomió las medidasadoptadas para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios y para reducir lapobreza.29. El Canadá solicitó información acerca de las medidas que el Uruguay tenía previstoadoptar para mejorar las condiciones en las prisiones. Expresó su confianza en que lainstitución nacional de derechos humanos recibiría una financiación apropiada.30. El Chad se refirió a los progresos conseguidos, en particular la adhesión delUruguay a la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de laEnseñanza, de la UNESCO, y la ratificación del Protocolo Facultativo del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los trabajostendientes a ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.31. Chile elogió al Uruguay por los progresos conseguidos en la aplicación deprogramas y planes nacionales destinados a promover y proteger los derechos humanos yexpresó su reconocimiento por el compromiso del país con los mecanismos universales deprotección de los derechos humanos.32. China expresó su reconocimiento por la adopción de diversas medidas, incluidas lasencaminadas a eliminar la pobreza, reformar el sistema penitenciario y promover laigualdad entre los géneros, los derechos de la mujer, los derechos del niño y los derechos delas personas con discapacidad.33. Colombia se ofreció a compartir con el Uruguay su experiencia en las esferas de laintegración de las perspectivas de género y de derechos humanos en las políticas sociales ydel seguimiento de las recomendaciones del EPU.1 http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/18th-upr/watch/uruguay-review-18th-session-of-universal-periodic-review/3122325213001.2 https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/18session/Uruguay/Pages/default.aspx.A/HRC/26/7GE.14-12962 734. Côte d’Ivoire vio con beneplácito la aplicación de medidas efectivas encaminadas areducir el número de niños de la calle, fomentar la educación, prestar apoyo a las familiasque se encontraban en situación de extrema pobreza, combatir la violencia doméstica yresolver el problema del trato inhumano en los centros de detención.35. Cuba hizo referencia a los logros y la voluntad política del Uruguay en la luchacontra la pobreza. Expresó su especial reconocimiento por los programas en materia deeducación y el aumento de los recursos destinados a esos programas.36. Chipre encomió los esfuerzos por armonizar la legislación nacional con las normasinternacionales. Mencionó los informes acerca de las dificultades que se habían encontradoa la hora de dar respuesta a la violencia contra la mujer, la desigualdad entre los géneros enel mercado laboral y los estereotipos de género, a pesar de los avances conseguidos en esasesferas.37. El Ecuador subrayó el establecimiento de la institución nacional de derechoshumanos y la puesta en marcha del Plan de acción para la aplicación de la Estrategianacional para la infancia y la adolescencia y el Plan de Acción Nacional para laerradicación de la explotación sexual de los niños y los adolescentes.38. Egipto tomó nota de la reafirmación por el Uruguay de su compromiso con elproceso del EPU, observando que había aceptado todas las recomendaciones formuladasdurante su primer examen y que había presentado un informe de mitad de período.39. Estonia señaló los progresos logrados en los ámbitos de los derechos de la mujer, elsistema de justicia de menores, la trata de personas y la reducción de la pobreza y alentó alUruguay a que intensificara sus esfuerzos. Reconoció los esfuerzos del Estado en la luchacontra la corrupción y su compromiso de salvaguardar la libertad de expresión.40. Finlandia pidió a la delegación que proporcionara más detalles sobre el tratamientode los menores en el sistema judicial y la aplicación de los cinco programas establecidos enel marco del sistema de responsabilidad penal adolescente (SIRPA) que se mencionaba enel informe nacional.41. Francia acogió con beneplácito el compromiso del Estado con la protección de losderechos humanos, los esfuerzos que había realizado para aplicar las recomendacionesaceptadas con ocasión del primer EPU y el establecimiento de la institución nacional dederechos humanos.42. El Gabón expresó su satisfacción por las contribuciones que el Uruguay hacíaanualmente al ACNUDH. Encomió al país por su cooperación con los titulares de mandatosde procedimientos especiales y por la ratificación de numerosos convenios de derechoshumanos.43. Alemania acogió con agrado el nombramiento de los miembros de la junta dedirectores de la institución nacional de derechos humanos. Expresó su preocupación por latrata de mujeres y niñas y por las deficiencias observadas en el sistema penal.44. Ghana encomió los avances logrados por el Uruguay en la aplicación de las diversasrecomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU.45. Grecia expresó su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Estadoexaminado para aplicar la mayoría de las recomendaciones formuladas en el primer ciclodel EPU. Acogió con agrado los avances conseguidos, especialmente en relación con losderechos de la mujer, las condiciones en las prisiones y los derechos del niño.46. Guatemala elogió al Uruguay por su historial en materia de derechos humanos y lepidió que facilitara información a su debido tiempo sobre los resultados de las consultasque estaba previsto realizar acerca de la elaboración de un proyecto de plan de acción paraA/HRC/26/78 GE.14-12962aplicar el Plan nacional contra el racismo y la discriminación y sobre la posibilidad deratificar el Convenio Nº 169 de la OIT.47. Honduras subrayó los importantes esfuerzos desplegados por el Uruguay, incluso enla elaboración de legislación y de su marco institucional y en la presentación de un informede mitad de período desde el primer EPU.48. Hungría expresó su preocupación por las condiciones de detención. Solicitóinformación adicional sobre la ley integral y el plan nacional que se estaban elaborandopara luchar contra la trata de personas.49. Indonesia subrayó el firme compromiso del Uruguay con los derechos humanos, enparticular sus esfuerzos por promover los derechos económicos, sociales y culturales,incluidos los encaminados a luchar contra la pobreza, fomentar la inclusión social ypromover el derecho a la educación para todos.50. La República Islámica del Irán acogió con agrado la decisión de adherirse a laConvención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza(UNESCO) y el fortalecimiento de las políticas sociales relativas a los niños y adolescentes.51. Irlanda expresó su reconocimiento a la amplia serie de promesas voluntarias quehabía formulado el Uruguay, incluidas las que guardaban relación con la violencia pormotivos de género. Expresó su preocupación por las informaciones recibidas acerca de laviolencia doméstica y la prevalencia de la aplicación de la medida de prisión preventiva y laprisión provisional a la espera de juicio.52. Israel encomió los esfuerzos del Uruguay por mejorar la protección de los derechoshumanos y felicitó al país por haber ratificado el Protocolo Facultativo del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.53. Italia preguntó por las medidas que tenía previsto adoptar el Uruguay para mejorarlas condiciones en las prisiones y solicitó detalles sobre la estrategia encaminada a enjuiciara quienes cometieran delitos relacionados con la trata de personas.54. Jordania elogió al Uruguay por sus esfuerzos, especialmente los que habíandesembocado en su adhesión a la Convención relativa a la Lucha contra lasDiscriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO), su ratificación del ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y elestablecimiento de la institución nacional de derechos humanos.55. Kazajstán expresó su reconocimiento por las medidas adoptadas para mejorar eldisfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer y los derechosdel niño, la educación y la lucha contra la pobreza. Acogió con beneplácito elestablecimiento de la institución nacional de derechos humanos.56. Kirguistán tomó nota de la creación de tribunales y fiscalías especializados parahacer frente a la delincuencia organizada y la trata de personas, así como de la adopción deotras medidas decisivas como parte de la reforma judicial.57. Malasia expresó su reconocimiento por la actualización de los importantes avanceslogrados en la aplicación de las recomendaciones formuladas con ocasión del primer EPU.Se felicitó por las promesas y compromisos voluntarios que figuraban en el informepresentado por el Uruguay.58. Maldivas tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno por hacerfrente al problema de los niños en situación vulnerable y alentó al Uruguay a que siguieramejorando la situación en cuanto a la violencia doméstica.A/HRC/26/7GE.14-12962 959. Malí se refirió al desarrollo económico y social que había conseguido el Uruguay y alas numerosas iniciativas que había puesto en marcha para mejorar la aplicación de lasrecomendaciones que había aceptado.60. México acogió con beneplácito el establecimiento de la Comisión Interinstitucionalpara la Elaboración de Informes al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejode Derechos Humanos y los Órganos de Monitoreo de Tratados y la aprobación de lalegislación correspondiente.61. Montenegro pidió al Uruguay que facilitara más detalles sobre los avancesinstitucionales en relación con la vigilancia de la aplicación de las recomendaciones de losórganos de derechos humanos y del EPU, así como de las medidas adoptadas para mejorarla situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).62. Marruecos preguntó por el contenido de la Estrategia nacional para la infancia y laadolescencia 2010-2030. Acogió con beneplácito las iniciativas orientadas a proteger losderechos de los menores en las prisiones.63. Namibia expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Uruguaypara reducir la pobreza y para combatir la explotación sexual y la trata de niños. Tambiéndestacó la promulgación de leyes para la protección de las personas con discapacidad.64. Los Países Bajos encomiaron la aprobación de la Ley de matrimonio igualitario ysubrayaron la importancia de que fuera seguida de programas de fomento de lasensibilización para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual eidentidad de género.65. Nicaragua reconoció los progresos conseguidos por el Uruguay en el ámbito de laprotección de los derechos humanos, incluida la elaboración de un marco institucional quepermitiría abordar problemas sociales como el trabajo infantil, la justicia de menores, laexplotación sexual comercial de niños y adolescentes y los niños que vivían en la calle.66. Noruega acogió con beneplácito los esfuerzos del Estado examinado por poner fin ala impunidad y expresó su preocupación, entre otras cosas, por el gran número de casos deviolencia contra la mujer de que se había informado y la escasa participación de la mujer enlos órganos encargados de la adopción de decisiones.67. Omán elogió las medidas educativas que se habían puesto en práctica y losprocedimientos para combatir la trata de personas. Acogió con agrado la aprobación deestrategias para la aplicación de políticas públicas en relación con los niños y losadolescentes para el período 2010-2030.68. El Pakistán instó al Uruguay a que adoptara las medidas necesarias en materia demejora del acceso a la justicia y eliminación de la discriminación racial. Compartía laspreocupaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Comitépara la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acerca del trato desigual de losafrodescendientes.69. El Paraguay puso de relieve el compromiso del Estado para con los órganos de lostratados y elogió sus esfuerzos por combatir la explotación sexual comercial de los niños ylos adolescentes.70. El Perú reconoció los progresos conseguidos por el Uruguay, especialmente elestablecimiento de la institución nacional de derechos humanos; la aprobación de leyessobre la reparación por actos de discriminación contra personas afrodescendientes y leyessobre las personas con discapacidad; y la reducción de la pobreza.A/HRC/26/710 GE.14-1296271. Filipinas expresó su reconocimiento a los compromisos voluntarios incluidos en elinforme nacional del Uruguay. Acogió con beneplácito la evolución positiva de losderechos de la mujer y los esfuerzos por combatir la trata de personas.72. Portugal preguntó de qué manera evaluaba el Uruguay el efecto de las medidasrelativas a los derechos del niño y también preguntó qué medidas, además del incrementode las consignaciones presupuestarias, se estaban adoptando para mejorar el sistema deenseñanza pública en el nivel secundario.73. La República de Moldova acogió con beneplácito la Estrategia nacional para lainfancia y adolescencia 2010-2030 y los esfuerzos en curso por combatir el trabajo infantily la explotación sexual de los niños.74. Túnez elogió al Estado examinado por su ratificación de la Convención sobre losderechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protecciónde todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como por el establecimiento dela institución nacional de derechos humanos. Mencionó los avances legislativosconseguidos en la lucha contra la discriminación racial y los progresos logrados en la esferade la igualdad entre los géneros.75. La Federación de Rusia mencionó el establecimiento de la institución nacional dederechos humanos, encargada, entre otras cosas, de combatir y prevenir la tortura,investigar los crímenes cometidos bajo la dictadura, encausar a los criminales de guerra ybuscar a las personas desaparecidas.76. El Senegal observó importantes progresos en la aplicación de las recomendaciones,incluso las relativas a los derechos de los niños y la lucha contra la violencia doméstica, yla adopción de medidas positivas para hacer realidad los derechos económicos, sociales yculturales.77. Serbia propuso que el Uruguay examinara el trasfondo institucional y judicial frenteal que se producía el hacinamiento en las prisiones y adoptara las medidas necesarias yaplicara las políticas apropiadas para mitigar la situación.78. Singapur mencionó los progresos que se habían logrado desde el anterior EPU, enparticular con respecto a la protección de la mujer contra la violencia doméstica y la luchacontra la trata. También señaló los esfuerzos realizados para mejorar el bienestar de losniños y protegerlos de la explotación.79. Eslovenia observó que la ley aprobada en 2013, en virtud de la cual se despenalizóel aborto durante el primer trimestre del embarazo, señalaba un avance significativo en laprotección de los derechos de la mujer. Seguía preocupándole la alta incidencia de laviolencia doméstica.80. Somalia elogió al Uruguay por los progresos conseguidos desde el anterior EPU ypor haber presentado un informe de mitad de período.81. España elogió al Uruguay por su reciente reconocimiento del matrimoniohomosexual y los avances en la lucha contra la violencia por motivos de género,especialmente en lo relativo al acceso de las víctimas a la justicia especializada.82. Sri Lanka tomó nota del Plan Ceibal, la medida adoptada para fortalecer las políticassociales relativas a los niños y los adolescentes, y los esfuerzos por mejorar el acceso a laeducación y su calidad.83. El Estado de Palestina elogió al Uruguay por su compromiso con el mecanismo delEPU y por sus esfuerzos por garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.Alentó al país a que siguiera promoviendo la armonización de esos derechos en lalegislación nacional.A/HRC/26/7GE.14-12962 1184. Suecia, haciendo referencia a un informe del Relator Especial sobre la tortura y otrostratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, puso de relieve los esfuerzos que habíahecho el Uruguay para mejorar la situación en las prisiones, aunque señaló que eranecesario abordar profundas reformas en los ámbitos judicial e institucional.85. Tailandia elogió al Uruguay por los progresos conseguidos en la aplicación de lasrecomendaciones del primer EPU, en particular las relativas al establecimiento de lainstitución nacional de derechos humanos.86. El Togo encomió los progresos de carácter jurídico e institucional conseguidos porel Uruguay. Expresó su satisfacción por el hecho de que las políticas sociales que el Estadohabía llevado a cabo hubiesen conducido a una reducción destacable de la pobreza y laextrema pobreza.87. Trinidad y Tabago alentó al Uruguay a que mantuviera todos sus esfuerzos porerradicar la pobreza y el hambre. Observó con satisfacción que el país había adoptadomedidas estrictas encaminadas a reducir la violencia doméstica.88. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte observó con satisfacción que,desde el anterior examen del Uruguay, varias recomendaciones se habían recogido en sulegislación y en sus mecanismos de derechos humanos. Acogió con agrado elestablecimiento de la institución nacional de derechos humanos.89. Turquía elogió al Uruguay por su aplicación de las recomendaciones formuladasdurante el primer EPU, en particular la adhesión a la Convención relativa a la Lucha contralas Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO) y la ratificación delProtocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales.90. Turkmenistán acogió con beneplácito el establecimiento de la ComisiónInterinstitucional para la Elaboración de Informes al Mecanismo de Examen PeriódicoUniversal y los Órganos de Monitoreo de Tratados, encargada del seguimiento de lasrecomendaciones.91. Los Emiratos Árabes Unidos observaron con reconocimiento las medidas adoptadaspara proteger a los niños y los adolescentes. Preguntaron por las medidas básicas que elUruguay tenía previsto adoptar para combatir la trata y el contrabando de niños.92. Rumania expresó su reconocimiento por el compromiso del Estado examinado deseguir promoviendo el disfrute de los derechos humanos por los ciudadanos y su continuacooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.93. Los Estados Unidos de América alentaron al Uruguay a que adoptara nuevasmedidas para velar por que los presuntos implicados en delitos de trata comparecieran antela justicia, y señaló la falta de un plan integral nacional para eliminar las peores formas detrabajo infantil.94. Uzbekistán mencionó varias medidas de carácter jurídico e institucional que elEstado examinado había adoptado desde el anterior EPU, incluida la adhesión a laConvención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza(UNESCO) y la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas condiscapacidad y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales.95. La República Bolivariana de Venezuela puso de relieve los esfuerzos realizados porel Uruguay para erradicar la pobreza y la atención que ese país prestaba al trabajo infantil ya las cuestiones relacionadas con los niños y los adolescentes que vivían en las calles.A/HRC/26/712 GE.14-1296296. Viet Nam felicitó al Uruguay por sus logros en el terreno de los derechos humanos,incluido el establecimiento de la institución nacional de derechos humanos.97. El Yemen acogió con beneplácito los avances y los logros conseguidos por elUruguay, incluida la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales y la presentación de informes a varios órganosde los tratados.98. Argelia encomió los progresos logrados por el Uruguay desde el anterior EPU y elenfoque participativo que había adoptado para la elaboración del informe nacional.También destacó las diversas reformas legislativas e institucionales que había emprendidoel Estado examinado y sus actividades encaminadas a promover los derechos económicos,sociales y culturales.99. Angola acogió con beneplácito los esfuerzos en el ámbito de la infancia, con elestablecimiento del sistema de responsabilidad penal adolescente, y las reformas jurídicas ypolíticas que habían facilitado la creación de jurisdicciones especializadas en el ámbito dela violencia en el hogar y en la familia.100. La Argentina puso de relieve el fortalecimiento institucional del país, en particular lacreación de la institución nacional de derechos humanos, entre otras, y señaló laincorporación de un enfoque de derechos humanos en las políticas sociales.101. Armenia expresó su reconocimiento por la política de tolerancia y la fluida relacióndel Estado examinado con las minorías nacionales y religiosas. Acogió con beneplácito lacreación de la institución nacional de derechos humanos, así como las actividadesrealizadas y los programas emprendidos en la esfera de la educación.102. Australia expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Uruguaypara fortalecer su marco institucional de protección de los derechos humanos. Encomió laadopción de instrumentos legislativos en los que se reconocían los derechos de la mujer enmateria de salud sexual y reproductiva.103. Azerbaiyán observó las reformas jurídicas e institucionales emprendidas para lapromoción y protección de los derechos humanos. Se refirió también a las preocupacionesexpresadas por los órganos de los tratados acerca de la desigualdad entre hombres ymujeres.104. Bangladesh encomió los avances en el fortalecimiento institucional, en la luchacontra el trabajo infantil y en el sector de la salud. Expresó su preocupación por lapersistencia de los incidentes de discriminación racial.105. La delegación agrupó sus respuestas a las preguntas recibidas con antelación y a lasobservaciones formuladas durante el debate.106. La Embajadora Laura Dupuy dijo que el Uruguay había tipificado como delito latrata de personas y había enumerado como circunstancias agravantes la edad, en el caso deque las víctimas fuesen niños o adolescentes, y la discapacidad. El problema se estabaabordando mediante campañas de concienciación y actividades de formación de losfuncionarios públicos. Se mantenía la coordinación a nivel institucional. Se había publicadoun decreto dirigido a los operadores turísticos. Las políticas sociales de carácter másgeneral dirigidas a los niños y adolescentes, incluidas las encaminadas a combatir laviolencia doméstica, eliminar la pobreza y la exclusión social y promover la educaciónsexual, servían como marco para reducir la vulnerabilidad. En la ley por la que se regía eltrabajo en el hogar se contemplaba la posibilidad de realizar inspecciones en los domiciliosprivados, incluso la realización de registros por la policía con autorización judicial. Seestaban intensificando en todo el país las inspecciones en relación con el trabajo infantil yse estaban evaluando los diferentes riesgos.A/HRC/26/7GE.14-12962 13107. Daniela Payssé, diputada del Parlamento del Uruguay, dijo que, históricamente, laedad mínima para contraer matrimonio había sido de 12 años para las niñas y 14 para losniños. Con la promulgación de la Ley Nº 19119 de matrimonio igualitario, esa edad sehabía elevado hasta los 16 años. El Uruguay reconoció que las normas internacionalessituaban esa edad en los 18 años, y el país tenía el firme propósito de armonizar sulegislación con esas normas internacionales.108. Andrés Scagliola, Director de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social,indicó que el Uruguay estaba experimentando una continua reducción de la pobreza,impulsada en gran medida por la duplicación del gasto social entre 2005 y 2012 y lareorientación de las políticas. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno mencionó lacreación del Sistema Nacional Integrado de Salud, un aumento del presupuesto destinado ala educación, el nuevo programa de transferencias económicas para las familias en situaciónde pobreza con hijos a cargo, y la ampliación del Plan de Centros de Atención Integral a laInfancia y la Familia (CAIF). El Uruguay seguiría trabajando en la Estrategia nacional parala infancia y adolescencia, cuyos objetivos se ampliarían hasta 2030.109. Con respecto a las cuestiones relacionadas con la justicia de menores, la Sra. Paysséindicó que, de conformidad con lo establecido en la Convención sobre los Derechos delNiño, se había establecido un sistema de responsabilidad penal en el que se adoptaba unenfoque socioeducativo en el caso de los menores delincuentes acorde con el paradigma dela protección integral propugnado por las Naciones Unidas. Las estadísticas eranalentadoras en cuanto a la relación entre el número de menores privados de libertad y elnúmero de menores a los que se habían aplicado otras medidas alternativas. El Gobiernotenía la voluntad política de desarrollar el sistema, para lo que se establecería un marcoinstitucional apropiado. También se habían introducido enmiendas en el Código de la Niñezy la Adolescencia en consonancia con el firme planteamiento adoptado en relación con laEstrategia para la vida y la convivencia, que incluía instrumentos legislativos, políticaspúblicas y una intervención en las zonas urbanas en que la convivencia era difícil. Se habíapresentado al Parlamento un proyecto de código de responsabilidad penal para losadolescentes que se estaba considerando. Una de las ventajas de ese proyecto era que en élse contemplaba la sustitución del método de investigación por un método de acusación quecumpliría las normas internacionales. Era mucho lo que quedaba por hacer, pero se estabaavanzando.110. Contestando a una preocupación planteada por Israel acerca de la inscripción en elregistro civil de niños y adolescentes, la Sra. Payssé dijo que, según la legislación delUruguay, con ocasión del nacimiento se expedía un certificado. En el marco de ese sistema,antes de abandonar el centro sanitario en que hubiera tenido lugar el nacimiento, no solo seexpedía al recién nacido un certificado de nacimiento, sino que también se le asignaba unnúmero de identidad (DNI). Como la mayoría de los nacimientos tenían lugar en centros desalud, en el país apenas había casos de niños que no se hubieran inscrito en el registro civil,muy por debajo del 2%. Todos los niños inscritos tenían acceso a las políticas sociales.Además, a través de los programas del Instituto Nacional de las Mujeres había sido posiblellegar a las familias que, por cualquier motivo, no habían inscrito en el registro civil asus hijos.111. En cuanto a la participación de la mujer en puestos encargados de la adopción dedecisiones y su participación política, el Uruguay tenía previsto aplicar, únicamente en laselecciones de 2014, una ley en la que se establecía que las listas electorales habían de estarconstituidas por dos personas de un sexo y una del otro, tanto en el caso de losrepresentantes como en el de los suplentes. Todavía quedaba por ver en qué medida lospartidos políticos observarían dicha ley.112. El Embajador Ricardo González Arenas, Director General de Asuntos Políticos delMinisterio de Relaciones Exteriores, respondió a una pregunta relativa a la violenciaA/HRC/26/714 GE.14-12962doméstica. Se habían ido adoptando progresivamente numerosas medidas para combatir esefenómeno y establecer unas instituciones y un marco jurídico que garantizasen los derechoshumanos, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento y la rendición de cuentas de losautores de esos delitos.113. Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior, se refirió a las preocupacionesplanteadas por varias delegaciones con respecto al sistema penitenciario. La atención quelos dos Gobiernos anteriores habían prestado a ese sistema reflejaba el aumento del interésen la protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personasprivadas de libertad. Uno de los éxitos logrados había sido la adopción de estrategias deintervención intersectoriales que aportaban una gama de respuestas que contaban con laparticipación de la Secretaría de Estado y otros órganos estatales. El Uruguay habíaconseguido avances hacia la meta de reducir el hacinamiento en las prisiones a mediadosde 2014. Estaba previsto que las medidas adoptadas condujeran a un exceso de plazasen 2016. Se había recibido un apoyo sustancial de la comunidad internacional a través deproyectos que habían fortalecido el proceso general de reforma de las prisiones einstituciones conexas. La Sra. Fulco expresó su confianza en que las medidas adoptadas enlos cuatro años anteriores hubieran quedado claramente reflejadas en su exposición y en losdocumentos que se habían puesto a disposición de todas las delegaciones. El Uruguayacogió con beneplácito las recomendaciones formuladas por los Estados y los modelos debuenas prácticas que se habían expuesto.114. Álvaro Garcé dijo que, en su calidad de Comisionado Parlamentario para el SistemaCarcelario, podía confirmar plenamente que durante los ocho años anteriores se habían idointroduciendo importantes reformas en el sistema penitenciario del Uruguay y que losresultados, en cuanto a la mejora de la infraestructura y la reforma de la administración, yaeran claramente visibles. La Oficina del Comisionado Parlamentario había trabajado con lainstitución nacional de derechos humanos. Se habían planteado preguntas acerca de laregulación del procedimiento de habeas corpus, que figuraba en la Constitucióndesde 1917. La Cámara de Representantes estaba examinando un proyecto en virtud delcual se crearía un nuevo mecanismo para la protección de los reclusos.115. Graciela Jorge, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos de laPresidencia, hizo hincapié en el compromiso del ejecutivo de abordar la cuestión de lasviolaciones de los derechos humanos que habían tenido lugar durante los períodos de ladictadura y antes de esta, entre 1968 y 1985. Gracias a los esfuerzos realizados desde 2000,en 2014 ya se había reconocido la desaparición forzada de 178 uruguayos. Un claroejemplo del fortalecimiento institucional era la creación de la Secretaría de DerechosHumanos encargada de estudiar casos del pasado reciente. La Secretaría, que contaba con elapoyo de equipos universitarios, trabajaba cotidianamente en la investigación histórica yantropológica. Las investigaciones antropológicas incluían estudios exploratorios parabuscar los restos de personas desaparecidas. Hasta entonces, se habían presentado ante lostribunales del país 204 denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en elpasado reciente. El Uruguay colaboraba también con los órganos judiciales de la Argentina,Chile e Italia. La Secretaría respondía también a peticiones formuladas por particulares quetrataban de establecer su origen, es decir, individuos que pensaban que podían ser hijos depersonas desaparecidas.116. El Embajador Federico Perazza, Director de Derechos Humanos y de DerechoHumanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a preguntas sobre laaplicación de las leyes relativas a los derechos sexuales y reproductivos y sobre lainterrupción voluntaria del embarazo. El Ministerio de Salud Pública se ocupaba decoordinar la aplicación de esas leyes y de definir claramente los elementos relativos a laobjeción de conciencia. Recordó que, en los últimos años, con la aplicación de lalegislación vigente, no se habían producido casos de muertes debidas a la práctica deA/HRC/26/7GE.14-12962 15abortos en condiciones insalubres, muertes que anteriormente habían llegado a representarel 30% de la mortalidad materna en el país.117. El plan nacional que se estaba elaborando se centraba en la dimensión de derechoshumanos, pero tenía también un carácter intersectorial y serviría para establecer un marcode convivencia. Estaba previsto presentar el plan en breve al Consejo de Ministros, sellevaría a cabo una consulta con la sociedad civil y sería plenamente operativo a finesde 2014.118. El Plan nacional contra el racismo y la discriminación, elaborado según el modelode las Naciones Unidas, había servido para ampliar el concepto de discriminación. ElGobierno confiaba en completarlo en la segunda mitad de 2014 y presentarlo después a lasociedad civil, con la expectativa de que podría estar plenamente operativo en 2015.119. El Uruguay estaba aplicando numerosos programas y políticas encaminados acombatir el abandono escolar.120. El Sr. Scagliola dijo que el Uruguay estaba comprometido con la aplicación depolíticas de igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Se estaba avanzando enla redacción de una ley integral al respecto. También se habían conseguido avances en elcontexto del nuevo Plan nacional de acceso a la justicia y protección jurídica de laspersonas con discapacidad.121. En cuanto a la posibilidad del voto consular, el Sr. Guerrero dijo que un grupo detrabajo del Parlamento se estaba ocupando de la cuestión. Como cualquier reforma en eseámbito habría de ser una ley de naturaleza electoral, sería necesaria una mayoría de dostercios para su aprobación.122. La delegación expresó su confianza en que las respuestas hubieran sidosatisfactorias y hubieran despejado todas las preocupaciones de los Estados y la sociedadcivil. Señaló que el Uruguay estaba dispuesto a aceptar, en principio, todas lasrecomendaciones que se ajustaran a las normas internacionales.II. Conclusiones y/o recomendaciones**123. Las recomendaciones que figuran a continuación cuentan con el apoyo delUruguay:123.1 Considerar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionalesen que el Uruguay no es parte y que tienen como fin la protección de losderechos de los grupos minoritarios (Nicaragua);123.2 Seguir incorporando los tratados de derechos humanos ratificados enla legislación y las instituciones nacionales, con especial interés en laadministración de justicia, la reducción de la desigualdad, el empleo de losjóvenes y unos programas apropiados de vivienda y bienestar social(Viet Nam);123.3 Seguir cumpliendo las obligaciones internacionales contraídas yadherirse a nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos(Kazajstán);123.4 Considerar la posibilidad de adoptar el Convenio Nº 169 de la OIT conel fin de garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos de lospueblos indígenas, contribuyendo así al reconocimiento de su identidad** Las conclusiones y/o recomendaciones no fueron objeto de revisión editorial.A/HRC/26/716 GE.14-12962nacional, especialmente en el caso de la nación charrúa3 (Bolivia (EstadoPlurinacional de));123.5 Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT enun plazo razonable4 (Gabón);123.6 Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas(Uzbekistán);123.7 Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT5 yseguir avanzando en la adopción de las medidas necesarias para ello (Venezuela(República Bolivariana de));123.8 Ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechosdel Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (Montenegro);123.9 Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias paragarantizar la seguridad de las personas LGBT y facilitar su acceso a la justiciay la asistencia jurídica (Noruega);123.10 Seguir avanzando en la adopción de medidas necesarias paraestablecer una institución nacional de derechos humanos compatible con losPrincipios de París (Venezuela (República Bolivariana de));123.11 Velar por que la institución nacional de derechos humanos y la Oficinadel Ombudsman cuenten con recursos suficientes para desempeñar de maneraefectiva sus funciones de acuerdo con los Principios de París (Australia);123.12 Trabajar para obtener la acreditación de la institución nacional dederechos humanos (Burkina Faso);123.13 Garantizar que la institución nacional de derechos humanos cumplalos Principios de París (Francia);123.14 Respetar la independencia de la Oficina del Ombudsman y lainstitución nacional de derechos humanos del Uruguay durante el proceso deelaboración de informes (Ghana);123.15 Procurar la acreditación de la institución nacional de derechoshumanos y la Oficina del Ombudsman ante el Comité Internacional deCoordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (México);123.16 Acelerar el establecimiento de un mecanismo nacional para laprevención de la tortura (Burkina Faso);123.17 Seguir fortaleciendo el mecanismo nacional de prevención en el marcodel Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos oPenas Crueles, Inhumanos o Degradantes garantizando su autonomía,3 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: considerar la posibilidadde adoptar el Convenio Nº 169 de la OIT con el fin de garantizar la protección y promoción efectivasde los derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo así al reconocimiento de su identidadnacional, especialmente en el caso de la población charrúa (Bolivia (Estado PlurinacionalNacional de)).4 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: ratificar el ConvenioNº 169 de la OIT en un plazo razonable (Gabón).5 La recomendación se formuló en el diálogo interactivo del modo siguiente: seguir avanzando en laadopción de las medidas necesarias para ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT (Venezuela(República Bolivariana de)).A/HRC/26/7GE.14-12962 17asignándole los recursos necesarios y elaborando un plan para sufuncionamiento eficaz (Serbia);123.18 Seguir adelante con la creación de un mecanismo nacional deprevención de la tortura de conformidad con lo establecido en el ProtocoloFacultativo de la Convención contra la Tortura, velar por su independencia ysu dotación de financiación y recursos suficientes y elaborar un plan detalladopara su funcionamiento eficaz (España);123.19 Mantener la metodología de realización de consultas amplias, incluidala participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, en lostrabajos de la Comisión Interinstitucional (Ghana);123.20 Promover la elaboración y aprobación de un plan nacional dederechos humanos (Perú);123.21 Seguir fortaleciendo la legislación nacional para la prevención,judicialización y reparación de actos de racismo y otras formas dediscriminación, en particular con la aprobación del Plan nacional contra elracismo y la discriminación, el fortalecimiento de la Comisión Honorariacontra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación y laorganización de campañas de concienciación que puedan dar lugar a cambiosculturales (Colombia);123.22 Velar por la aplicación efectiva del Plan nacional contra el racismo yla discriminación (Côte d’Ivoire);123.23 Seguir trabajando para la aprobación del Plan nacional contra elracismo y la discriminación (Kazajstán);123.24 Llevar a buen término las iniciativas tendientes a la aprobación delPlan nacional contra el racismo y la discriminación, en consulta conorganizaciones de personas afrodescendientes y organizaciones de pueblosindígenas (Perú);123.25 Seguir trabajando para la plena aplicación del Plan nacional contra elracismo y la discriminación (Bolivia (Estado Plurinacional de));123.26 Establecer prioridades y asignar recursos suficientes para hacerrealidad las promesas y compromisos voluntarios contenidos en el informe delUruguay (Viet Nam);123.27 Seguir fortaleciendo la aplicación efectiva de la legislación sobre losderechos de la mujer (Rumania);123.28 Seguir elaborando políticas y programas encaminados a potenciar laprotección y promoción de los derechos de la mujer (Filipinas);123.29 Fortalecer el Instituto Nacional de las Mujeres dándole una mayorprominencia y dotándole de recursos suficientes (Bangladesh);123.30 Poner en práctica un mecanismo de supervisión encargado de evaluarla situación de la protección de los niños y fortalecer la capacidad del Estado ylas instituciones privadas que trabajan en el ámbito de los derechos del niño(Marruecos);123.31 Seguir poniendo en práctica programas encaminados a proteger losderechos del niño (Nicaragua);123.32 Mantener sus políticas orientadas a mejorar los derechos del niño(Jordania);A/HRC/26/718 GE.14-12962123.33 Mantener los esfuerzos orientados a poner en práctica la Estrategianacional para la infancia y adolescencia 2010-2030 (Emiratos Árabes Unidos);123.34 Continuar con la consolidación de las políticas sociales en el marco dela Estrategia nacional para la infancia y adolescencia a fin de hacer realidad losderechos de los niños y adolescentes que se encuentran situación devulnerabilidad extrema (Venezuela (República Bolivariana de));123.35 Considerar la posibilidad de mejorar las políticas de apoyo a la familiay otras opciones para el cuidado de los niños con el fin de abordar, entre otros,el problema de los denominados niños de la calle (Serbia);123.36 Seguir mejorando la trayectoria del país en materia de derechoshumanos (Azerbaiyán);123.37 Agilizar el proceso de preparación y aprobación de un plan de acciónnacional para que los niños afrodescendientes tengan un trato equitativo en losámbitos de la salud y la educación (Pakistán);123.38 Seguir prestando atención especial a la situación de los gruposvulnerables, como las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y,especialmente, los afrodescendientes (Somalia);123.39 Mantener los programas sociales encaminados a atender lasnecesidades básicas de los grupos vulnerables en materia de alimentación,educación, vivienda, salud y empleo (Venezuela (República Bolivariana de));123.40 Seguir adoptando medidas para fortalecer las instituciones quedesempeñan su actividad en el ámbito del envejecimiento (Argentina);123.41 Fomentar la tolerancia racial, étnica y religiosa, especialmente entrelos jóvenes (Turkmenistán);123.42 Modificar el Código Penal con el fin de suprimir expresiones quesupongan una discriminación contra las mujeres, en particular la seccióndenominada “Título X”, a fin de garantizar que se respeten los derechos de lamujer y se tengan en cuenta los efectos de la violencia padecida por las víctimasde esos delitos (Canadá);123.43 Seguir trabajando para eliminar de la legislación las disposiciones quesupongan una discriminación contra la mujer (Chipre);123.44 Dar mayor prominencia y asignar recursos suficientes para laaplicación de políticas tendientes a fortalecer el marco institucional del Estadoen materia de género impartiendo cursos de formación en los que se fomente laigualdad entre los géneros (Israel);123.45 Introducir reformas en el Código Civil para erradicar ladiscriminación contra las mujeres viudas o divorciadas (España);123.46 Fortalecer las medidas tendientes a combatir la discriminación contrala mujer y eliminar los estereotipos sobre los afrodescendientes y las personasde origen indígena mediante campañas de sensibilización de la sociedad(Azerbaiyán);123.47 Adoptar medidas más firmes para garantizar la igualdad de derechosy oportunidades cualesquiera que sean el sexo y el origen étnico (Noruega);123.48 Intensificar la lucha contra la discriminación de que son víctimas laspersonas afrodescendientes y tomar medidas apropiadas para reducir lasA/HRC/26/7GE.14-12962 19desigualdades que les afectan en las esferas del empleo, la vivienda y laeducación (Gabón);123.49 Seguir haciendo todo lo posible por incorporar una dimensiónetnorracial en todos los planes y programas encaminados a combatir ladiscriminación (Guatemala);123.50 Tipificar como delito la divulgación de teorías sobre la superioridad oinferioridad de cualquier raza y prohibir las organizaciones que promuevan ladiscriminación racial o inciten a practicarla (Honduras);123.51 Promulgar leyes nacionales para combatir los delitos relacionados conel racismo y ofrecer reparación a las víctimas del racismo y otras formas dediscriminación (Irán (República Islámica del));123.52 Promulgar legislación específica para prohibir el racismo y ladiscriminación racial (Namibia);123.53 Fortalecer los programas y marcos jurídicos y de políticas para lapromoción y protección de los derechos de las personas afrodescendientes,incluso fomentando el empleo de esas personas en la administración pública ylas empresas privadas y promoviendo la integración de las mujeresafrodescendientes en el mercado de trabajo (Namibia);123.54 Adoptar las medidas necesarias para prohibir la discriminación racialy promulgar una ley integral de lucha contra la discriminación (Pakistán);123.55 Promulgar una ley integral contra la discriminación que contengadisposiciones en virtud de las cuales se prohíban expresamente el racismo y ladiscriminación racial; tipificar como delito la divulgación de ideas basadas enla superioridad o inferioridad de una raza; y prohibir las organizaciones quepromuevan la discriminación racial o inciten a practicarla (Túnez);123.56 Promulgar una ley en virtud de la cual se prohíban el racismo y ladiscriminación racial y elaborar un plan de acción nacional apropiado en eseámbito (Uzbekistán);123.57 Tipificar como delito la divulgación de teorías sobre la superioridad oinferioridad de una raza y prohibir las organizaciones que promuevan ladiscriminación racial o inciten a practicarla (Bangladesh);123.58 Fortalecer las medidas tendientes a combatir la discriminación contrala mujer y velar por que se adopten medidas especiales adicionales paraempoderar efectivamente a las mujeres, especialmente las afrodescendientes(Botswana);123.59 Fortalecer las medidas tendientes a lograr la igualdad deoportunidades (Burkina Faso);123.60 Incorporar una perspectiva de derechos humanos y de género en laspolíticas sociales encaminadas a lograr la igualdad de género en la práctica(Colombia);123.61 Adoptar todas las medidas necesarias para promover la igualdad entrehombres y mujeres en los ámbitos de la familia, la economía y las políticas(Chipre);123.62 Intensificar los esfuerzos por lograr la igualdad y eliminar ladiscriminación contra las mujeres, los afrodescendientes y los indígenas yA/HRC/26/720 GE.14-12962mejorar su acceso a los servicios de educación, vivienda, salud y empleo(Ecuador);123.63 Elevar hasta los 18 años la edad minima para contraer matrimonio enambos sexos (Estonia);123.64 Seguir protegiendo los derechos de los niños mediante la aplicación deprogramas apropiados que garanticen plenamente la inscripción en el registrocivil y fortalecer un marco jurídico que garantice el derecho universal a laeducación haciendo hincapié en la atención, el acceso y las oportunidades6(Israel);123.65 Mantener programas educativos innovadores en los que se reconozcala diversidad sexual y se adopte una política de salud tendiente a fomentar lasensibilización del personal sanitario acerca de las cuestiones relacionadas conel género y la orientación sexual (Países Bajos);123.66 Velar por la igualdad de hombres y mujeres en la práctica eincorporar en la legislación nacional las recomendaciones formuladas por elComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Federaciónde Rusia);123.67 Adoptar las medidas policiales y de otro tipo que sean necesarias paraprevenir cualquier forma de discriminación, violencia y acoso relacionados conla identidad sexual y de género y brindar protección frente a esos actos deviolencia y velar por que dichos actos se investiguen activamente y sus autorescomparezcan ante la justicia (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte);123.68 Adoptar medidas efectivas para garantizar la igualdad de facto detodas las mujeres (Uzbekistán);123.69 Seguir acentuando el interés que se presta a la cuestión de la igualdadentre los géneros y dotar de recursos suficientes al Instituto Nacional de lasMujeres (Australia);123.70 Erradicar los matrimonios de niños y adoptar los 18 años como edadmínima para contraer matrimonio para ambos sexos (Azerbaiyán);123.71 Seguir investigando las violaciones de los derechos humanos,especialmente las desapariciones forzadas (Argentina);123.72 Seguir haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones dedetención, especialmente evitar el hacinamiento en las prisiones (Francia);123.73 Mantener los esfuerzos por mejorar las condiciones en las prisiones ycompartir las mejores prácticas pertinentes con el Consejo de DerechosHumanos (Grecia);123.74 Resolver el problema del hacinamiento en el sistema penitenciario ylas malas condiciones en las prisiones, especialmente para velar por el respetode los derechos humanos de las mujeres reclusas (Maldivas);6 La recomendación tal como se formuló durante el diálogo interactivo: seguir protegiendo los derechosde los niños, aplicando programas apropiados que garanticen al 100% el acceso a la inscripción en elregistro civil, así como fortalecer un marco jurídico que pueda garantizar el derecho universal a laeducación y hacer hincapié en la atención, el acceso y las oportunidades (Israel).A/HRC/26/7GE.14-12962 21123.75 Consolidar la Estrategia nacional para la reforma del sistemapenitenciario de forma que garantice la rehabilitación y la rápida reinserciónde los menores en la sociedad (Marruecos);123.76 Seguir adoptando medidas para mejorar el sistema penitenciario(Portugal);123.77 Adoptar medidas para mejorar el sistema penitenciario y aportarrecursos adicionales para resolver el problema del hacinamiento en lasprisiones (Federación de Rusia);123.78 Seguir avanzando en la mejora de las condiciones de detención y en elestablecimiento de mecanismos para la reinserción social de los presos y en lareforma del sistema de justicia penal (España);123.79 Seguir adelante con la reforma del sistema de prisiones y buscarnuevas formas de modificar el Código Penal con el fin de establecer unascondiciones adecuadas de las prisiones y un trato apropiado de los reclusos(Suecia);123.80 Continuar con el proceso de reforma para fortalecer las institucionesdel sistema penitenciario a fin de garantizar el respeto de los derechos humanosy la dignidad de las personas privadas de libertad (Turquía);123.81 Intensificar los esfuerzos por resolver el problema del hacinamiento enlas prisiones, el deterioro de las instalaciones y los retrasos indebidos de losjuicios que han supuesto el aumento de la duración de la prisión provisional ala espera de juicio (Estados Unidos de América);123.82 Llevar a cabo una reforma general del sistema penitenciario(Uzbekistán);123.83 Abordar el problema del hacinamiento de las prisiones mediante larevisión de la utilización de la prisión provisional a la espera de juicio(Australia);123.84 Elaborar más planes de apoyo a las mujeres reclusas (Irán (RepúblicaIslámica del));123.85 Aplicar las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de lasreclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes(Reglas de Bangkok) como parte de los esfuerzos por garantizar el respeto delos derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad(Tailandia);123.86 Elaborar y aplicar penas alternativas al encarcelamiento y adoptarcuantas medidas sean necesarias para reducir el uso excesivo de la prisiónprovisional a la espera de juicio (Hungría);123.87 Promover penas alternativas a la prisión y diseñar políticas públicasque impacten favorablemente en los derechos de los reclusos (Irán (RepúblicaIslámica del));123.88 Adoptar medidas para reducir la frecuencia con que se aplican laprisión preventiva y la prisión provisional a la espera de juicio (Irlanda);123.89 Fortalecer los esfuerzos por abordar el problema de la violenciadoméstica organizando campañas de sensibilización de la sociedad y velandopor que las mujeres conozcan sus derechos (Canadá);A/HRC/26/722 GE.14-12962123.90 Brindar una protección suficiente a las víctimas de la violenciadoméstica y velar por el seguimiento adecuado de la rehabilitación de laspersonas condenadas por la comisión de esos actos (Canadá);123.91 Seguir fortaleciendo el Plan nacional de lucha contra la lacra de laviolencia doméstica, haciendo hincapié en la prevención y la concienciación dela sociedad (Chile);123.92 Adoptar nuevas medidas para proteger a las mujeres frente a laviolencia doméstica (Chipre);123.93 Adoptar nuevas medidas en la lucha contra la violencia doméstica, latrata de personas y la pobreza, especialmente en el caso de las mujeres y losniños (Estonia);123.94 Mantener los esfuerzos en favor de los derechos de las mujeres y losniños y adoptar todas las medidas necesarias para combatir eficazmente laviolencia doméstica (Francia);123.95 Mantener los esfuerzos por erradicar la violencia domésticaestableciendo mecanismos encargados de supervisar la aplicación de losprotocolos de acción de los organismos gubernamentales y aplicando sancionesapropiadas cuando esos protocolos no se apliquen de acuerdo con las normasestablecidas (Hungría);123.96 Hacer todo lo posible, de conformidad con las promesas voluntarias,por combatir la violencia por motivos de género mediante, entre otras cosas, laobservancia de la legislación vigente, la organización de campañas deconcienciación del público, la facilitación de apoyo psicosocial y acceso aalbergues para las víctimas y el seguimiento de la rehabilitación de las personascondenadas por la comisión de actos de violencia por motivos de género(Irlanda);123.97 Promover y proteger los derechos humanos de las mujeresfortaleciendo los esfuerzos encaminados a erradicar la violencia doméstica ydemás formas de violencia y discriminación contra la mujer mediante laaplicación de la legislación vigente y la organización de programas deconcienciación (Maldivas);123.98 Intensificar la lucha contra la violencia por motivos de género y lasmedidas de prevención con el fin de incrementar la protección de la mujer yfomentar la concienciación de la sociedad (Noruega);123.99 Fortalecer las políticas públicas relativas a la violencia contra la mujeradoptando, entre otras cosas, medidas afirmativas para combatir la pobreza dela mujer, que está ligada con la distribución desigual entre el tiempo dedicadoal trabajo remunerado y no remunerado (Paraguay);123.100 Adoptar una ley integral de lucha contra la violencia contra la mujer(Túnez);123.101 Seguir combatiendo la violencia doméstica y renovar el plan de acciónnacional en esa esfera (Federación de Rusia);123.102 Fortalecer los mecanismos destinados a proteger a las víctimas de laviolencia por motivos de género (Senegal);123.103 Seguir mejorando la protección de la mujer frente a la violencia ypromoviendo la igualdad entre los géneros (Singapur);A/HRC/26/7GE.14-12962 23123.104 Intensificar los esfuerzos por prevenir la violencia doméstica, entreotras cosas imponiendo el cumplimiento de la legislación vigente, manteniendolas campañas de concienciación y aplicando de manera eficiente los programasencaminados a proteger a las víctimas de la violencia doméstica, y en su casoelaborando otros nuevos, y ofrecer a las víctimas apoyo psicológico y acceso aalbergues (Eslovenia);123.105 Fortalecer las medidas encaminadas a dar respuesta a la violencia pormotivos de género en todas las esferas de la vida pública y privada (Sri Lanka);123.106 Mantener en marcha el proyecto denominado “Uruguay unido paraponer fin a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes” 2012-2014(Argelia);123.107 Fortalecer las políticas ya adoptadas encaminadas a prevenir y daruna respuesta eficaz a la violencia doméstica contra las mujeres, incluida laprotección a cargo del Estado de las víctimas supervivientes desplazadas(Brasil);123.108 Fortalecer las políticas nacionales encaminadas a proteger a niños yjóvenes frente a la violencia, los abusos y la explotación sexual (Côte d’Ivoire);123.109 Mantener los esfuerzos encaminados a hacer realidad los derechos delniño y mantener todas las iniciativas encaminadas a mejorar la situación de losniños de la calle (Grecia);123.110 Mantener el compromiso de abordar el problema del trabajo infantil yla explotación sexual de los niños (Italia);123.111 Fortalecer las medidas de coordinación para erradicar el trabajoinfantil (Namibia);123.112 Mantener los esfuerzos encaminados a erradicar el trabajo infantil ygarantizar el acceso de todos los niños a una educación de calidad (Singapur);123.113 Poner en marcha un programa integral de asistencia dirigido a losniños que viven en la calle, velando por que tengan acceso a los servicios deatención de la salud, educación y seguridad social (Estado de Palestina);123.114 Seguir adoptando medidas firmes con miras a erradicar la explotaciónsexual de los niños y asegurarse de que se fortalezca la legislación encaminada aeliminar la impunidad de quienes cometen delitos de esa naturaleza (Suecia);123.115 Elaborar y aprobar un plan de acción nacional de carácter integralpara erradicar las peores formas de trabajo infantil (Estados Unidos deAmérica);123.116 Seguir trabajando en la elaboración de un plan de acción paraeliminar el trabajo infantil y dar prioridad a la educación inclusiva para todos(Yemen);123.117 Mantener las actividades de fomento de la sensibilización acerca de latrata de personas mediante programas generales de formación para lostrabajadores sociales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y losmedios de comunicación (Bhután);123.118 Intensificar las medidas encaminadas a combatir la trata de personasy proteger los derechos de las víctimas, en particular las mujeres y los niños(Ecuador);A/HRC/26/724 GE.14-12962123.119 Seguir aplicando medidas apropiadas para combatir la trata demujeres y niñas con fines de explotación sexual y medidas apropiadas paracombatir la violencia contra las mujeres, incluso proporcionando asistencia yreparación a las víctimas de ambos tipos de delitos (Alemania);123.120 Elaborar un plan de acción nacional contra la trata de personas decarácter integral, inclusivo y detallado y examinar la posibilidad de establecerun órgano central que se ocupe de la lucha contra esa lacra (Honduras);123.121 Aprobar una ley integral de lucha contra la trata de personas,especialmente mujeres (Irán (República Islámica del));123.122 Poner en práctica un plan de acción nacional de lucha contra la tratade mujeres con fines de explotación sexual (Irán (República Islámica del));123.123 Seguir tomando medidas para combatir la trata de personas(Kazajstán);123.124 Diseñar un programa integral de lucha contra la trata de personas(Kirguistán);123.125 Proporcionar asistencia y reparación a las víctimas de la trata depersonas (Kirguistán);123.126 Organizar campañas para fomentar la sensibilización de la sociedadacerca de la trata de personas (Kirguistán);123.127 Adoptar un plan de acción nacional para prevenir la trata de personasy prestar asistencia a las víctimas de ese delito (México);123.128 Intensificar las campañas de concienciación y formación a nivelnacional encaminadas a combatir la trata de mujeres y niños e incluir esacuestión en los programas escolares (Marruecos);123.129 Considerar la posibilidad de intensificar las medidas encaminadas areducir la vulnerabilidad de las mujeres y los niños frente a la trata (Filipinas);123.130 Fortalecer los mecanismos interinstitucionales encargados de prevenirlos delitos contra los niños, como la trata y la explotación sexual de niños yadolescentes (Sri Lanka);123.131 Considerar la posibilidad de establecer un organismo central que seocupe de la trata de personas (Trinidad y Tabago);123.132 Intensificar las actividades encaminadas a identificar y encausar a lossospechosos de realizar actividades de trata de personas y prestar serviciosintegrales a las víctimas (Estados Unidos de América);123.133 Potenciar las iniciativas destinadas a erradicar la trata y laexplotación sexual de niños y adolescentes en el país, en particular fortaleciendosu sistema judicial y promulgando legislación apropiada en la materia (Brasil);123.134 Profundizar en la reforma del sistema penal, incluso buscandoalternativas a la prisión provisional a la espera de juicio, y velar por que elsistema de internamiento de menores sea compatible con las obligaciones delpaís en materia de derechos humanos (Alemania);123.135 Profundizar en la reforma de la Ley de procedimiento penal a fin degarantizar un proceso jurídico equitativo y ágil (Alemania);123.136 Continuar con la reforma del sistema de organismos encargados delcumplimiento de la ley y del sistema judicial (Turkmenistán);A/HRC/26/7GE.14-12962 25123.137 Seguir fortaleciendo el sistema judicial, incluso adoptando unalegislación específica para tipificar como delito el turismo sexual (Irán(República Islámica del));123.138 Mantener los esfuerzos encaminados a mejorar el acceso de laspoblaciones y grupos vulnerables al sistema judicial (Angola);123.139 Garantizar la aplicación cabal de la legislación relativa a la reparaciónpor actos de discriminación contra personas afrodescendientes (Burkina Faso);123.140 Fortalecer los planes y programas para la prevención del delito y larehabilitación de los delincuentes (Chile);123.141 Considerar la posibilidad de hacer más esfuerzos para facilitar laigualdad de acceso a los recursos judiciales y administrativos para losafrodescendientes y las personas de origen indígena (Egipto);123.142 Facilitar el acceso a la justicia y a la reparación y proporcionar apoyopsicológico y formación ocupacional a las víctimas de la trata a fin de ayudarlasa recuperar su vida y reintegrarse a la sociedad (Tailandia);123.143 Las autoridades de los poderes ejecutivo y judicial deberían seguircooperando para facilitar la investigación de las violaciones graves de losderechos humanos, incluidos los casos de desapariciones forzadas queocurrieron durante la época de la Operación Cóndor (Ghana);123.144 Señalar como prioritaria la aprobación de una revisión del CódigoPenal (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);123.145 Crear mecanismos de protección de testigos y de acceso a la justiciapara las víctimas, sus familiares y los agentes de la sociedad civil que puedanprestarles asistencia, según recomendó el Relator Especial sobre la trata depersonas, especialmente mujeres y niños (Botswana);123.146 Seguir avanzando en la especialización del sistema de justicia demenores, incluida la elaboración de un mecanismo de apelación (Chile);123.147 Seguir desarrollando el sistema de justicia de menores desde lospuntos de vista de la ley y de la práctica. En particular, seguir procurando quehaya profesionales debidamente formados y una infraestructura apropiadapara los adolescentes en conflicto con la ley. La privación de libertad solodebería utilizarse como medida de último recurso y por el tiempo más cortoposible (Finlandia);123.148 En cuanto a la privación de libertad de los menores, elaborar y darprioridad a otras medidas que permitan la reinserción del menor en la sociedady aplicar las medidas de privación de libertad únicamente como último recurso(Francia);123.149 Adoptar las medidas necesarias para no reducir la edad minima deresponsabilidad penal (Paraguay);123.150 Fortalecer el sistema especializado de justicia de menores y promoverla adopción de medidas alternativas a la privación de libertad con miras aobtener la plena reinserción del menor en la sociedad (República de Moldova);123.151 Seguir adoptando medidas para que puedan ejercer el derecho de votolos uruguayos que viven en el extranjero (Burkina Faso);123.152 Mantener los esfuerzos para ofrecer a todos los ciudadanos las mismasoportunidades de participar en el proceso político (Indonesia);A/HRC/26/726 GE.14-12962123.153 Mantener consultas tendientes a que los uruguayos que viven en elextranjero puedan ejercer su derecho de voto (Senegal);123.154 Intensificar los esfuerzos por lograr una mayor participación de lamujer en todos los ámbitos de la vida pública, especialmente en el plano político(Grecia);123.155 Adoptar medidas para acercarse a la paridad entre los géneros en losámbitos político y público y mejorar la participación de la mujer en la adopciónde decisiones y en la elaboración de las políticas públicas (Países Bajos);123.156 Hacer permanente el requisito “experimental” de incluir personas deambos sexos en cada lista de candidatos, como está previsto hacer en laselecciones nacionales y departamentales que habrán de celebrarse en 2014-2015(Eslovenia);123.157 Garantizar la igualdad entre los géneros en el lugar de trabajo(Côte d’Ivoire);123.158 Adoptar medidas adicionales para fomentar la igualdad en el acceso alempleo (Egipto);123.159 Mantener los esfuerzos en favor de la igualdad de trato para hombresy mujeres en el empleo (Jordania);123.160 Seguir fomentando los derechos de las mujeres, especialmente lasmujeres de las zonas rurales, y garantizar su igualdad en cuanto a lasposibilidades de empleo (Armenia);123.161 Seguir fortaleciendo las medidas orientadas a mejorar las condicionesde vida de toda la población del país (Malí);123.162 Seguir aplicando la Estrategia de reducción de la pobreza y protegerlos derechos de los grupos vulnerables para conseguir un desarrollosocioeconómico sostenible (China);123.163 Seguir adoptando medidas para lograr la eliminación de la pobreza(Cuba);123.164 Mantener las iniciativas encaminadas a fomentar el crecimientoeconómico y mejorar los niveles de vida en el país (Omán);123.165 Adoptar nuevas medidas para reducir la pobreza y la extremapobreza (Portugal);123.166 Seguir fortaleciendo el desarrollo económico y social (Somalia);123.167 Seguir ejecutando proyectos y programas de desarrollosocioeconómico para la protección y promoción de los derechos humanos(Somalia);123.168 Poner en práctica un sistema para cuantificar los indicadores deprogreso en relación con los derechos económicos, sociales y culturales (Estadode Palestina);123.169 Intensificar los esfuerzos por reducir la pobreza asignando recursosadicionales a las personas y grupos de personas de poblaciones vulnerables(Togo);123.170 Profundizar en el compromiso político y financiero de garantizar elpleno desarrollo de los niños y sus familias (Togo);A/HRC/26/7GE.14-12962 27123.171 Seguir aplicando las políticas socioeconómicas necesarias para reducirla pobreza, especialmente entre las mujeres y los niños (Trinidad y Tabago);123.172 Seguir aplicando programas integrales de asistencia socialencaminados a reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución de losingresos (Argelia);123.173 Mantener los esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar lascondiciones de vida, especialmente entre los grupos vulnerables (Australia);123.174 Facilitar el acceso a una vivienda adecuada, prestando especialatención a la asistencia a las familias con bajos ingresos (Egipto);123.175 Seguir facilitando el acceso a una vivienda adecuada, especialmenteprestando asistencia a las familias de bajos ingresos y otras personas y gruposde personas desfavorecidas (Malasia);123.176 Fortalecer los esfuerzos por promover el derecho a la salud, incluido elacceso a la atención integral de la salud (Indonesia);123.177 Intensificar los esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza yasignar recursos suficientes para ello, así como abordar la cuestión del altoíndice de abandono en la enseñanza secundaria (Malasia);123.178 Mantener los esfuerzos del Gobierno por mejorar sus sistemas deenseñanza y de salud, así como los avances en otros derechos socioeconómicos yculturales (Cuba);123.179 Adoptar nuevas medidas estructurales para reducir el índice deabandono escolar (Estonia);123.180 Fortalecer las medidas encaminadas a reducir los índices de repeticiónde curso y abandono escolar y evaluar el resultado de esas medidas, así comoseguir luchando contra la pobreza infantil y abordar problemas como los de losniños de la calle, el trabajo infantil y la trata y el contrabando de niños(Portugal);123.181 Introducir reformas en el sistema educativo para reducir los índices deabandono escolar, especialmente en la enseñanza secundaria (República deMoldova);123.182 Fortalecer los esfuerzos encaminados a aplicar la Ley de educaciónde 2008 y reducir el índice de abandono escolar de los niños afrodescendientes yde origen indígena (Bangladesh);123.183 Intensificar los esfuerzos encaminados a combatir las causasprofundas del abandono precoz de la escuela y la falta de continuidad en laeducación (Italia);123.184 Mantener los esfuerzos tendientes a mejorar el acceso a la enseñanzasecundaria, en particular para los alumnos de las zonas rurales (Armenia);123.185 Seguir elaborando programas orientados a mejorar la accesibilidadpara las personas con discapacidad y fomentar la incorporación de esaspersonas al empleo y, en ese marco, hacer un esfuerzo especial con respecto a lainfancia (España);123.186 Asegurar la entrada en vigor de la Ley de protección integral de laspersonas con discapacidad (México);A/HRC/26/728 GE.14-12962123.187 Considerar la posibilidad de fortalecer la capacidad de los ministeriosresponsables de la elaboración de una estrategia de minería sostenible (Egipto).124. La recomendación que figura a continuación no cuenta con el apoyo delUruguay:124.1 Velar por la protección y el derecho a la vida familiar partiendo delhecho de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedadbasada en la relación estable entre un hombre y una mujer (Bangladesh).125. El Uruguay rechazó la recomendación formulada por la delegación deBangladesh. El Uruguay protege de manera efectiva la institución de la familia,incluso con leyes dimanantes de la Constitución, de una manera amplia y nodiscriminatoria y rechaza limitar el concepto de familia en función de la identidad degénero, la orientación sexual o cualquier otro motivo, de conformidad con lalegislación nacional y los más altos niveles internacionales de protección de losderechos humanos.126. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informereflejan la posición del Estado o los Estados que las presentaron y/o del Estadoexaminado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajoen su conjunto.III. Promesas y compromisos voluntarios127. Se hace referencia a las promesas y los compromisos voluntarios que se formulan enla sección III del informe presentado por el Uruguay (A/HRC/WG.6/18/URY/1).A/HRC/26/7GE.14-12962 29Anexo[Español/inglés únicamente]Composition of the delegationThe delegation of Uruguay was headed by Doctor Homero Guerrero, Secretario dePresidencia (Ministro) y Jefe de Delegación and composed of the following members:• Señora Laura Dupuy Lasserre, Embajadora y Representante Permanente delUruguay ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Especializados;• Embajador Ricardo González Arenas, Director General para Asuntos Políticos delMinisterio de Relaciones Exteriores;• Embajador Federico Perazza, Director de Derechos Humanos y DerechoHumanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores;• Licenciada Graciela Jorge, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de DerechosHumanos de la Presidencia de la República;• Psicóloga Gabriela Fulco, Asesora del Ministerio del Interior;• Politólogo Andrés Scagliola, Director de Políticas Sociales del Ministerio deDesarrollo Social (MIDES);• Señora Daniela Payssé, Representante Nacional (Diputada);• Doctor Alvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario;• Señora Dianela Pi, Ministro Consejero;• Señora Cristina González, Ministro Consejero;• Señor Patricio Silva, Secretario de Segunda.




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이진